Mercedes Colombo ha subrayado que “queremos condenar de una manera rotunda y sin ningún tipo de matiz la violencia machista y el asesinato de una mujer en nuestra provincia, de manos presuntamente de su marido.” La delegada ha transmitido “nuestras condolencias a sus familiares, hijos y nietos a quienes seguramente les va a costar mucho superar este triste momento”.

La delegada ha reiterado el rechazo del Gobierno andaluz a este asesinato, destacando que no existían denuncias previas por parte de la víctima ante el Instituto Andaluz de la Mujer y “creo que ante ninguna administración ni del estado, ni local”. Ha insistido en que “es importante si conocemos algún tipo de situación de violencia de género en nuestro entorno, aunque no existan denuncias, todos debemos actuar facilitando los datos a los servicios sociales de los ayuntamientos, al Instituto Andaluz de la Mujer, incluso al Gobierno de España, a través de la Policía Nacional o de la Guardia Civil”.

Es crucial que “todos colaboremos, que toda la sociedad se implique para poder erradicar esta lacra social y debemos hacerlo con la unión de todas las administraciones, ya que no podemos normalizar esta lacra. Hemos de afrontarla con unidad y sin politización, debemos luchar con la violencia de género sin matices políticos, todos a una. Toda la sociedad civil, todos los partidos y todas las administraciones juntos para acabar con la violencia de género, poniendo todos los medios a disposición de la sociedad para que esto no se produzca más”, ha concluido Mercedes Colombo.

La Sala Segunda del alto tribunal ha rechazado el recurso de casación interpuesto por Sánchez, así como el de la concejal María del Carmen Martínez Martínez -condenada a dos años, seis meses y 15 días de prisión– por los mismos delitos–. Sánchez, que también fue condenada a ocho años de inhabilitación, tendrá que pagar junto a la exconcejal, de forma solidaria 122.360 euros al Ayuntamiento de Jerez.

La Audiencia Provincial de Cádiz consideró probado que en el marco de la solicitud de TISA para incorporarse al PTA, el encargado de emitir los informes de valoración de solicitantes comentó las dificultades que veía para poder informar favorablemente de la incorporación de TISA al PTA. Tras ello, Sánchez habló con aquel y le dijo que «tratase con cariño a esa empresa, facilitándole diversa documentación y un teléfono de contacto».

Asimismo, TISA obtuvo la adjudicación de la parcela, basada en una valoración que otorgaba a su solicitud nueve puntos sobre una puntuación de 14, y Sánchez «decidió que iba a concederle una ayuda del 40 por ciento del precio establecido por el Consejo de Administración de Emusujesa», pese a que la valoración era un «impedimento para ello» ya que un adjudicatario valorado con nueve puntos, como era el caso, sólo tenía derecho a una ayuda del 20 por ciento.

La Audiencia Provincial tiene la «certeza» de que Pilar Sánchez «estuvo al tanto de lo que ocurría con el informe para otorgar los 14 puntos a la solicitud de TISA», que fue «la que decidió la modificación del borrador» y «que debía ser firmado por algún otro empleado municipal para crear la apariencia de informe técnico de valoración con 14 puntos, habiendo sido ella quien decidió conceder a TISA la máxima puntuación posible».

La sentencia del Supremo recuerda que la exdirigente socialista ha sido condenada por los delitos de prevaricación, falsedad y malversación, en relación de concurso medial y explica que en los de prevaricación y malversación concurre prueba directa de los elementos objetivos, ya que «la resolución administrativa que materializa la prevaricación y constituye el instrumento de la malversación fue dictada personalmente por la recurrente», en su calidad de alcaldesa de Jerez, dato «indiscutido, documentalmente acreditado y reconocido».

Además, expone que se cuestiona el requisito subjetivo, «a sabiendas de su injusticia», «que es lo que se ha acreditado a través de prueba indiciaria» y añade que «la acreditación del elemento subjetivo del tipo de prevaricación a través de la prueba de indicios constituye un supuesto generalizado, que no aporta motivo alguno para cuestionar la resolución impugnada».

