La Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud, siguiendo el protocolo habitual, puso a disposición de las familias afectadas todos los recursos necesarios y gestionó el realojo de los ocupantes de una de las viviendas a un hostal, mientras que los del otro piso afectado se trasladaron por voluntad propia al domicilio de unos familiares.

En la mañana de ayer viernes, técnicos del servicio de Disciplina de la Delegación de Urbanismo han inspeccionado las viviendas para comprobar los daños producidos por el desprendimiento. Según una primera valoración técnica, se ha detectado un fallo en la instalación de saneamiento del piso superior, lo que ha afectado al forjado del cuarto de baño.

Asimismo, tras las actuaciones desarrolladas durante la madrugada, durante la mañana del viernes el personal técnico de los servicios sociales  siguió interviniendo con las familias afectadas a fin de conocer todos los pormenores de su situación y brindar las ayudas que fuesen necesarias. La valoración y seguimiento del caso se mantendrá hasta el momento en que puedan regresar a su domicilio, confirmando la delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, que “estas familias estarán acompañadas en todo momento y en ningún caso se verán desamparadas, hasta que puedan volver a su domicilio, una vez regularizada la situación”.

La delegada municipal ha confirmado que los servicios municipales actúan de forma coordinada a través de Policía, Urbanismo y Bienestar Social, confirmando que “si la familia no tiene recursos, los servicios sociales dispensarán el apoyo necesario, mediante el servicio social de zona, encargado de cumplimentar informe de valoración y realizar seguimiento en coordinación con los servicios sociales centrales”.

La temida fecha ya ha llegado y la Asociación de Mujeres por la Igualdad y el Progreso (Torresoto) cuenta las horas que le quedan de estancia en el local que ha sido su casa desde hace muchos años. El día 12, este martes, es el designado por la ejecución provisional de la sentencia que las obliga a marcharse del edificio de la plaza hermana María Dolores por el conflicto enquistado que mantienen desde hace años con otra asociación del barrio.

A no ser que haya una solución de ultimísima hora, mañana entregarán las llaves de la sede a la comisión judicial encargada de su desalojo. Pero quieren despedirse de sus instalaciones trabajando hasta el último momento y van a presentar a las 10.30 horas la próxima zambomba solidaria, acompañadas de muchas simpatizantes y de un café que les deje un mejor sabor de boca el último día.

Aunque en las últimas semanas el Ayuntamiento les ha comunicado que les cederán un local, aún no les han dicho ni dónde ni cuándo por lo que su futuro es incierto y su labor solidaria (se han unido al Banco de Alimentos y reparten centenares de kilos cada mes entre familias necesitadas) se complica. Por eso, el jueves día 14 han convocado una concentración a las puertas de su ya antigua sede para reclamar compartir el espacio con colectivo en conflicto y con los que sea necesario, “como siempre hemos propuesto”, aseguran.

La sentencia que las obliga a marcharse está recurrida pero el proceso puede durar meses. El ánimo de las mujeres, como es lógico, se ha visto afectado aunque eso no las disuade de su intención de seguir trabajando por sus vecinas.

La eterna instrucción por el caso de ‘los huertos de ocio’ ha escrito hoy otro nuevo capítulo con la declaración de cuatro personas en el Juzgado de Instrucción número 2. Poco antes de que ello ocurriera, en el exterior del órgano el abogado de las decenas de afectados, Francisco Pérez-Vera, se reunía con algunos de ellos para valorar un procedimiento que a su juicio se ha dilatado excesivamente en el tiempo. Como explicó el letrado, en esta ocasión el juez citó a dos técnicos municipales, un antiguo notario y un registrador de la propiedad con el fin de que aclararan los términos en los que se realizó la controvertida permuta por la que la Gerencia Municipal de Urbanismo desalojó en 2004 a los propietarios de los huertos en beneficio de Xera Promociones. Un desalojo que ya fue calificado como ‘no ajustado a Derecho’ hace unos años por el Contencioso-Administrativo de Jerez, a pesar de lo que los perjudicados aún no han cobrado ningún tipo de indemnización.

