La justicia dominicana ha aprobado la extradición del empresario español José María Gil Silgado, expresidente del Xerez , quien fue detenido a principios de noviembre en la capital dominicana por un delito contra la Hacienda y su salida a España se va a producir “en cuanto sea posible”.
La decisión sobre su extradición se ha aplazado en varias ocasiones desde finales del año pasado y Silgado se encontraba detenido en la República Dominicana en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El 19 de diciembre del año pasado, España amplió la solicitud de extradición que ya había cursado el 21 de noviembre a las autoridades dominicanas tras el aplazamiento de la vista semanas atrás. El empresario tiene pendiente el cumplimiento de una condena de dos años de prisión como autor de una apropiación de 528.865,65 euros.

Esa cantidad era la correspondiente al IVA de una operación de venta de una finca realizada por su empresa y que el imputado no liquidó en Hacienda. El expresidente azulino fue detenido en la República Dominicana en virtud de una orden de búsqueda internacional.

En dicho caso están imputados personas que ya ayer viernes recibieron sentencia firma por el juez, intermediarios que actuaron junto a Juan Antonio Roca, cerebro del caso de corrupción más mediático de este país, en la operación de compra del 50 % de las acciones del Xerez. El constructor granadino José Ávila Rojas, el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta y Óscar Benavente, descrito por la investigación policial como testaferro de Roca y hombre del asesor urbanístico en la ciudad -eran frecuentes sus viajes a Jerez- serán juzgados junto al propio Roca o los expresidentes del Xerez José María Gil Silgado y Luis Oliver Albesa.

Hay que recordar que el caso ‘Xerez’ se ocupa de la investigación sobre la compra en el año 2002 de la mitad de las acciones del Xerez Club Deportivo por parte del ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, un caso que fue apartado del sumario de la operación ‘Malaya’ y que solo está a falta de fecha, aunque pocos datos más se han dado desde que en 2008 los principales acusados tuvieran que declarar ante el juez Óscar Pérez en Marbella.

Pero, ¿quiénes son los protagonistas en esta historia? José Ávila Rojas es un constructor de Granada que ayer fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión y 9 millones de euros por cohecho y blanqueo. Ávila Rojas está imputado en el caso ‘Xerez’ al aportar presuntamente, según la investigación policial, un inmueble a la operación de compra de las acciones de la entidad azulina. En 2008 Ávila Rojas lo negó todo, al igual que Sánchez Zubizarreta. Manuel Sánchez Zubizarreta es un abogado con bufete en Madrid que manejaba los asuntos de Roca, según la investigación de ‘Malaya’, y ha sido condenado a 4 años de prisión y multa de 100 millones de euros por blanqueo de bienes. Además, Sánchez Zubizarreta fue uno de los hombres que acompañó en materia jurídica a Gil Silgado en su desembarco en Jerez, aunque en esta ocasión está imputado, según la Policía, por diseñar la compra de las acciones con fondos ilícitos por parte de Roca. Junto a Zubizarreta, otros letrados de un bufete de Sevilla -el secreto de sumario aconseja no dar los nombres de los abogados implicados- están siendo investigados, ya que la orden de montar la operación a través de dos sociedades llegó desde Sevilla y estaba firmada por dos personas; el ya conocido Juan Antonio Roca, y Óscar Benavente.

Según la Policía, Óscar Benavente es uno de los principales testaferros de Roca en la operación Malaya. El malagueño ha sido condenado a 4 años de prisión y multa de 10 millones de euros por blanqueo de bienes, pero en el caso ‘Xerez’ también tiene una clara implicación al ser la persona que presuntamente y según la investigación, firma la orden de cerrar la operación junto a Roca desde Sevilla a través de dos sociedades que a día de hoy aún figuran en los registros del Xerez CD: Oven Five SL y Jovibel 2000 SL. Esta segunda, que administraba José María Gil Silgado, se encargaba de gestionar los derechos de imagen y los traspasos de la entidad azulina. Obviamente el expresidente del Xerez CD negó conocer que tras la operación se encontraba Juan Antonio Roca al ser un negocio “entre sociedades” y afirmó desconocer la procedencia, ilícita según la causa, del millón de euros y los dos inmuebles que presuntamente abonó el ex asesor por la mitad de las acciones del Xerez.

Muchos frentes abiertos para un caso que ya se encuentra a falta de juicio en Marbella y que podría concluir, si demuestra lo denunciado, que Roca fue dueño del Xerez, pero sobre todo que la operación es ilicita, por lo que esas acciones tendrían que volver a su dueño: Luis Oliver. La causa, de todas formas, sigue abierto.