«ARBITRARIEDAD MANIFIESTA»

La decisión de la alcaldesa de adjudicar la ayuda máxima a la empresa TISA constituyó «una resolución adoptada con el único sustento de su exclusiva voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, y situada extramuros de toda justificación que pudiera tener el más mínimo apoyo racional», mantiene el Supremo, que señala que Sánchez influyó primero sobre el funcionario competente «para que tratase con cariño a la empresa»; y, después, visto que el perito no le adjudicaba a la empresa TISA la puntuación máxima, necesaria para la concesión de la ayuda máxima, «se le presionó para que cambiase el informe».

Por último, como el nuevo informe tampoco daba cobertura a la máxima subvención que arbitrariamente quería conceder la alcaldesa, «se manipuló el informe y se sustituyó por otro firmado por un capataz». «La arbitrariedad del proceso es manifiesta», sostiene.

En lo que se refiere al delito de falsedad, indica que no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que «la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada», de modo que «es autor tanto quien falsifica materialmente como quien en concierto con él se aprovecha de la acción con tal de que tenga el dominio funcional sobre la falsificación».

En esa línea, mantiene que «no existe ninguna hipótesis alternativa razonable» a que la operación, que exigía necesariamente como instrumento esencial la manipulación del informe, se pudiese realizar «sin el impulso y aquiescencia» de la alcaldesa. Asimismo, expone que era ésta, además, «la que iba a beneficiarse de la falsificación del dictamen», al permitir que su resolución del expediente pudiese superar las objeciones de la Intervención, si la concesión de la máxima subvención no estuviese apoyaba en un dictamen con la máxima puntuación.

La sentencia, hecha pública este lunes, prosigue señalando que, valorados los indicios existentes y relacionándolos racionalmente, «surge como conclusión natural de las normas ordinarias de la lógica y la experiencia que la falsificación se realizó a instancia de la recurrente, que fue quien se aprovechó de la documentación falseada, conclusión que supera el canon de la lógica o cohesión interna, y el canon externo de la suficiencia o calidad de la conclusión».

De esta forma, la sala rechaza los argumentos planteados por la defensa del ex alcalde de Jerez, que iban acompañados de una «abultadísima documentación» que incluía  testimonios favorables de entidades religiosas y también seculares y algo más de 4.000 firmas que reclamaban su excarcelación. Nada de esto, sin embargo, parece haber servido. En cualquier caso, queda ahora el pronunciamiento del Gobierno central, que es quien tiene la última palabra, aunque, tras el informe del Tribunal Supremo, parece poco menos que imposible que permita la excarcelación del ex alcalde jerezano.

En la sentencia la magistrada también le impone la prohibición de aproximarse al hijo menor de la víctima, sus padres y sus hermanas en un radio de 1.000 metros, a comunicarse con ellos, así como la prohibición de acudir o residir en Jerez o en su término municipal. Asimismo, en el fallo también se le condena a pagar una indemnización de 300.000 euros al hijo de la víctima, y a cada uno de los padres de la joven de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil. También le condena al abono de las costas procesales, incluidas las devengadas por la acusación particular y popular.

En relación al delito de amenazas del que también fue declarado culpable por el jurado popular tras el juicio celebrado a principios de este mes, se condena al procesado a nueve meses de prisión y a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante un año y un día

La defensa explica que ha “retomado” en el recurso todos los argumentos empleados durante el juicio para defender la “legalidad” de las decisiones adoptadas por su patrocinada para garantizar el pago de la nómina a la plantilla municipal en los ejercicios de 2010 y 2011. Asimismo, plantea que el tribunal ha aplicado en la sentencia, “con carácter retroactivo”, una redacción “más perjudicial” del artículo 308 del Código Penal para enjuiciar los hechos, pese a que indica que no estaba vigente cuando se adoptaron las medidas por las que ha sido condenada su cliente.

