La Fiscalía solicita a Joaquín Morales, expresidente y exmáximo accionista de la sociedad, y a Antonio Fernández Monterrubio, exdirector general y exvicepresidente del club, una indemnización de 3.381.580,88 millones de euros, además de ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de la sociedad.

José María Gil Silgado, que también estaba incluido en un principio en la pieza de calificación, ha quedado fuera de la misma por una modificación en la ley, por la que sólo se tienen en cuenta dentro de la calificación los dos ejercicios anteriores al inicio del concurso.

Al respecto, descartó que la devolución de los 7,4 millones de euros (que se reclama ahora a la sociedad, provocando que se agraven sus problemas económicos, sea la razón que ha llevado al PP a iniciar el preconcurso de acreedores, ya que asegura que el origen ha sido la “nefasta” gestión de este partido desde que llegó al Ayuntamiento jerezano en 2011. Y defendió que en la etapa de gobierno socialista, -en la que ella estaba al frente del ente, todas las inversiones llevadas a cabo con los fondos conseguidos “han estado planificadas y tenían contenido empresarial”, con proyectos “solventes” que permitían devolver los fondos al Ministerio “sin problema alguno”.  Por ello acusó al actual equipo de gobierno local de, “por alguna extraña y oscura razón”, ir “paralizando” todas las actuaciones que estaban en fase de ejecución, “aún a sabiendas del problema económico y financiero que estaban causando al parque sin justificación alguna”.

Afirmó igualmente que tiene en su poder documentación para demostrar que el PP “mintió y engañó” a los ciudadanos al “disfrazar” las devoluciones de estas ayudas asegurando que se trataba de un proyecto “sin interés”, cuando, en su opinión, “simplemente dejaron pasar el tiempo porque estaban demasiado ocupados en echarme”.

En la vista, que ha durado aproximadamente una hora, ha saltado la sorpresa cuando Fiscalía ha reclamado que se aumente la pena hasta los seis años de prisión, ya que considera que Pacheco también cometió un tercer delito, en este caso de falsedad documental.

Cabe recordar que la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz condenó en mayo del año pasado al exalcalde de Jerez y entonces concejal de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, a cuatro años y medio de prisión como autor penalmente responsable de un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos en el conocido como ‘caso de los asesores’ por ’enchufar’ a dos compañeros de partido en sociedades municipales.

El juicio por el denominado ‘caso desvío de fondos’ contra la exalcaldesa socialista de Jerez y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, Pilar Sánchez, se ha suspendido a petición de su abogado, toda vez que el fiscal ha añadido un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones que ya se le imputaba y por el que pedía tres años de cárcel. La nueva vista ha quedado fijada para el día 17.

Así las cosas, el juicio no queda este miércoles visto para sentencia como estaba previsto, al añadir la Fiscalía este nuevo delito. De esta manera, eleva su petición de pena a tres años de cárcel, 12 años de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, la cantidad que supuestamente habría desviado del Plan E cuando estaba al frente del Ayuntamiento para destinarlo al pago de la nómina de la plantilla municipal o las concesionarias, es decir, a fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos.

El tribunal ha aceptado la petición formulada por el abogado de Sánchez, Juan Manuel Montes, que ha alegado la “indefensión” que la nueva petición del fiscal genera a su patrocinada. El juicio se retomará a las 9,30 horas el próximo día 17 en el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez.

La acusación particular, por su parte, eleva a 20 años la pena de cárcel por un presunto delito de asesinato, y a casi 300.000 euros la cuantía de la indemnización para el hijo de la joven, manteniendo idénticas las de sus progenitores y hermanas y la orden de alejamiento.

Además, el abogado de los padres de la joven también ha incluido un presunto delito de amenazas graves, argumentando que desde la ruptura sentimental no paraba de “acosar y amenazar” a Miriam con mensajes de ‘WhatsApp’ en los que le decía “si no eres para mí, no serás para nadie”.

En este sentido, Rodríguez explica en su escrito que la víctima “nunca quiso denunciarle” porque al acusado, con el que había roto meses antes y que se encuentra en prisión preventiva desde el día siguiente al suceso, le constaban antecedentes penales con condenas suspendidas “y no quería perjudicarlo”.

