En declaraciones a la Agencia Efe, el presidente de la LFP ha asegurado que la querella presentada por el Xerez “es un invento. Mi actuación fue correcta y queda demostrado. Lo que pasa que bueno, como siempre que alguien es público, se buscan estas cosas”, Por su parte, desde el Xerez se asegura que se ha dado “un buen paso por la defensa de los derechos del club” y han asegurado que, entre otros documentos, en la cita oral se ha puesto de manifiesto que el presidente de la Liga cobró hasta 400.000 del club.

Hay que recordar que la deslealtad profesional está penada con la inhabilitación, lo que le apartaría de la presidencia de la Liga, y la estafa y la apropiación indebida podrían acarrearle, en función de la gravedad de los hechos, de 1 a 6 años de cárcel.

El club espera que la querella prospere y con ello intentar que se interrumpa el incidente concursal presentado por la Liga, que solicita la liquidación de la entidad azulina.

La exalcaldesa socialista, que se ha acogido al derecho de no responder a las preguntas de la Abogacía del Estado y se ha limitado a contestar, durante aproximadamente dos horas, a las cuestiones formuladas por su abogado y la Fiscalía,  ha asegurado que en su momento trasladó a la directora general del Ministerio competente en una conversación telefónica que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y que tenía preparado un plan de reposición conjunto.

También ha explicado que se constituyó un “comité de crisis formado por el interventor, tesoreros y miembros del gobierno local para buscar una solución a un problema puntual del Ayuntamiento”. Ha insistido en que “no hubo improvisación” y que ese comité de crisis consideró que “el pago de las nóminas a 3.000 familias era una necesidad y una causa de fuerza mayor”, lo cual también entiende que era su “obligación”. En este sentido, ha enfatizado que “nunca” ha visto a “ningún alcalde sentado en un banquillo por esto”.

También ha descartado que tuviera un informe jurídico que le prohibiera utilizar los fondos para pagar la nómina, tras asegurar que el Real Decreto en el que se regulaba las condiciones del Plan E contemplaba la necesidad de “reponer” alguna cantidad si era utilizaba para fines distintos a los concedidos “por causa de fuerza mayor”, como considera que era hacerlo para pagar la nómina a la plantilla “y no para una fiesta”, apostilla.

Cabe recordar que los hechos fueron denunciados por el actual gobierno local (PP) ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar al poco tiempo de tomar posesión, desfases que se elevaron a 8,6 millones, según ha apuntado Fiscalía. Pilar Sánchez se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y al pago de una multa de más de ocho millones de euros.

Este lunes también ha declarado la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, quien se ha ratificado en su denuncia, considerando que las cuentas restringidas ” no se deben tocar”. El primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, entre otros muchos, también ha sido citado como testigo.

La eterna instrucción por el caso de ‘los huertos de ocio’ ha escrito hoy otro nuevo capítulo con la declaración de cuatro personas en el Juzgado de Instrucción número 2. Poco antes de que ello ocurriera, en el exterior del órgano el abogado de las decenas de afectados, Francisco Pérez-Vera, se reunía con algunos de ellos para valorar un procedimiento que a su juicio se ha dilatado excesivamente en el tiempo. Como explicó el letrado, en esta ocasión el juez citó a dos técnicos municipales, un antiguo notario y un registrador de la propiedad con el fin de que aclararan los términos en los que se realizó la controvertida permuta por la que la Gerencia Municipal de Urbanismo desalojó en 2004 a los propietarios de los huertos en beneficio de Xera Promociones. Un desalojo que ya fue calificado como ‘no ajustado a Derecho’ hace unos años por el Contencioso-Administrativo de Jerez, a pesar de lo que los perjudicados aún no han cobrado ningún tipo de indemnización.

