La magistrada considera que, tras la adquisición por parte del Grupo Nueva Rumasa del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) en el año 2003, los seis hermanos, junto a su padre también imputado en la causa, “se plantearon la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales, para lo cual pretenderían con evidente ánimo de lucro la financiación de la Junta”.

De este modo, “contactaron” con el ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, quien “se comprometió a conseguirles” la financiación para el ERE de esta empresa y de otras del grupo “mediante el uso de sus influencias a cambio del abono de una prima de 600.000 euros por cada ERE conseguido”, por lo que, además del ERE de Europa Center –Hotel Cervantes–, la Junta financiaría las prejubilaciones de Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista, entidad a la que la Junta financió las prejubilaciones de dos ERE, y los ERE de Zoilo Ruiz-Mateos.

La juez sostiene que todos los pagos a Lanzas “fueron efectuados en ‘B’, mediante entrega de sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros cada uno de ellos, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros”, siendo los sobres “retirados personalmente por Lanzas o por su compañera”.

Al hilo de ello, la magistrada señala que las cantidades efectivamente abonadas por IFA/IDEA, con cargo al programa presupuestario 31.L en concepto de ayudas sociolaborales a las empresas del grupo, ascendieron a 21,9 millones de euros.

En relación a Europa Center –Hotel Cervantes–, la juez dice que los hermanos Ruiz-Mateos “conocerían y serían partícipes de la inclusión como beneficiarios en las pólizas suscritas” de dos ‘intrusos’ que “fueron contratados pocos meses antes de solicitar el ERE y que eran antiguos trabajadores de empresas distintas también pertenecientes a la familia Ruiz-Mateos”.

En igual sentido, y respecto a Dhul, Alaya asegura que el ERE estuvo precedido de la firma de un protocolo de colaboración entre el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el director comercial de Dhul, Rafael Carvia, por el que la Junta “se comprometía” a financiarlo.

El juzgado de Instrucción número 3 de Jerez ha impuesto a la exalcaldesa Pilar Sánchez una fianza de 11,4 millones de euros por el ‘caso desvío de fondos‘ del Plan E, en el que está imputada por un presunto delito prevaricación y otro contra la Hacienda pública. Fuentes judiciales han confirmado que la socialista deberá abonar esta cantidad como “garantía” del pago de la multa de ocho millones de euros que solicita la Fiscalía Anticorrupción si resulta condenada, dado que dicho juzgado ya ha dictado auto de procedimiento abreviado por el caso.

En este sentido, de no poder afrontar esta fianza, las mismas fuentes han precisado que se procederá al embargo de las propiedades que tenga a su nombre, como le ocurre actualmente al también exalcalde jerezano Pedro Pacheco por el ‘caso de la Estación de Autobuses’.

La investigación por el presunto desvío de fondos del Plan E surgió a instancias de una denuncia del gobierno local del PP a finales de julio de 2011, cuando al mes y medio de tomar posesión detectaron posibles desfases que en un primer momento ascendieron a 7,6 millones y en la denuncia final se elevaron a los 8,6 millones.

En relación al “desfase” de 8,6 millones de euros, la Fiscalía y la Abogacía del Estado –que también se ha personado en esta causa– le acusan de haber destinado presuntamente dicha cantidad a “fines ajenos” a los 14 proyectos incluidos en el Plan E y la Ciudad del Flamenco para los que fueron concedidos, como fue el pago de nóminas municipales.

La jueza que investiga los ERE falsos ha decretado este martes prisión para el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros. Aunque la fiscalía anticorrupción había pedido prisión incondicional sin fianza, la jueza Mercedes Alaya ha decidido fijar la fianza en 600.000 euros, la misma cantidad acordada por la Audiencia Provincial de Sevilla al decidir dejar en libertad a varios imputados.

El exalcalde Pedro Pacheco sufrió a finales del pasado año el embargo de sus cuentas corrientes, de parte de su pensión de jubilación de Cajasol e incluso de su vivienda familiar como consecuencia de la abultada fianza impuesta por el Juzgado de Instrucción 4 en el marco del ‘caso de la Estación de Autobuses’. La decisión judicial se extendía no solo al actual líder de Foro Ciudadano, sino también a los otros cinco imputados: José Luis López ‘El Turronero’, Francisco Chávez, Francisco Álvarez, Miguel Ballesteros y Ángel Monereo, que debían hacer frente a una fianza solidaria de nada menos que 1.695.000 euros. Pacheco fue el primero en recurrir el auto y ahora, la Sección Octava de la Audiencia Provincial acaba de desestimar dicho recurso ratificando de forma íntegra la referida fianza. En el escrito, al que este medio ha tenido acceso, los magistrados de la Sección Octava recuerdan que el letrado del ex alcalde interpuso un recurso de apelación alegando “indefensión” por parte de su representado, al haberse dictado el auto sin darle audiencia y sin facilitar información al interesado sobre su fundamento.

Los jueces de la Audiencia, sin embargo, han echado por tierra este argumento asegurando que no es preceptivo el acometer diligencias de carácter previo a la adopción de esta fianza, que constituye una medida preventiva para garantizar cautelarmente la efectividad de la futura condena de responsabilidad civil. Es decir, cuando existen indicios de criminalidad contra una o varias personas, los magistrados están legitimados para fijar una fianza lo suficientemente importante con la que se asegure el pago de las responsabilidades que se pudieran derivar tras el juicio. De esta forma, se mantienen los embargos decretados a la espera de que se celebre la vista, en la que se sentarán en el banquillo los seis procesados por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. El auto de la Audiencia, además, considera “correcta y proporcional” la cantidad fijada, que no deja de ser aproximativa, de acuerdo con los hechos investigados.

El conocido como ‘caso de la Estación de Autobuses’ se remonta a 2006, cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo de la mano de Pedro Pacheco procedió a la venta de los 4.000 metros cuadrados de terreno en los que se ubicaba el citado complejo por un precio supuestamente bastante inferior al de mercado. En concreto, las arcas municipales ingresaron por esta operación 2,7 millones de euros, cuando la Fiscalía asegura que valía más de 4,4 millones. El suelo fue adquirido por la empresa Ingeniería Jienense, detrás de la que se encontraba ‘El Turronero’, amigo personal de Pacheco y que curiosamente lo vendió al poco tiempo a un tercero por un precio muy superior. Junto a ello, el Ministerio también investiga si el procedimiento se llevó a cabo sin concurso público ni publicidad, con la única intención de favorecer a este empresario, parte de cuyos bienes también han sido embargados en virtud de este auto judicial.

El ahora líder del Foro Ciudadano ha recordado que “la fianza es solidaria y uno de los imputados ha ofrecido unos terrenos que cubren en demasía la cuantía total pero parece que hay un personaje queriendo hacerme daño”. Además de tranquilo, dice estar “molesto por salir en unos titulares tan grandes” y explica de nuevo cómo se desarrolló todo el proceso: “El consejo de administración de la empresa del suelo, del que yo no formaba parte, le pidió autorización al Ayuntamiento. El pleno dijo que sí a la venta pero con una condición: que el 50% de la plusvalía fuera al Consistorio. Posteriormente, vendimos a la mejor oferta y obtuvimos una plusvalía enorme que se repartió entre la empresa del suelo y el Ayuntamiento. No hay más”. El edil destaca que “vendimos tan bien la nave que hemos descubierto tres años después que la señora alcaldesa la recalificó urbanísticamente dándole un aprovechamiento de 3.000 metros más porque decía que no era rentable”.