El Ministerio Fiscal solicita una indemnización de 3.381.580,88 euros y entre siete y ocho años de inhabilitación para los presuntos responsables de la situación económica del Xerez CD, que a finales de 2009 se acogió al concurso de acreedores.

Los informes del concurso de acreedores del Xerez, tanto el de los administradores concursales como el del Ministerio Fiscal, señalan que la calificación del concurso será resuelta por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, que determinará la responsabilidad a la que tendrían que hacer frente los culpables.

Tras el informe concursal, el Ministerio Fiscal solicita para Joaquín Morales Domínguez (expresidente y actualmente máximo accionista del club), Antonio Fernández Monterrubio (exvicepresidente, exapoderado y ex director general del Xerez) y José María Gil Silgado (expresidente) una indemnización de 3.381.580,88 euros y entre siete y ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de la sociedad Xerez.

Se solicita indemnización solidaria para los tres responsables que aparecen en el informe del fiscal de 2.061.402,75, correspondiente a “recargos, intereses y conceptos análogos de las deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria”.

Se solicita, igualmente para Joaquín Morales y Antonio Fernández una indemnización de 1.181.046,09 euros por el “montante de los bienes sin justificar que han salido del Xerez CD SAD durante su gestión”, y para José María Gil Silgado una indemnización de 139.132,04 euros por “liquidación de intereses no practicada”.

También se solicitan ocho años de inhabilitación para “administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa” de la sociedad para Joaquín Morales y Antonio Fernández, mientras que para José María Gil Silgado la solicitud de inhabilitación se fija en siete años

El empresario onubense fue arrestado este jueves en la localidad sevillana de Espartinas en cumplimiento de una orden requisitoria emitida por el juzgado de lo Penal número siete de Málaga. Por contra, el empresario onubense ha querido aclarar esta mañana en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 que no ha existido dicha detención y que todo ha sido “una invención de la prensa”.

No es la primera vez que el expresidente del Xerez se topa con la Justicia. Hace poco menos de un mes los empleados de la finca en la que ha sido detenido se encerraban negándose a abandonar la propiedad tras denunciarle por un presunto impago de salario. Años atrás, en 2006, un informe policial realizado en el  marco de la operación Malaya indicaba de forma clara que Juan Antonio Roca tuvo el control de la entidad jerezana en la época de Gil Silgado, a través de las empresas Jovibel y Triana 95, lo que le costó después al empresario onubense pasar por los Juzgados de Marbella.

El expresidente del Xerez,  José María Gil Silgado, ha sido puesto en libertad con cargos tras ser detenido ayer en Espartinas, Sevilla. Silgado  ha prestado declaración ante el Juzgado numero 4 de Sanlúcar la Mayor

Por contra, el empresario onubense ha querido aclarar esta mañana en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 que no ha existido dicha detención y que todo ha sido “una invención de la prensa”, añadiendo que solo tuvo que personarse a recoger una citación al juzgado de Sanlúcar la Mayor.

No es la primera vez que el expresidente del Xerez se topa con la Justicia. Hace poco menos de un mes los empleados de la finca en la que ha sido detenido se encerraban negándose a abandonar la propiedad tras denunciarle por un presunto impago de salario. Años atrás, en 2006, un informe policial realizado en el  marco de la operación Malaya indicaba de forma clara que Juan Antonio Roca tuvo el control de la entidad jerezana en la época de Gil Silgado, a través de las empresas Jovibel y Triana 95, lo que le costó después al empresario onubense pasar por los Juzgados de Marbella.

La última de Gil Silgado con la Justicia tuvo lugar hace dos semanas, cuando el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga acusó al exmandatario del Xerez de una presunta defraudación a la Hacienda Pública en una operación de compraventa de una parcela en la localidad malagueña de Casares.

De esta manera, y según informa el diario ivecinos.es, la Fiscalía de Málaga solicita para el que fuera presidente y máximo accionista de la entidad azulina dos años y tres meses de prisión, así como una multa de 1,7 millones de euros, inhabilitación de administrador y una indemnización de forma solidaria a la Hacienda Pública.

Los hechos datan de noviembre de 2002, cuando una empresa que administraba el expresidente del Xerez compraba un terreno por 10,5 millones de euros que ese mismo día había sido vendido anteriormente a otro de los acusados por solo 3,4 millones de euros y sin presentar declaración por Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido según la Fiscalía de Málaga.