El procedimiento penal, por tanto, sigue su curso con una engrosada lista de imputados entre los que se encuentra Pedro Pacheco por una presunta prevaricación; Pilar Sánchez y Joaquín del Valle, por contra, han visto sobreseída la causa en lo que a ellos respecta como así ocurrió en su día con María José García-Pelayo. Francisco García, portavoz de la plataforma de afectados, ha trasladado a Reporteros Jerez la impotencia que éstos sienten después de ver cómo, desde que llevaron el caso a los juzgados en 2005, se ha ido dilatando el procedimiento de una forma tan notoria. “Esto es desesperante. Estamos hastiados y nos parece mentira que ni siquiera aún se haya señalado el juicio. Éramos más de 40 los afectados pero varios han fallecido ya, pues hay que tener en cuenta que en su mayoría se trataba de personas mayores que tenían ese terreno para uso social y de ocio. Por desgracia, prevaleció el interés económico y unos pocos políticos y empresarios se enriquecieron a nuestra costa”.

Como apuntó García, no persiguen tanto el recibir una compensación económica como resarcir el daño moral al que han sido sometidos, por todo a lo que tuvieron que renunciar y “de una forma tan torticera”. “Teníamos permiso para la edificación de una caseta en cada terreno, aperos de labranza, diversos cultivos y sobre todo árboles frutales. El que menos tenía, disponía de unos 30 ó 40 árboles y nos echaron de allí, quitándonos lo que era nuestro, prácticamente de un día para otro y sin motivo alguno”. En la actualidad, el portavoz afirma que muchos de los perjudicados subsisten a duras penas con míseras pensiones, lo que no terminan de digerir mientras recuerdan cómo “unos pocos se llenaron los bolsillos ilegalmente con esto”. Por ello, confían en que la Justicia se pronuncie, y lo haga pronto, poniendo fin a tantos años de desazón y angustia.

A partir de mañana una decena de testigos pasarán por el Juzgado en el inicio formal del caso y que podría deparar con penas de hasta 25 años para su presunto agresor. Tanto la fiscalía como la acusación particular van a solicitar que los hechos sean calificados de presunto delito de asesinato, teniendo en cuenta las declaraciones de los diferentes testigos, cuyos testimonios podría ser determinantes a la hora de alegar ensañamiento, así como alevosía, ya que presuntamente G. J. G. siguió a la víctima hasta el lugar de los hechos.

Con el inicio formal de la instrucción del caso también llega la convocatoria realizada por la familia y amigos de la víctima, que mañana se manifestarán para pedir justicia en un acto  que partirá a las 19.00 horas del domicilio donde residía en la avenida Tomás García Figueras y concluirá a las puertas del Ayuntamiento.

Fue víctima de un presunto intento de homicidio en 2009, pero sus reiteradas incomparecencias en los juzgados están ralentizando el procedimiento hasta el punto de que la supuesta autora ha sido puesta en libertad a la espera del juicio. La pasada semana fue la segunda vez que no acudió a declarar ante el juez de la Audiencia Provincial, que le había citado para que identificase el arma con la que presuntamente fue atacada con el fin de que el fiscal pueda calificar los hechos y comience la vista oral. Ahora, esta mujer se encuentra en paradero desconocido y la Policía tiene orden de localizarla y llevarla ante la autoridad judicial.

Así lo han confirmado a este medio fuentes del caso, explicando que esta circunstancia está provocando dilaciones indebidas en la causa, que podrían volverse en contra de la propia demandante. Los hechos pendientes de calificar se remontan al 11 de diciembre de 2009, cuando como consta en el auto de procesamiento la víctima inició una discusión con Elizabeth R. Z. porque consideraba que la droga que le había vendido ésta no era de buena calidad. Durante el altercado y siempre según el auto, la procesada sacó un cuchillo con el que agredió a su interlocutora, causándole varias heridas por arma blanca en las regiones abdominal y torácica.

Todo ello necesitó de 60 días para su curación, y originó en la víctima secuelas de carácter digestivo además de diversas cicatrices. Se da la circunstancia de que Elizabeth R. Z. acudió a la Comisaría de Policía ese mismo día para interponer una denuncia contra la mujer lesionada, argumentando que le había robado. Por el momento, está procesada por un presunto delito de homicidio en tentativa y otro de simulación de delito, al considerar el juez que denunció a la víctima “para eludir su responsabilidad”. Cuando aquélla sea localizada y comparezca se dará por finalizada la instrucción, a la espera del señalamiento del juicio.