En su intervención en comisión parlamentaria, el representante del Gobierno andaluz ha recordado que desde la Junta se está movilizando una importante inversión a través del Plan Andalucía Actúa, que contempla recursos económicos de gran relevancia para el campo andaluz. En concreto, esta planificación prevé la concesión de ayudas directas por valor de 700 millones de euros para restituir el potencial productivo de explotaciones agrícolas inundadas o con daños superiores al 30% de este indicador, para fincas de ganadería extensiva y para industrias de manipulación o comercialización ubicadas en zonas anegadas por el agua.

Además de recalcar la prioridad de estas actuaciones, Ramón Fernández-Pacheco ha explicado que la Consejería de Agricultura continúa implicada al mismo tiempo en otras líneas significativas de trabajo encaminadas a “ofrecer más posibilidades de presente y de futuro” al sector primario de Andalucía para que los profesionales que lo forman “enfrenten con la mayor fortaleza posible los retos que tienen por delante”. Entre otros desafíos, el consejero se ha referido al relevo generacional, cuestión en la que el Gobierno andaluz viene haciendo una importante apuesta en los últimos años; y a la Política Agraria Común (PAC), en cuyo marco la Junta ha gestionado ya el pago de más de mil millones de euros en ayudas de 2025 para 200.000 agricultores y ganaderos de la región. Respecto a subvenciones, Fernández-Pacheco ha hecho una mención especial a las medidas agroambientales y forestales, a las que el Ejecutivo autonómico dedica un 40% más de presupuesto este año.

En cuanto a otros ámbitos, el consejero ha apuntado algunos ejemplos de labores en las que se encuentra ocupada actualmente la Junta, como la culminación de la primera. Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva. Además, ha recordado que desde la Consejería de Agricultura se impulsan medidas de apoyo a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y a los regantes que apuestan por la modernización y la sostenibilidad; que contribuyen al mantenimiento de una buena sanidad animal y vegetal en Andalucía; y que inciden en la competitividad de las industrias agroalimentarias andaluzas, entre otras actuaciones.

Pesca y acuicultura

Por otro lado, Ramón Fernández-Pacheco ha puesto en valor el paquete de ayudas por valor de seis millones de euros que impulsa el Ejecutivo andaluz para “mejorar la viabilidad del sector de la chirla en el Golfo de Cádiz” a través de la subvención del desguace de barcos. “Pero para ponerlas en marcha necesitamos que se nos autorice la reprogramación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que solicitamos hace meses, y que el Gobierno de España modifique el Real Decreto de paradas definitivas, medida que también está pendiente”, ha lamentado.

También en este ámbito de actuación, el consejero ha recordado el trabajo que realiza la Junta para, entre otros fines, poner en marcha “ayudas que buscan impulsar proyectos del sector pesquero y acuícola” o consolidar a las organizaciones y asociaciones de productores de este ámbito.

Política hídrica

Fernández-Pacheco ha destacado en su discurso diversas actuaciones relativas a Agua que lleva a cabo la Consejería y que buscan “seguir preparando a Andalucía para afrontar sequías futuras planificando desde la tranquilidad de tener agua”. En este ámbito, también ha apuntado que el Gobierno andaluz sigue enfocado en el impulso de la depuración y el aprovechamiento de las aguas regeneradas, en avanzar en proyectos de mejora de abastecimiento en alta y en reducir las fugas de las conducciones.

Asimismo, el consejero ha subrayado las actuaciones de la Junta para la mejora y el mantenimiento de las presas, unas infraestructuras que permiten almacenar agua y “son fundamentales a la hora de laminar avenidas”. A estas medidas citadas por Ramón Fernández-Pacheco en su intervención se suman también las labores que realiza la consejería para garantizar el buen estado de los cauces de ríos y arroyos de las cuencas hidrográficas que son competencia de la Junta; es decir, las demarcaciones Tinto-Odiel-Piedras-Chanza, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha tramitado ya el pago de más del 94% de los expedientes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de 2025, subvenciones que ascienden a 1.021 millones de euros repartidos entre más de 195.400 agricultores y ganaderos de Andalucía; y comienza a recibir desde este mes de febrero la Solicitud Única de la campaña 2026. A través de esta herramienta, los profesionales del campo pueden pedir ayudas directas, agroambientales y para zonas con limitaciones naturales.

Como novedad de 2026, a las ayudas agroambientales convocadas anteriormente en Andalucía se suman otras con compromiso por tres años relativas a la protección de la avifauna, a las que se destinarán 15 millones de euros; y al fomento y gestión sostenible de pastos (conocida como ‘agroambiental de la ganadería extensiva’), que contarán con 25 millones de euros de presupuesto.

