La alcaldesa ha mostrado su satisfacción por este hecho y señala que “se trata de una buena noticia para la ciudad, ya que va a posibilitar a casi 800 jerezanos y jerezanas tener un contrato de nueve meses para aumentar su currículum y su experiencia laboral; asimismo, ha recordado también que estos planes supondrán además una oportunidad para mejorar los espacios, servicios y equipamientos públicos de la ciudad”.

Esta inversión se desglosa en cuatro franjas de edad prioritarias para la inserción: los menores de 30 años, los comprendidos entre 30 y 45 años, de 45 a 55 años, y por primera vez, una línea específica para los mayores de 55 años. Las personas beneficiarias de estos programas percibirían entre 1.300 y 1.700 euros brutos mensuales como remuneración, según el grupo de cotización al que pertenezcan.

Como ya anunciara la alcaldesa el pasado mes de octubre, en el caso de Jerez se han aprobado proyectos de distinta índole, entre los que se encuentran actuaciones para la mejora y el embellecimiento de espacios públicos de la ciudad y del entorno rural, así como mejora de espacios e instalaciones deportivas, centros educativos y espacios verdes.

Asimismo, se prevé desarrollar un programa para la dinamización de espacios de convivencia con distintas actuaciones ligadas a la actividad física, salud y calidad de vida, sociales, culturales y deportivas, entre otras. Del mismo modo, se pondrá en marcha un programa de apoyo al empleo, el emprendimiento y la promoción turística. De igual modo, también en materia de urbanismo se llevarán a cabo actuaciones para la regeneración del conjunto histórico y la conservación del patrimonio municipal y se desarrollaría una campaña de sensibilización ciudadana: por un Jerez mas cívico y sostenible.

PROCEDIMIENTO DEL SAE

En cuanto a los procedimientos destinados a llevar a cabo todos estos proyectos, desde el Ayuntamiento se solicitará al SAE personas con perfiles profesionales de diversa cualificación para dar oportunidades a todos los segmentos de demandantes de empleo.

En cuanto a la selección de las personas beneficiarias de estos programas, por parte de SAE la remisión de candidatos al Ayuntamiento atenderá al siguiente orden de prelación: En primer lugar, las personas beneficiarias del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, de acuerdo con el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.

En segundo lugar, las personas desempleadas de larga duración, que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses. En su defecto, las personas desempleadas de larga duración, en general y en último lugar, las personas desempleadas, en general.

También como novedad en esta edición de los programas de empleo, el Ayuntamiento recibirá una subvención destinada a la contratación de personal técnico de inserción que asumirá labores de orientación y tutorización de las personas participantes en los planes.

Jerez contará con una subvención complementaria para la contratación de 8 técnicos de orientación que se harán cargo de atender a un máximo de 40 beneficiarios cada uno de ellos.

Perfiles profesionales

Los perfiles que el Ayuntamiento ha solicitado al SAE son los siguientes:

Para la iniciativa emple@joven: 4 animadores socioculturales, 2 arqueólogos, 1 arquitecto técnico, 1 auxiliar de biblioteca, 3 ayudantes de cerrajero, 1 ayudante de electricista, 1 biólogo, 2 cuidadores de animales, 1 diseñador gráfico, 1 documentalista, 5 educadores sociales, 3 empleados administrativos (auxiliar administrativo), 1 enfermero, 1 filólogo Inglés, 1 historiador, 2 limpiadores, 4 maestros Educación Infantil y 4 de Primaria, 81 mantenedores de edificios, 1 mediador intercultural, 2 monitores de aerobic y similares, 4 monitores de educación y tiempo libre, 8 monitores y/o animador deportivo, 3 oficiales albañil, 9 ordenanzas, 99 peones de construcción, 32 peones de jardinería, 4 peones de pintor, 1 periodista, 2 profesionales de la educación ambiental, 2 psicólogos, 1 soldador de estructuras metálicas, 1 técnico Administrativo, 1 técnico en audiovisuales, 2 técnicos en empresas y actividades turísticas, 2 técnicos en publicidad y relaciones públicas, 1 técnico en informática de gestión, 2 técnicos en integración social, 1 técnico superior en publicidad y relaciones publicas y 2 trabajadores sociales.
Para emple@30+: 4 abogados, 1 arquitecto, 6 arquitectos técnicos, 3 ayudantes de cerrajero, 1 oficial de cerrajero, 2 conductores de camión, 2 diseñador gráfico, 2 educadores sociales, 6 empleados administrativo (auxiliar administrativo), 6 encargados de obra civil, 1 filólogo Francés, 1 fontanero oficial, 1 historiador, 1 ingeniero en construcción y obra civil, 2 en informática y 1 en obras publicas, 1 maestro de Educación Especial, 1 de Infantil y 2 de Primaria, 2 oficiales de mantenedor de edificios, 68 oficiales de albañil, 1 carpintero, 1 mecánico y 8 pintores, 14 ordenanzas, 2 orientadores profesionales para la inserción, 1 profesor educación de adultos, 3 profesores técnicos de formación profesional (administración y gestión), 2 psicólogos, 1 restaurador de obras de arte-arqueología, 7 técnicos en empresas y actividades turísticas, 2 técnicos en publicidad y relaciones públicas, 1 técnico en salud ambiental, 9 técnicos en jardinería, 2 técnicos superiores en investigación de mercados, 2 técnicos en informática de gestión, 4 técnicos superiores en organización y administración de empresas, 1 técnico superior en publicidad y relaciones publicas y 4 trabajadores sociales.
Para el plan emple@45+: 8 arquitectos, 2 arquitectos técnicos, 1 auxiliar de biblioteca, 1 documentalista, 1 educador social, 2 empleados administrativos (auxiliar administrativo), 1 filólogo Alemán, 6 oficiales de fontanero, 1 peón de fontanero, 2 instaladores electricistas, 61 mantenedores de edificios, 2 monitores socioculturales, 2 oficiales de albañil, 8 oficiales de carpintero, 14 cerrajeros, 3 pintores, 3 ordenanzas, 4 orientadores profesionales para la inserción, 4 psicólogos, 2 técnicos administrativos, 3 técnicos en empresas y actividades turísticas, 4 técnicos en jardinería, 2 técnicos medios en recursos humanos y 2 superiores.

Ayer mismo los trabajadores del Xerez decidieron reunirse y hablar con Ricardo Garcia, presidente del club, que vino a Jerez aprovechando la presentación oficial de David Vidal, pero no se sacó nada en claro. Los nuevos propietarios tienen en su poder las nóminas impagadas así como los contratos de todos los miembros del club, aunque la prometida reunión para aclarar cómo se van a pagar las deudas no llega, a pesar de la visita del presidente a la ciudad.

Mientras tanto, Energy va montando su estructura interna, eso sí, de manera extraoficial. Los sevillanos ya tienen comisión deportiva, que va a realizar el trabajo que hasta ahora desempeñan Miguel Ángel Rondán y Jacobo Moreno, director de comunicación y jefe de prensa, aunque en el club ya existan esos cargos. Además, se negocia con la actual marca deportiva, que también explota la tienda oficial del club, a cuyas trabajadores también se les debe algunas nóminas.

Los días pasan y, de momento, los trabajadores han decidido seguir adelante con su trabajo, aunque la paciencia tiene un límite y esperan una respuesta inmediata de Energy, que sigue estudiando que trabajadores continúan en la entidad y quienes serán despedidos, aunque siguen calculando el presupuesto para hacer la limpieza en una estructura que, según el grupo sevillano, es innecesaria una vez descendidos de la Liga de Fútbol Profesional.

Tras casi cinco horas de una sesión judicial farragosa e intensa, el abogado que representa al Ayuntamiento y por tanto ejerce la acusación particular en el ‘caso de los Asesores’ compareció ante los medios para lanzar una bomba: su petición de penas se reducirá “considerablemente”. Juan Pedro Cosano anunció así una decisión que deberá materializarse mañana viernes, durante la última jornada del juicio en la que cada parte trasladará su alegato final. “Quiero ser sensato y adecuar la actuación del Ayuntamiento al principio de legalidad y proporcionalidad -explicó-, por lo que aún sabiendo la gravedad de los hechos vamos a bajar muy considerablemente la petición de penas. Estamos ante un problema de malversación que está muy penado, pero la conducta hay que contextualizarla y no puede ser que una persona tenga una petición de pena superior a la que tendría por matar a otra”. De esta forma, aunque ha asegurado que mantendrá la calificación inicial en cuanto a presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, ha confirmado que bajará drásticamente la cifra de 18 años de cárcel solicitada en un principio para Pedro Pacheco.