Además de resaltar la “dureza” de la sentencia dictada contra la exalcaldesa –que tras conocer el fallo cursó su baja voluntaria de militancia en el PSOE y presentó su dimisión como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales–, su abogado ha criticado el tratamiento “sesgado” de las pruebas practicadas en la vista que se ha dado en la sentencia, al “omitir declaraciones importantes” del interventor y el tesorero en las que, en su opinión, se ponía de manifiesto la inexistencia de expedientes de reintegro y de quebranto económico para las arcas municipales. Además de los dos años de cárcel y la multa, que coincide con parte del dinero desviado del Plan E para pagar nóminas municipales y a las concesionarias y una cantidad añadida, Sánchez también ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial para cargo público como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones.

“HASTA DONDE HAYA QUE LLEGAR”

El Ministerio Fiscal, que en el juicio celebrado en junio solicitó tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, también ha recurrido el fallo pidiendo que se incremente la condena en un año y, de esa manera, le sean impuestos los tres que reclamaba. El letrado de Sánchez, que espera que la resolución de la Audiencia les sea “favorable”, ha avanzado que, en caso de que el recurso sea desestimado, llegarán “hasta donde haya que llegar”, en alusión a la posibilidad recurrir ante el Tribunal Supremo.

Junto al recurso, ha presentado un escrito en el que explica las razones por las que considera que Pacheco debería salir “unos días” para tener un ingreso “ordenado” en prisión y resolver cuestiones pendientes, como la presentación de su historial clínico para ser tratado en prisión del glaucoma y de la “trombo” que padece, así como otorgar poderes a su familia para ejecutar trámites bancarios.

El abogado del exalcalde, José Aníbal Álvarez, considera que “lo razonable” es que su patrocinado pueda resolver estos asuntos antes de empezar a cumplir la condena, criticando que “no le han dado la oportunidad” de ingresar voluntariamente “porque no es un narcotraficante, ni un terrorista”. Ha afirmado al respecto que Pacheco sólo tenía en su poder un auto de 12 días antes de su detención en el que se le notificaba que la Audiencia Provincial ratificaba la sentencia del Tribunal Supremo y ha aclarado que el exalcalde “estaba haciendo gestiones” para poder satisfacer la responsabilidad civil de más de 200.000 euros con la venta de su casa en el complejo residencial de Costa Ballena (Rota), actualmente embargada y tasada en 300.000 euros.

Así, el Supremo dice que en la primera página de la sentencia, como es práctica habitual, consta la identidad de los miembros que compusieron el Tribunal; que antes de los antecedentes de la sentencia, aparece la identidad del magistrado ponente y que también aparece la fecha y el lugar en el que se dictó la misma.

En cuanto a los hechos constitutivos de delito, señala que están descritos en los hechos probados de la sentencia de origen y son los que fueron admitidos íntegramente en el antecedente de la sentencia dictada por el Supremo. Respecto a ello, recuerda que la sentencia de instancia declara que existió un delito de falsedad en documento oficial continuado, pero que se estimaba como medio comisivo de la prevaricación por lo que lo entendió integrado dentro de dicha prevaricación, una tesis que no admitió el TS.

En cuanto al tercer aspecto sobre el que Pacheco pidió aclaración, el Supremo dice que “con toda claridad se dijo en el fundamento jurídico tercero de la segunda sentencia que en abstracto la pena era la mitad superior de la mitad superior del delito más grave, que era el de la falsedad continuada de documento oficial”.

Cabe recordar que la sentencia del Supremo, que fue hecha pública el 19 de septiembre, aumentó la la condena de cuatro años de prisión que la Audiencia Provincial de Cádiz le había impuesto a Pacheco a cinco y medio al considerarlo culpable de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.

En declaraciones a los periodistas, García-Pelayo ha asegurado que, de la misma manera que en su día valoraron la sentencia de cárcel para el exalcalde Pedro Pacheco, “esta situación no se la deseamos a nadie”, aunque “es verdad que el tiempo va dando la razón”. Para la regidora ‘popular’, el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez por el ‘caso desvío de fondos’ refleja que “había un caos bastante importante en la gestión del Ayuntamiento, que en parte estaba provocado por una cuota importante de despilfarro por la desorganización”. Sostiene que en la actualidad la situación “también es dura” en el Consistorio, pero están pagando nóminas y a los proveedores “sin utilizar los fondos como no hay que utilizarlos”, por lo que ha apelado al “rigor” y ha dicho que “hay gestiones y gestiones”.

