El colectivo de prejubilados tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la bodega Williams & Humbert van a tener que volver a echarse a la calle después de que todas las gestiones realizadas con la entidad bancaria La Caixa y con el gobierno andaluz no hayan servido para conseguir que se les abonen los retrasos.

Por eso, tras una asamblea celebrada ayer, los afectados por dicha situación han anunciado que “se ven obligados a tomar las medidas reivindicativas pertinentes, con la misma intensidad y directamente proporcional a la gravedad del problema, que suponen a fecha de Junio, el cúmulo de seis meses sin percibir los honorarios y con el agravante de que los afectados tienen que asumir las cuotas a la Seguridad Social dando cumplimiento a lo acordado en el convenio especial del propio ERE”. Es decir, que ellos tienen que seguir abonando importantes cantidades aunque en sus cuentas no hayan cobrado ni un céntimo en este tiempo.

Por ese motivo hoy mismo han llevado a cabo una movilización en la sede del grupo municipal del PSOE de Jerez, donde han tratado de encerrarse. Finalmente han conseguido forzar una reunión con la secretaria general del partido en la ciudad, Miriam Alconchel, y el portavoz municipal, Francisco Lebrero, para exponerles su situación y pedirles que recuerden a la administración sus compromisos.

Y es que estos extrabajadores de la bodega reiteran su denuncia del incumplimiento de los plazos para la resolución del proceso de la renovación de las pólizas con Vida-Caixa. Además, se quejan de que desde la administración habían realizado promesas que no se han cumplido, en concreto en una reunión celebrada el pasado 25 de abril con el director general de trabajo, Francisco Javier Castro, en la que se comprometió a dar una resolución positiva con un plazo máximo de 30 días. Tras el retraso transcurrido, “volvimos a ponernos en contacto con el personal técnico de la Junta de Andalucía y no hemos recibido respuesta alguna que no conlleve más retraso, derivando la responsabilidad sobre William M Mercer (empresa a la que se le adjudica la auditoría de las pólizas)”, explican los afectados.

En esta situación, solo les queda el camino de retomar las protestas al tiempo que piden al al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que “asuma las responsabilidades que les compete en esta materia, tomando cartas en el asunto de carácter urgente al amparo del decreto aprobado en octubre de 2012, dando cobertura y cumplimiento para llevar a buen puerto la finalización del citado Expediente de Regulación de Empleo”.

Han tenido que echarse de nuevo a la calle. Y es que tras siete meses de espera, y después de que a principios de enero tuvieran que presionar para cobrar in extremis las pensiones de cuatro meses que se les adeudaba, el colectivo de trabajadores afectados por el último ERE realizado en las bodegas Williams & Humbert sigue sin encontrar solución a sus problemas.

Tanto es así que a estas alturas del año ya se les deben de nuevo tres meses, con el agravante de que ellos sí que tienen que pagar de forma obligatoria sus cuotas del convenio especial con la Seguridad Social para no perder todos los derechos para su jubilación. Y eso asciende a nada menos que 800 euros por cabeza sin que estén cobrando lo que les corresponde.

Por este motivo, este colectivo de extrabajadores de Williams & Humbert ha vuelto a protagonizar hoy una protesta tanto ante la sede del gobierno andaluz en la alameda Cristina como a las puertas de una oficina de La Caixa en Jerez, ya que es la aseguradora de esta entidad bancaria (VidaCaixa) la que asumió el compromiso de pago tras la firma de la póliza con los trabajadores y con el beneplácito de la Junta de Andalucía.

Según se quejan, no hay coordinación entre la entidad bancaria y el gobierno regional para despejar de una vez los problemas, cumplir los compromisos y evitar más impagos a los pensionistas. En concreto, reprochan que aunque los afectados han realizado en el menor tiempo posible los trámites para adaptarse al nuevo sistema establecido vía decreto para el pago de las pensiones, la administración está actuando con “una lentitud inexplicable” y tampoco han servido para desbloquear la situación las reuniones mantenidas con los responsables políticos y de la entidad bancaria.

Como denuncian, a día de hoy son los únicos afectados por procesos de prejubilación afectados por el decreto que no están cobrando sus pensiones cada mes.