Una petición que no ha concretado pero que será en todo caso superior a dos años, que es el periodo a partir del cual las condenas ya implican prisión efectiva por Ley. Una decisión en la que podría haber influido el testimonio más decisivo del día, el del reputado catedrático de Derecho Administrativo José Luis Rivero, que ha comparecido a petición de la defensa del exalcalde para declarar básicamente que “los contratos de asesoramiento y confianza son discrecionales y no precisan motivación alguna, solo que se tengan competencias para celebrarlos y dinero para pagarlos”. En esta línea, el experto ha reconocido que han existido “irregularidades” como el hecho de que el contrato de José López en Speed Festival fuera solo verbal y no constara por tanto por escrito, pero que con ellas “no se ha contravenido una sola norma por lo que no hay causa de nulidad al respecto”. Rivero ha mostrado la laxitud que a su juicio reina en torno a la contratación de asesores, asegurando que hay casos en los que no se precisan los requisitos de publicidad y concurrencia e incluso que en sociedades de este tipo no tiene por qué ser aprobada por los consejos de administración, rigiéndose únicamente por sus propios estatutos.

Rivero, sin embargo, no ha sabido explicar cómo era posible que López (cuyo contrato según él era laboral, que es la única forma que permite la contratación verbal) cobrara mediante facturas como corresponde al beneficiario de un contrato mercantil. La Fiscalía y la acusación particular, por su parte, han incidido en que solo el pleno estaba legitimado para nombrar asesores, y que cualquier otra forma de contrato en el marco de las empresas municipales debía ser avalado por sus consejos de administración, cumpliendo en todo caso con los requisitos de publicidad y concurrencia que marca la ley para sociedades con dinero público mayoritario. Cada parte, en definitiva, ha facilitado una lectura contrapuesta de la legislación vigente cuya interpretación final deberá correr a cargo de la jueza. El nombramiento de los asesores ha centrado el debate hasta el punto de que la defensa ha presentado al inicio de la vista un documento que a su parecer demostraría la competencia de Pacheco para llevarlos a cabo.

EL DOCUMENTO DE LA DISCORDIA

La magistrada, Lourdes Marín, ha aceptado esta prueba documental a regañadientes por encontrarse fuera de plazo, si bien Cosano no ha mostrado objeción alguna a ello al no descartar que el documento “pudiera volverse en contra de los acusados”. El escrito, al que este medio ha tenido acceso, es un informe complementario al acuerdo plenario de diciembre de 2004 en el que PSOE y PSA establecían los puntos y normas concretas en cuanto al número de asesores por grupo, nombramientos y retribuciones. En dicho documento ‘complementario’, que data de abril de 2005, se decreta que “la Alcaldía delegará la presidencia efectiva o, en su caso, la vicepresidencia ejecutiva de los organismos autónomos y demás entidades municipales a favor de los coordinadores de cada área”. Según Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, sería este párrafo el que demostraría la legitimidad de su representado en su calidad de vicepresidente de Speed Festival y Emusujesa para nombrar a los asesores de sus sociedades. En el mismo escrito se fija en 2 el número de asesores que corresponderían al PSA, más otro por ostentar su cabeza de lista el puesto de teniente de alcaldesa.

Como recordó la fiscal, esos 3 cargos ya estaban ocupados por tres miembros del partido de Pacheco que fueron nombrados en virtud del pleno, por lo que éste no podría haber engrosado su lista de asesores con ninguno más. Para terminar de liar la madeja, el escrito viene acompañado de un cuadro de retribuciones en el que aparecen 4 asesores del PSA (es decir, uno más de los autorizados por el pleno) sin que tampoco figure la identidad de los titulares. En declaraciones a los periodistas tras el juicio, Meléndez lo ha justificado en que “es probable que se produjeran acuerdos sucesivos de ampliación de asesores” que no constan en la causa, reconociendo en cualquier caso que “no está nada claro”. Por lo demás, la comparecencia del resto de técnicos y personal del Ayuntamiento que se han subido al estrado en calidad de peritos no ha arrojado mucha luz sobre el asunto, dejando patente el aparente desconocimiento y vacío legal que reina en torno a la figura del controvertido asesor político.