Según el informe forense, la joven recibió al menos seis puñaladas con un cuchillo de unos 14 centímetros en “varios ataques”, considerando la cuchillada más grave y “mortal de necesidad” la que le atravesó el pericardio en su lado derecho.

Una vez presentados los escritos de las partes, el letrado de la acusación prevé que la celebración del juicio, que contará con juzgado popular, se desarrolle este mismo año en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Cabe recordar que el caso en cuestión juzga si se cometió delito, entre septiembre de 2010 y mayo de 2011, al destinar al pago de nóminas de la plantilla municipal dinero que dio el Estado (cuentas restringidas) para obras del Plan E en la ciudad. Según parece, el gobierno local fue reponiendo ese dinero, pero no todo, causando un importante desfase de tesorería.

La defensa de Pilar Sánchez ya ha anunciado en diferentes medios que presentará recurso, ya que asegura que el 70% de los fondos del Estado se destinaron a las obras del mencionado Plan E. Considera, por tanto, que se estaría, en todo caso, ante un problema de justificación de subvenciones, no un delito penal.

El gobierno municipal pondrá en conocimiento de la Fiscalía los desvíos de fondos de la subvenciones concedidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el marco del programa Reindus 2008, ayudas cuyo importe superan los 3,6 millones de euros y que deberán ser devueltas por el Ayuntamiento tras no haber sido ejecutadas por el anterior gobierno del PSOE. El ejecutivo, a través de un comunicado, considera que “es obligación del Ayuntamiento poner en conocimiento de la Justicia la utilización de estas subvenciones para otros fines, sobre todo, teniendo en cuenta que era dinero destinado a la creación de empleo en una ciudad que se ha visto especialmente azotada por la crisis económica y en la que las ayudas a la reindustrialización deben ser una prioridad”.

Asimismo, el gobierno teme que “estas subvenciones hayan servido para financiar al Ayuntamiento como parece que ocurrió con el dinero del Plan E”. De hecho, recuerdan que “la anterior alcaldesa del PSOE, Pilar Sanchez, ha sido imputada tras la denuncia interpuesta por el ejecutivo del PP por el desvío de 8,6 millones de euros de los fondos destinados al Plan E, un dinero que iba precisamente a combatir el desempleo en la ciudad y que nunca llegó a sus destinatarios”. Por ello, el equipo de María José García-Pelayo ha actuado ante “lo que considera una nefasta gestión por parte del PSOE, demostrando que a este partido le interesan poco los desempleados de la ciudad, al utilizar su dinero para otros fines que nada tienen que ver con la necesaria reindustrialización de la ciudad”.

En esta ocasión, el gobierno local cree que “gran parte de la utilización del Reindus se convirtió en operaciones interpuestas entre el Ayuntamiento y la empresa pública del suelo, Emusujesa, para convertir las ayudas a la reindustrialización en un supuesto operativo de financiación del Consistorio mediante la compra venta de suelos entre Emusujesa y el Ayuntamiento. Estas operaciones coinciden con una etapa en la que el Ayuntamiento arrastraba una difícil situación económica, sin que se aplicaran los planes de saneamiento aprobados para poner orden en las cuentas públicas”. Ante todo ello, ya han anunciado que solicitarán al Ministerio un encuentro para abordar las consecuencias de este nuevo desvío de fondos, dada la gravedad del asunto. Asimismo, se encuentran a la espera de la resolución de los expedientes relativos a las subvenciones de los programas Reindus de 2009 y 2010, ya que si se confirmaran también desvíos correspondientes a estas ayudas la cantidad a devolver ascendería a 6 millones de euros.

Sin embargo, el mismo Boadas puso en el centro de la polémica al Xerez, denunciando en las páginas del diario Marca que representantes del cuadro xerecista presuntamente pidieron unos 120.000 euros por dejarse perder ante un equipo que se estaba jugando el ascenso directo. La historia, denunciada por el Girona a la LFP, ya está siendo investigada por la Fiscalía y la Policía, aunque tiene muchos matices que, además, el mismo presidente de la LFP ya tiene en conocimiento.