El procedimiento penal, por tanto, sigue su curso con una engrosada lista de imputados entre los que se encuentra Pedro Pacheco por una presunta prevaricación; Pilar Sánchez y Joaquín del Valle, por contra, han visto sobreseída la causa en lo que a ellos respecta como así ocurrió en su día con María José García-Pelayo. Francisco García, portavoz de la plataforma de afectados, ha trasladado a Reporteros Jerez la impotencia que éstos sienten después de ver cómo, desde que llevaron el caso a los juzgados en 2005, se ha ido dilatando el procedimiento de una forma tan notoria. “Esto es desesperante. Estamos hastiados y nos parece mentira que ni siquiera aún se haya señalado el juicio. Éramos más de 40 los afectados pero varios han fallecido ya, pues hay que tener en cuenta que en su mayoría se trataba de personas mayores que tenían ese terreno para uso social y de ocio. Por desgracia, prevaleció el interés económico y unos pocos políticos y empresarios se enriquecieron a nuestra costa”.

Como apuntó García, no persiguen tanto el recibir una compensación económica como resarcir el daño moral al que han sido sometidos, por todo a lo que tuvieron que renunciar y “de una forma tan torticera”. “Teníamos permiso para la edificación de una caseta en cada terreno, aperos de labranza, diversos cultivos y sobre todo árboles frutales. El que menos tenía, disponía de unos 30 ó 40 árboles y nos echaron de allí, quitándonos lo que era nuestro, prácticamente de un día para otro y sin motivo alguno”. En la actualidad, el portavoz afirma que muchos de los perjudicados subsisten a duras penas con míseras pensiones, lo que no terminan de digerir mientras recuerdan cómo “unos pocos se llenaron los bolsillos ilegalmente con esto”. Por ello, confían en que la Justicia se pronuncie, y lo haga pronto, poniendo fin a tantos años de desazón y angustia.

Ya entonces las familias tuvieron que marcharse durante varias semanas pero pudieron volver a sus casas. Según el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, los afectados “no han vuelto a manifestar ninguna queja hasta hace dos días y se ha actuado con rapidez. El delegado mandó a los técnicos al día siguiente y hoy ya está el informe”, ha asegurado. Además, ha apuntado que “los inquilinos no han podido demostrar la propiedad del inmueble salvo uno de ellos”. Tampoco consta en el Ayuntamiento denuncia alguna por ocupación ilegal.

La Delegación de Bienestar Social está tramitando viviendas alternativas para las familias afectadas, entre las que se encuentran menores de edad.

Juventudes Socialistas (JSA) de Jerez critica que el Ayuntamiento no haya ejecutado el derribo de las viviendas situadas en la calle Salvador Mairena en la barriada de El Portal, desalojadas hace ya 11 meses por el riesgo de derrumbe que suponía para sus residentes. Recuerda al respecto que el pasado julio de 2012, el gobierno local “trasladó a los vecinos y vecinas que allí habitaban a las 62 viviendas adosadas de VPO construidas para el desalojo de los pisos en Salvador Mairena”. Por este motivo, 48 familias fueron reubicadas en otros alojamientos de El Portal “con el compromiso municipal de proceder al derrumbe de las viviendas de la calle Salvador Mairena, ya que su estructura suponía también un riesgo para las colindantes”.

Pero los pisos siguen sin ser demolidos, “causando un peligro para los vecinos de la barriada, ya que cada día sufren la caída de cascotes desde las cornisas, además de los reiterados ataques vandálicos que se han llevado a cabo: incendios; destrucción de paredes y tabiques que ponen en peligro la estabilidad del edificio; así como la aparición de plagas de ratas, cucarachas y otros animales que habitan en entre los escombros de los pisos”.

Juventudes Socialistas apunta también que, además,  ”desde que se produjo el desalojo y el posterior desmantelamiento de los bloques con la desaparición de los cables de luz y las tuberías de cobre, entre otros, la calle Salvador Mairena se ha quedado sin luz suponiendo un perjuicio de los vecinos que siguen viviendo allí y que tienen el mismo derecho que todos a tener alumbrado público”.