La sesión más tediosa hasta el momento del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha dejado sobre la mesa el vacío existente en cuanto a la contratación, cobro y actividades que realizaban José López y Manuel Cobacho dentro de las sociedades Speed Festival y Emusujesa. Diversos técnicos y personal de estas empresas han comparecido en la vista para corroborar la presencia de ambos en estos organismos y la existencia de reuniones en el marco de su papel como asesores, si bien nadie ha podido concretar qué se gestaba en las mismas, por qué en alguno de los casos no existía un contrato como tal, cuál era la razón para que se cobrara por estos trabajos antes de facturar o por qué no hay documentación que acredite ninguna labor al respecto. Uno de los testimonios más llamativos ha sido el de Antonio Fernández Vera, secretario del consejo de administración de Speed Festival, que ha sembrado la duda en torno a ciertos aspectos legales relacionados con la gestión de la empresa y ha señalado con un dedo casi ‘acusador’ a la exalcaldesa, Pilar Sánchez, y presidenta de ambas sociedades por aquel entonces.

“Speed Festival estaba sujeto a otra legislación, por lo que no hacían falta los requisitos de concurrencia ni publicidad a la hora de contratar”, ha justificado el antiguo secretario y colaborador cercano a Pacheco, reconociendo que algunos nombramientos no estaban sujetos a los acuerdos del consejo de administración por lo que nunca se llegó a levantar acta sobre ellos. Un punto que fue del todo rebatido por el abogado de la acusación particular, Juan Pedro Cosano, quien aseguró que “por Ley, en las sociedades mercantiles en las que participa una administración pública en al menos el 50% regirán los principios de publicidad y concurrencia”. Pero lo más destacado del testimonio de Fernández fueron sus alusiones directas a Pilar Sánchez, afirmando que durante el pacto “había una vigilancia recíproca sobre la actividad de cada parte”. “Entiendo francamente improbable, por no decir imposible, que la presidenta de la sociedad no estuviera al tanto de quién trabajaba allí ni lo que hacía. Ella despachaba continuamente con el gerente, y no tiene sentido que no tuviera conocimiento de nada”.

Otra de las comparecencias más esperadas fue la del miembro de la ejecutiva socialista Luis de Flor, que en su calidad  de coordinador de Servicios Turísticos entre 2005 y 2007 certificó una serie de reuniones de trabajo mantenidas con López como asesor de Speed Festival, con el fin de abordar la “planificación y la promoción turística” del parque de ocio. Sin embargo, a preguntas de Cosano Flor reconoció que todos estos encuentros se realizaron “en bares” y sin que se realizara informe alguno por escrito sobre ello. En la misma línea se expresó Antonio Junquera, antiguo director de Jerez Centro Comercial, que declaró haberse reunido a menudo con López como asesor de Emusujesa aunque no supo concretar su contenido.

VIAJES Y ENCUENTROS

En cuanto al resto de testigos, la primera en subir al estrado fue la secretaria de Pacheco y estrecha colaboradora Mari Paz Cañero, que al igual que otra secretaria y el jefe de ordenanzas de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo corroboró la presencia “continua” de los dos asesores en la GMU así como el mantenimiento de diversas reuniones con el entonces delegado. Unas reuniones de las que, una vez más, no se llevaron a cabo informes, actas o documentos de los que se desprenda su contenido. Cañero confirmó incluso que estas labores de asesoramiento requirieron de viajes fuera de Jerez, aunque declaró “no saber” quién pagaba esos desplazamientos. Igual de ‘desconocedora’ se mostró la secretara del gerente de Speed Festival, Julia Simo, que explicó que ella se limitaba a “preparar las órdenes de pago”, sin saber cómo es que muchas de las transferencias a López se produjeron antes de que se emitieran las facturas.

A preguntas de la fiscal, lo primero que hizo Sánchez fue referirse a cómo se dio curso a estos contratos (dos de ellos en 2005 y un tercero en 2007), insistiendo en que según resolución de pleno del 18 de enero de 2005, tanto el número de asesores como sus retribuciones y nombramientos debían pasar por este órgano. Con posterioridad y siempre según la testigo, nunca se llevó a cabo resolución o acuerdo alguno que modificara el inicial, por lo que ninguna persona u órgano fuera del pleno estaba legitimado para este tipo de contrataciones. “Cuando se cesó a Pacheco en 2007 -contó Sánchez- se me pasaron a Alcaldía órdenes de transferencias bancarias a nombre de José López. Detectamos un documento extraño, indagamos y vimos con absoluta claridad que eran pagos sin contraprestación ni expediente de contratación, por lo que lo pusimos en manos de nuestra asesoría jurídica”. Según su relato, varios técnicos fueron interrogados a este respecto, “y ninguno dio respuesta ni supo decir qué servicio estaba prestando López”.