“TODOS NO SOMOS IGUALES”

La alcaldesa también ha censurado que, tras conocer sentencia, Sánchez pretenda “poner en marcha el ventilador y decir que todo el mundo lo hace igual”, aludiendo a manifestaciones realizadas por Sánchez en las que sostiene que detrás de ella “caerán” más dirigentes políticos del actual equipo de gobierno.

Preguntada por estas declaraciones, ha dicho que no se ha “ensañado” con Sánchez ni ha contado “casos concretos de despilfarros de su gestión”, ya que entiende que “hay que estar a la altura” y “hay que pasar página, porque Jerez tiene un gran presente y sobre todo va a tener un gran futuro”. Cabe recordar que tanto García-Pelayo como el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento jerezano, Antonio Saldaña, declararon como testigos en el juicio desarrollado contra Pilar Sánchez el pasado mes de junio, cuando expusieron los perjuicios que había causado el desvío de fondos a las obras para las que el Ejecutivo había destinado los fondos del Plan E.

“Con el objetivo de no perjudicar innecesariamente al partido y en aras de un tiempo mayor de dedicación para preparar su defensa judicial, Pilar Sánchez Muñoz ha solicitado formalmente su suspensión de militancia a la Agrupación Local del PSOE de Jerez, con carácter estrictamente voluntario. Pilar Sánchez toma esta decisión justo en el momento en que se ha conocido la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez. De esta manera, quedará suspendida la relación de militancia con el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía por parte de la histórica militante jerezana”. Así reza el comunicado del PSOE de Jerez tras conocerse la sentencia por el juicio denominado ‘caso desvío de fondos’ contra la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez, que en el pasado mes de junio quedaba visto para sentencia. El Juzgado de lo Penal número tres de la ciudad ha condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 8,6 millones de euros a la regidora por la utilización de fondos del Plan E para pagar nóminas del Ayuntamiento de Jerez.

Sánchez estaba acusada de un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones. En el juicio, el fiscal, que llegó a pedir para la exalcaldesa socialista tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, puso ya en tela de juicio que Sánchez informara al Gobierno de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias, ni que existiese un plan formal de reintegro del dinero destinado al abono de nóminas. De la misma forma, entiende que existe la “posibilidad real de duplicidad de pagos” de algunas de las obras enmarcadas en el Plan E a causa del uso de estos fondos.

En ese mismo juicio, la ahora condenada remarcó en su declaración que “a ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas” y ya estaba convencida de que ella será “la única”. “No me llevé nada, no fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento”, ha afirmado, apuntando al mismo tiempo que ella no contrató a ninguno de los trabajadores a los que pagó las nóminas. Con esta condena, finalmente, Pilar Sánchez tendrá que asumir el pago de esta cantidad si no prospera el recurso ante la Audiencia que ha anunciado inmediatamente después de conocer la sentencia.

En un comunicado, la entidad explica que el inculpado recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, “de ahí que esta aún no se haya hecho efectiva”. Pese a ello, Foro cree que el Consistorio debería “haber adoptado medidas como la suspensión de empleo y sueldo de este funcionario” de forma inmediata. Aseguran que el agente “fue condenado por varios delitos: uno de violencia doméstica habitual, dos de malos tratos y otro por coacciones continuadas”. La Fiscalía “pedía una pena de 25 años, al apreciar también delitos de agresión sexual, detención ilegal y una falta continuada de vejaciones, de los que fue absuelto”, expone Foro por la Igualdad.

Por su parte, el Ayuntamiento ha comunicado a los medios que “respeta los cauces legales y debe esperar que la sentencia sea firme y la Justicia dictamine definitivamente al respecto”. Además, el Gobierno aclara que Foro por la Igualdad “no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento ni ha solicitado ningún tipo de acción ni de reunión al mismo.”