El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad ha desestimado el recurso interpuesto por Urbanos Amarillos contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de los pasados 4 y 7 de mayo de 2012, por los que se procedió a secuestrar el servicio público de autobuses urbanos, al entender que se ajusta a derecho. La sentencia fue dictada el 26 de diciembre y notificada al Ayuntamiento el viernes. El juzgado, asimismo, ha condenado en costas a Urbanos Amarillos. La resolución judicial considera, en contra de lo argumentado por la empresa concesionaria, que no ha habido indefensión de ésta en el acuerdo de la Junta de Gobierno para el secuestro del servicio y que la medida se adoptó para preservar un servicio esencial para los ciudadanos. Igualmente, la sentencia estima que la medida se ajusta a la legalidad vigente.

En este sentido, establece que “el secuestro de la concesión se configura por tanto en nuestro ordenamiento jurídico como una suerte de medida cautelar destinada a asegurar la prestación y continuidad del servicio”. De igual modo, el fallo recoge que Urbanos Amarillos “conocía suficientemente las obligaciones a las que se comprometió al acceder a la concesión y las condiciones en las que debía desarrollarla. Si en cuatro meses (desde finales de enero de 2012 hasta mayo del mismo año) no consiguió resolver el problema que afectaba al servicio público que gestionaba, debió resultarle razonable una actuación administrativa destinada a dar cumplimiento a la Ley. No puede así estimarse que se le haya causado indefensión alguna”.

De esta manera la resolución judicial, frente a la indefensión que manifestaba Urbanos Amarillos, refleja en su punto quinto que “el artículo 133 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece, en su primer párrafo, que si el concesionario incurriese en infracción de carácter grave que pusiera en peligro la buena prestación del servicio público, incluida la desobediencia a órdenes de modificación, la administración podrá declarar en secuestro la concesión con el fin de asegurar aquel provisionalmente”. En la sentencia aparece probado que “durante al menos cuatro meses la ciudad se vio privada del servicio público de transporte de viajeros y que no cabía duda de que se imponía una actuación de la administración local destinada a dar cumplimiento” de este servicio esencial para la ciudadanía.

BENEFICIOS DEL SECUESTRO

Cabe recordar, como recalcan desde el Ayuntamiento, que el gobierno local decidió ejecutar el secuestro en aras del funcionamiento y estabilidad del servicio. Se trata de una figura jurídica actualmente en vigor y que ha proporcionado la estabilidad en la prestación del servicio de autobuses urbanos a la ciudad, la configuración y puesta en marcha de una nueva red de líneas, la llegada de 30 vehículos de nueva adquisición para refuerzo de la flota y llegar a los 4 millones de viajeros cumpliendo el objetivo trazado en el primer aniversario de puesta en marcha de la nueva red (cuya inauguración fue el 17 de diciembre de 2012).

La normalización económica tras la ejecución del secuestro, insisten, se ha traducido en aspectos tales como los acuerdos de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, eliminando los riesgos de embargo que hasta ahora existían por la deuda acumulada con tales instituciones, así como la estabilización del pago de las nóminas de los trabajadores gracias también a la reducción del 20% de los costes de personal en virtud del nuevo convenio colectivo alcanzado con la plantilla. 

A juicio del magistrado, no se puede aplicar en adelante puesto que las circunstancias futuras no son previsibles, máxime cuando aún planea la posibilidad de expulsión del Ayuntamiento de Jerez del Consorcio, si no cumple con el plan de pagos acordado. Una vez que reciban su dinero, los bomberos desconvocarán las movilizaciones pero la demanda judicial seguirá su curso, porque “queremos una sentencia firme contra el Consorcio, que evite que pueda volver a dejar de pagar a algunos funcionarios discriminándolos del resto de la provincia”. Desde el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) se han pronunciado para lamentar que tenga que ser un juez quien obligue al Consorcio de Bomberos de la provincia “a cumplir con sus obligaciones”.

“Nos resulta indignante que se malgasten los recursos aportados por los contribuyentes, en juicios derivados de la mala gestión de los dirigentes de ese Consorcio, sobre todo al tener en cuenta la lamentable situación económica que padecemos”. En lo que respecta a la donación de sangre solidaria prevista para el martes, los organizadores la han aplazado hasta el próximo 19 de noviembre, coincidiendo con protestas a nivel nacional de la plataforma contra los recortes de los funcionarios que trabajan en servicios de emergencia, como Policía o Bomberos.

Dijeron que no iban a quedarse de brazos cruzados ante el impago de las nóminas y lo han cumplido con creces. Si hace unos días, los bomberos del Parque de Jerez iniciaron una acampada y una huelga de brazos caídos, ahora han ido más allá y asesorados por un abogado van a abrir un procedimiento contencioso contra el Consorcio Provincial para que les abone sus salarios. Así lo han confirmado a este medio portavoces de los perjudicados, asegurando que hoy mismo comenzarán a tramitarse las denuncias individuales de cada funcionario por incumplimiento de convenio.

Lo que los afectados persiguen es que el juez fije unas medidas cautelares que obliguen a a la administración a liquidar sus nóminas, puesto que “es un derecho de los trabajadores y como tal se va a reclamar”. El letrado de los bomberos redactará una denuncia tipo que luego será rellenada por los demandantes y presentada de manera inmediata en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Mientras esto sucede y a la espera de que la expulsión de Jerez del Consorcio se haga efectiva, los profesionales están recrudeciendo sus protestas y han protagonizado algunos actos vandálicos a las puertas del Parque, a los que seguirán otras medidas de presión que serán consensuadas por la plantilla esta misma noche.

Por otro lado, los funcionarios han aprovechado para denunciar que durante el incendio de grandes dimensiones ocurrido ayer en el polígono de El Portal, el Parque se quedó totalmente desatendido durante al menos una hora. Según estas fuentes, al aviso acudió toda la dotación de urgencia dada la importancia del suceso, compuesta por ocho personas, lo que implicó que el recinto se quedara sin bomberos y prácticamente sin vehículos. “Si hubiera ocurrido otro siniestro -se lamentan- no lo hubiésemos podido atender”. Además, afirman que el Aeropuerto de Jerez ofreció ayer al Consorcio un vehículo de refuerzo para el incendio de la nave y éste lo rechazó, “solo por una cuestión de imagen, ya que quedaría muy mal el tener que pedir ayuda de fuera”.

Una serie de carencias que seguirán poniendo de relieve y que confían en que se subsanen cuando Jerez abandone el Consorcio, al que acusan de “despilfarrar dinero público” y al que consideran el culpable absoluto del impago de las nóminas, a pesar de la deuda que mantiene el Consistorio jerezano con la administración provincial.