Otro de los requisitos que presuntamente tampoco se cumplieron fue el de informar de las contrataciones a los consejos de administración de las empresas, que según Sánchez desconocían cualquier tipo de movimiento al respecto, así como de publicarlas convenientemente en el Boletín Oficial de la Provincia. Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, intentó desviar la atención poniendo el acento en los asesores municipales que había contratado Sánchez en su calidad de alcaldesa, algo que la jueza recordó que está siendo instruido en otra causa y por lo tanto no tenía lugar en ésta, e incluso equiparó la contratación del exdirector de Onda Jerez, Pedro Rollán, con las ahora juzgadas. “Hay cosas que no recuerdo, pero lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que cualquier contrato que yo hice tuvo su tramitación adecuada -recalcó la exedil-. Mis asesores iban a su puesto de trabajo todos los días y actuaban conforme a lo que dice la Ley”. 

EJECUTAR ÓRDENES SIN CUESTIONAR

En lo que respecta al resto de los testigos, el gerente de Emusujesa, Miguel Ballesteros, fue el primero en declarar para ratificar que él recibió la orden de Pacheco de contratar a López y Cobacho y que no se planteó si se pudiera incurrir con ello en alguna irregularidad. “Mis funciones son ejecutar y no me corresponde cuestionar lo que se me está pidiendo”, subrayó. A preguntas de Juan Pedro Cosano, letrado del Ayuntamiento, reconoció que la contratación no cumplió con los requisitos de publicidad ni concurrencia ni en general con “las normas” que se deberían haber tenido en cuenta, en la misma línea del gerente siguiente de la citada sociedad, José Agüera, que sentenció que “la contratación de asesores es un mundo abierto”. En este sentido, ninguno de los interrogados supo responder a cómo pudieron darse órdenes de transferencia con anterioridad a la emisión de facturas a López, o por qué siguió cobrando como asesor de Pacheco a pesar de que éste acababa de ser cesado.

Dos de los técnicos interrogados con posterioridad reconocieron que, a instancias de Pilar Sánchez, realizaron un informe en el que se aludía a estas presuntas irregularidades en las contrataciones a pesar de que en algunos casos no tenían conocimiento al respecto. “No nos amenazaron para realizar el informe, pero desde luego no fue voluntario”, apostilló uno de ellos. Cayetano Gómez, gerente de Speed Festival por aquella época, declaró que más que existir un contrato para López lo que hubo fue “una carta, porque algo tenía que constar por escrito”, confesando que tampoco en esta ocasión se respetaron los principios de publicidad y concurrencia. Un cargo del que al final el que fuera mano derecha de Pacheco acabó cesado “verbalmente”, como también confirmó Agüera.

Después de todo este rosario de declaraciones, la vista continuará este miércoles con nuevas y esperadas comparecencias como la de la secretaria del exalcalde, Mari Paz Cañero.

Más de cinco horas de juicio dan para mucho, máxime si en el banquillo se sienta uno de los políticos más carismáticos y polémicos de esta ciudad. La primera sesión de la vista contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho en el marco del ‘caso de los Asesores’ ha dejado frases para la posteridad que reflejan no solo la personalidad de los procesados, sino también dejan entrever cómo se hacían las cosas en el Ayuntamiento por aquellos años. La declaración del líder de Foro Ciudadano ha sido la última de la jornada pero la más esperada, y se puede resumir básicamente en que él tomaba una serie de decisiones “porque estaba legitimado” para ello, y a partir de ahí cualquier otra cuestión relativa a la gestión o pura “burocracia” se escapaba a su conocimiento. En respuesta a un corto y más bien descafeinado interrogatorio de la Fiscalía, Pacheco se ha explayado sobre el modo de contratación de los dos asesores puesto en tela de juicio, explicando que si bien es cierto que en general el pleno es el único órgano apto para nombrar y determinar el número de eventuales de confianza (asesores), en determinadas circunstancias ese acuerdo inicial puede dar lugar a otros posteriores que lo modifiquen. 