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la presentación de la Solicitud Única de este año, la Consejería de Agricultura organiza en diversas provincias andaluzas unas acciones formativas dirigidas a técnicos de entidades reconocidas para la tramitación de las ayudas directas de la PAC en Andalucía. A través de estas reuniones, el Gobierno andaluz traslada a los técnicos las novedades de esta campaña y les muestra el funcionamiento de la aplicación puesta en marcha este año para gestionar la Solicitud Única.

Tras el curso organizado hoy en Sevilla, el personal de la Junta se trasladará mañana a Jaén, donde también se ofrecerá la formación el martes 10 de febrero dado el alto número de solicitantes. Además, el jueves día 5 tendrá lugar el curso en Córdoba; y el viernes 6 de febrero, en Granada. De esta forma, se dará cobertura tanto a la zona occidental como oriental de la región, facilitando el acceso a la formación por parte de todos los interesados.

Flexibilización en rotación de cultivos

En la medida de sus posibilidades, la Consejería de Agricultura busca responder a la petición del sector agrario andaluz y adaptar las exigencias de las ayudas de la PAC a la realidad del campo de esta región flexibilizando para 2026 algunos de los requisitos de los ecorregímenes. Por ejemplo, este año los agricultores acogidos a subvenciones ligadas a rotación de cultivos y siembra directa en tierra de cultivo sólo tendrán que plantar un 25% de la superficie con especies mejoradas. Esta extensión supone una importante rebaja respecto al porcentaje establecido de forma general para estas ayudas que forman parte del ecorrégimen de agricultura de carbono y agroecología. En concreto, estas subvenciones están sujetas normalmente a la obligatoriedad de que al menos el 50% de la superficie de tierra de cultivo tenga cada año una especie diferente a la sembrada anteriormente.

Alfonso Candón ha presentado la medida junto a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Blanca Merino. El delegado ha señalado que esta  iniciativa busca atender el trauma y la vulnerabilidad socioeconómica de los hijos e hijas tras el asesinato de sus madres.

El delegado ha subrayado que esta decisión forma parte de una estrategia del Gobierno andaluz, mucho más amplia en pro de mejorar la atención y acompañamiento a las víctimas de VdG, así como de prevenir y combatir desde la unidad esta lacra social, añadiendo que Andalucía da un paso más en su compromiso con las víctimas de violencia de género.

Esta prestación económica está dirigida a los hijos e hijas de hasta 25 años que en el momento del asesinato su madre residía en Andalucía o bien sus hijos e hijas viven en la comunidad en el momento del crimen. Para el cobro de la ayuda, deben tener menos de 25 años en el momento de realizar la solicitud independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto ley.

Candón ha informado que la prestación de 5.000 euros anuales, se concede previa solicitud independientemente de la renta familiar y se hace efectiva en un solo pago anual una vez se dicte resolución y hasta alcance los 25 años. La ayuda se actualiza con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo cual en 2025 la ayuda asciende a 5.140 euros.

Esta prestación tiene carácter retroactivo y es compatible y complementaria con cualquier otra ayuda pública o privada que se percibe por el mismo motivo.

Para terminar el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha insistido “en la necesidad de que todas las administraciones, toda la sociedad trabajen conjuntamente en la misma línea, con el objetivo de desterrar de una vez por todas esta lacra que es la Violencia de Género y debemos contribuir todos unidos a su erradicación”.

Estas ayudas, con un importe total de 300.000 euros, se dirigen a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público que resulte exigible conforme a su normativa de aplicación y tengan su domicilio social en la comunidad autónoma andaluza. La cuantía total máxima de la subvención será igual o inferior a 2.500 euros por beneficiario.

La consejera Patricia del Pozo ha destacado que “las bandas de música, que por vez primera van a contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, han constituido tradicionalmente una parte esencial de la cultura musical, ocupando espacios de aprendizaje y de transmisión de conocimientos donde se cultiva el esfuerzo, la constancia y el amor por la música”.

“Estas formaciones mueven a miles de personas, organizan desfiles procesionales y festivales, concursos y conciertos multitudinarios y forman a músicos de élite, dinamizando la cultura local, contribuyendo a la conservación de una parte importante del patrimonio cultural y representando un vehículo perfecto para acercar al público una amplia y rica oferta musical”, ha señalado la consejera.