Según ha podido conocer REPORTEROS JEREZ de fuentes cercanas a la investigación, fue un jugador del Girona el que presuntamente ofreció amañar el encuentro disputado entre el Xerez  el Girona en Montilivi. El precio; 70.000 euros. Las informaciones llegadas a REPORTEROS JEREZ aseguran que fue Dani Mallo, portero del Girona al que, según el presidente del club catalán, el Xerez intentó negociar para amañar el resultado del partido, el que ofreció en nombre de la plantilla la posibilidad en la plantilla azulina de amañar el encuentro.

La situación se complica y casi que excusa la actitud en los últimos días del propio presidente del Girona. Javier Tebas, presidente de la LFP y principal cruzado en la lucha contra la corrupción en el fútbol, ya tenía conocimiento de esta jugada y así se lo hizo saber al propio Boadas, mandatario del cuadro catalán.

La historia continúa, ya que el presunto ofrecimiento no llegó a buen fin. La razón es obvia según las primeras investigaciones, que apuntan a que el Xerez tenía una prima de 300.000 euros por vencer al Girona en Montilivi y que provenía de dos equipos de la Liga Adelante que también luchaban en aquel momento (11 de mayo) por el ascenso directo a Primera División. Fuentes de la investigación apuntan que, una vez conocida dicha prima, representantes del equipo azulino presuntamente ofrecieron esos 120.000 euros al Girona a través de Mallo, aunque, en este caso, y no como ha denunciado el presidente del club gerundense, para que fuera el Girona quien perdiera y así cobrar una prima que, de momento, no se ha demostrado que se haya cobrado.

El Girona se negó a entrar en el negocio, según la investigación desarrollada a día de hoy, y mañana podría conocerse más detalles sobre la operación. Javier Tebas comparecerá para hacer públicas varias denuncias. El mimo presidente de la LFP comentaba en Radio Marca que “hay que pelear y no esconderse porque se me ha criticado mucho porque denunciarlo en público perjudica, pero todo lo contrario. Tenemos que estar todos en esta limpieza”. Esa limpieza, según lo que se está investigando, podría afectar a algunos exjugadores del Xerez, aunque la investigación sigue abierta.

A partir de mañana una decena de testigos pasarán por el Juzgado en el inicio formal del caso y que podría deparar con penas de hasta 25 años para su presunto agresor. Tanto la fiscalía como la acusación particular van a solicitar que los hechos sean calificados de presunto delito de asesinato, teniendo en cuenta las declaraciones de los diferentes testigos, cuyos testimonios podría ser determinantes a la hora de alegar ensañamiento, así como alevosía, ya que presuntamente G. J. G. siguió a la víctima hasta el lugar de los hechos.

Con el inicio formal de la instrucción del caso también llega la convocatoria realizada por la familia y amigos de la víctima, que mañana se manifestarán para pedir justicia en un acto  que partirá a las 19.00 horas del domicilio donde residía en la avenida Tomás García Figueras y concluirá a las puertas del Ayuntamiento.

Así lo han confirmado a Reporteros Jerez fuentes del caso, explicando que el recurso de la Fiscalía podría estar cimentado en el siguiente párrafo de la sentencia: “Si bien es cierto que los contratos suscritos no han respondido a la realidad y que cabría penalizar por falsedad ideológica, en cuanto que son un artificio, inexistentes y nulos… dada la prevaricación, que ha consistido en realizar unas contrataciones sin que respondan a lo concertado con el fin de obtener una ganancia del erario público, se considera que no cabe penalizar doblemente los mismos hechos”. Es decir, la magistrada aún reconociendo que existió falsedad en documento, lo engloba todo en el delito de prevaricación y no estima conveniente penarlo por separado.

En el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiera finalmente el recurso que interpondrá la Fiscalía la condena se ampliaría para los tres procesados, y en el caso concreto del exalcalde podría alcanzar los seis años de prisión, que fue lo solicitado por el Ministerio durante el juicio. Si por el contrario admitiese a trámite el recurso de la defensa, es posible que Pacheco consiguiera la absolución por haber realizado unos contratos que, como él sigue manteniendo, “se acogieron a la legalidad y estuvieron amparados por un pacto político”.