“Tras dos años de intenso gobierno -en referencia al periodo de vigencia del pacto PP-PSA-, por acuerdo de ambos portavoces se decidió ampliar el número de asesores y ese tipo de modificaciones no tiene por qué ir a pleno, ni tampoco estos contratos porque no formaban parte del presupuesto del Ayuntamiento sino de empresas municipales”. En esto fue en lo que presuntamente se amparó el que era entonces vicepresidente de Speed Festival (parque de ocio) y Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo), para contratar a López como asesor de la primera de marzo a septiembre de 2005 y de la segunda de octubre a noviembre del mismo año, y a Cobacho en Emusujesa de febrero de 2005 a abril de 2007. Una vez ‘aclarado’ el origen de esta operación política, Pacheco ha profundizado en cada una de las tres contrataciones reconociendo que desconoce si hubo o no contratos firmados ni cómo se llevó a cabo la facturación. “Yo llamé al gerente de Speed Festival y le dije que quería que se incorporara López con el mismo sueldo que estaba percibiendo ya en el Ayuntamiento (como asesor de Presidencia) y él lo entendió y lo llevó a cabo. No sé qué más hizo, porque yo nunca entro del gerente para abajo en las empresas”. 

Éste ha sido uno de los puntos fuertes del juicio, ya que José López durante su declaración reconoció que solo existía “un contrato verbal” entre las partes, sin que tampoco haya habido ningún tipo de soporte documental que acredite la actividad que desarrolló en la sociedad. Pacheco, no obstante, ha querido resaltar que los consejos de administración de las empresas “estaban al día de todo, y alegar ignorancia es una maldad por parte de quien lo alegue”, a pesar de que no exista constancia alguna de ello. Lo más jugoso de la vista se ha producido durante la intervención de Juan Pedro Cosano, personado como acusación particular en representación del Ayuntamiento, que ha mantenido una continua disputa dialéctica con el líder de Foro, que no ha perdido ocasión por su parte en hacer alusiones personales y de filiación política acerca del letrado.

Éste ha mantenido el envite insistiendo en la presunta irregularidad de los nombramientos ya que solo estaba legitimado para ello el pleno, y aludiendo a que López cobraba retribuciones por encima de lo consignado a las sociedades y “con cargo al erario público”. En este sentido, el exalcalde ha vuelto a su argumento inicial insinuando que “igual el gerente tiró de otras partidas”, al tiempo que ha sentenciado que “un ejecutivo no va a entrar en esas minucias” en respuesta a por qué el mencionado asesor cobraba sus 4.600 euros más IVA al mes antes incluso de que se emitieran las correspondientes facturas. En lo que respecta a los trabajos que según el fiscal y la acusación nunca llegaron a realizarse en el marco de estos contratos, Pacheco ha puntualizado que “más que a las sociedades, a quien prestaron trabajos fue a mí”.

INCOMPATIBILIDADES Y ESCASO PERFIL TÉCNICO

Previamente a esta declaración tuvo lugar la de José López, que tras reconocer que con Speed Festival solo le vinculaba un contrato “verbal” explicó que prefirió que le abonaran su salario en facturas para seguir cotizando como autónomo, como lo había hecho hasta el momento. “No sé si el pleno aprobó el nombramiento, yo solo sé que me llamó Pacheco para que le asesorara en el tema del parque de ocio”. Más tarde, fue contratado a su vez por Emusujesa para “proyectos urbanísticos y promoción inmobiliaria”, sin que no figuren documentos que acrediten su actividad. Con respecto a este testimonio, el abogado del Ayuntamiento sembró la duda sobre la presunta incompatibilidad de funciones del asesor, que durante ese tiempo también ejercía como administrador único de una constructora. Él, no obstante, reiteró que esta actividad privada no influía en su función pública, aunque ésta como reconocería Pacheco más tarde “requería una dedicación exclusiva”. Cosano también intentó echar por tierra el perfil técnico de López y sus aptitudes para asesoramientos de esta envergadura, a lo que el otro matizó que era un asesor político y no técnico, “sin ninguna titulación académica pero sí con muchos cursos y experiencia en urbanismo”. 

Manuel Cobacho, por último, confirmó que había suscrito un acuerdo con Emusujesa pero “no sabía quién lo firmó” porque él tampoco “entraba en formalidades” y solo se dedicaba a “la asesoría relacionada con el suelo de Jerez”. En este sentido, aseguró haberse reunido con multitud de empresas y haber realizado numerosas gestiones de las que según la fiscal no existe documento alguno. Tras la sesión, el abogado de Pacheco, Felipe Meléndez, compareció ante los medios y mostró su esperanza de que su representado acabe absuelto argumentando que “hay un vacío legal en torno a la figura del asesor, y en el fondo solo se discuten cuestiones técnicas”. Cosano, sin embargo, hizo referencia a claros indicios “de delito”, concluyendo con que “Pacheco lo que hizo fue meter por la galera a dos amigos suyos para que vivieran del erario público, y esto acabará con la sensación de impunidad que ha reinado en la ciudad durante 30 años”.

Los facultativos que ejercen su profesión en el Hospital de Jerez, la red de Atención Primaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, además del 061 de la zona, están llamados este martes a una huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Médico (SMA) en toda Andalucía en días alternos. Cada día desde hace ya algunas semanas hay paros en un área sanitaria diferente de la comunidad autónoma.

El SMA asegura que los servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía para estos paros “es un claro intento de boicot a la huelga”. Al ser una convocatoria de 24 horas, lo habitual es que los mínimos se equiparen a un día festivo, circunstancia que no se ha dado en este caso. “Rondan entre el 40 y el 50% en Primaria por la mañana y por la tarde, y el 50% en el Hospital. Algunos servicios, como Anestesia y Cirugía van a estar casi al 100%”, explica el representante del SMA en Cádiz, Pedro Calderón. Estos servicios mínimos están denunciados por el sindicato. En el caso de Jerez apuntan, además, que “se nos ha negado el salón de actos dos veces para reunirnos con los compañeros”.

El área sanitaria de Jerez tiene previsto otros dos días más de huelga en el calendario del SMA: 3 de abril y 16 de mayo.

Los motivos

Como explica Pedro Calderón desde el Sindicato Médico en la provincia de Cádiz, “los motivos que nos llevan a estos paros de 24 horas son los mismos que en la anterior”, o sea, la aplicación de la ampliación de la jornada de 35 a 37,5 horas como turnos extras y no en la jornada ordinaria -como ocurre en otras comunidades autónomas-, la rebaja retributiva que se esconde tras esta medida, el empeoramiento de la calidad asistencial y la pérdida de puestos de trabajo a consecuencia de la ampliación de jornada, el empeoramiento de la conciliación de la vida laboral y familiar, la reducción del 25% al personal eventual en jornada y salario y la pérdida de calidad en la formación para los Especialistas Internos Residentes (EIR, antiguos MIR), además de la merma económica.

Explica que “hay centros de salud donde faltan hasta cinco médicos porque no se hacen nuevos contratos”. Los pediatras eventuales, asegura “están contratados al 75% y mes a mes, con la incertidumbre que eso genera”. Igual ocurre en el hospital, donde “hay 120 eventuales con contratos al 75% y 50 médicos con jornadas al 50%, con lo que eso provoca de carga asistencial”.

Los profesionales que prestan sus servicios en el Hospital de Jerez han denunciado una vez más la incertidumbre y la inestabilidad laboral que están viviendo en los últimos tiempos. Según ha podido saber Reporteros Jerez, tres médicos eventuales del área de Urgencias fueron informados ayer martes a las cuatro de la tarde que hoy miércoles no podían ir a trabajar, ya que se les había cumplido el contrato e iban a ser sustituidos por otras personas.

Hace alrededor de un año que el personal eventual firma contratos cada vez más cortos, incluso de mes a mes, que es lo ocurrido en este caso. Se trata, además, de profesionales con hasta cuatro años de servicio en el área por lo que ya acumulan cierta experiencia y conocimiento de su puesto. Esta situación ha provocado cambios en la organización de la planilla ya diseñada para las próximas semanas. Los médicos advierten, además, que el lógico proceso de adaptación de los tres nuevos empleados provocará más demoras para los usuarios.

A esta incertidumbre que viven cada mes los facultativos eventuales, hay que sumarle la rebaja de los contratos al 75% de la jornada.