Serán subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de viento de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas, quedando expresamente excluido la adquisición de cualquier tipo de accesorio, excepto los de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones viento metal.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día hábil siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tendrá una duración de 15 días hábiles –hasta el 22 de septiembre–. Dicho plazo comenzará a contarse a partir de las 12:00 horas y concluirá a las 11:59 horas del día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud se cumplimentará de conformidad con el formulario establecido en el Anexo I de la convocatoria, de forma exclusivamente electrónica a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía, accediendo a los trámites de la Consejería de Cultura y Deporte, en la siguiente dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicioOrganismo.xhtml

Francisco Moreno ha explicado las actuaciones en curso, indicando que “estamos haciendo limpieza, ensanchamiento del cauce y vamos a profundizar en el recorrido, para que cuando lleguen las nuevas lluvias evitemos que se vea afectada la población”. Ha resaltado la apuesta del Gobierno andaluz a este respecto y ha incidido en que “intentamos poner todo de nuestra parte en prevención, para adecuar la zona y aportar seguridad”.

Además, el delegado territorial de Agricultura ha agradecido “la implicación del Ayuntamiento y el compromiso entre ambas administraciones para mejorar el problema existente con este arroyo que cruza la entrada de Espera”. También ha subrayado “la colaboración importante para dar solución y respuesta a los vecinos y vecinas de la zona ante esta problemática.”

Al referirse a los trabajos, Francisco Moreno ha puntualizado que “esta obra comienza desde la depuradora hasta una vez pasado el puente, unos 725 metros en los que se va a ensanchar el cauce, para evitar que el agua se desborde y poner solución. Más adelante intentaremos incorporar actuaciones puntuales con las que podamos limpiar el cauce aguas arriba y manteniendo unas buenas condiciones en la zona”.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que “estos trabajos son recibidos con total agrado y felicidad en este municipio, porque la zona ha sido objeto de problemas con la crecida del río en los últimos temporales y se ha visto afectada, por eso había que llevar a cabo estas actuaciones. Agradezco a la Junta de Andalucía y, en concreto, a la Delegación Territorial de Agricultura, la respuesta inmediata con estos trabajos”.

Tamara Lozano ha añadido que estas tareas se realizan desde la Junta “para que con los nuevos temporales que puedan venir el próximo otoño o invierno no haya dificultades”. También ha mencionado la importancia de una planificación integral y de mantenimiento en la zona.

El objetivo de estos trabajos es aumentar la seguridad de quienes habitan o desarrollan su actividad laboral en zonas cercanas a este cauce. Se trata de actuaciones en dominio público hidráulico, con las que se presta servicio para establecer medidas preventivas, destinadas a reducir posibles consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos o catástrofes, sobre el cauce del arroyo Salado y las explotaciones agrarias en las márgenes del río.

Estos trabajos contemplan el saneamiento ambiental con equipos forestales de tratamientos selvícolas y la mejora de la morfología del cauce, en cuanto a la continuidad y a la recuperación del espacio fluvial.

Cerca de 40 ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro son las destinatarias de este paquete de subvenciones. Entre las de mayor cuantía, una asistencia económica de 500.000 euros para el Ayuntamiento de Paterna destinada a la adquisición de suelo para la promoción de vivienda de “carácter social o protegido” y una guardería municipal en la localidad; 235.680 euros para estabilizar el terreno en la calle Barrero en Zahara de la Sierra y poner fin a los problemas en las viviendas de los vecinos de esta vía; medio millón de euros para realizar mejoras en el acerado y pavimentación de varias calles de Barbate y otros 500.000 euros para un proyecto de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, cuyo objetivo es desarrollar acciones formativas, de empleo y difundir la imagen de la comarca.

También se han aprobado ayudas para iniciativas medioambientales de los ayuntamientos de Espera y Trebujena, así como otras destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades deportivas, culturales y sociales, caso de la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía y Cruz Roja, por citar algunas. Subvenciones que, para la presidenta, Almudena Martínez, demuestran que la Diputación “está presente en todos los territorios” de la provincia y con las que se presta atención a municipios en los que la administración provincial ha estado “ausente” en etapas anteriores.

En cuanto al resto de iniciativas aprobadas en la sesión plenaria, cabe destacar la aprobación del Plan Económico Financiero para los ejercicios 2025 y 2026. Dicho plan se adopta en cumplimiento de las directrices de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Diputación, y según los datos de la liquidación del presupuesto de 2024, cumplió con los principios de estabilidad presupuestaria –de hecho alcanzó un superávit de 67 millones de euros- y de deuda pública, si bien experimentó una desviación de la regla de gasto. Esa circunstancia obliga a concretar un Plan Económico Financiero que establece el compromiso de disponer del remanente de tesorería para gastos generales “en cuantía que permita cumplir tanto la estabilidad presupuestaria como la regla de gasto” durante los años 2025 y 2026, según se expresa en el documento elaborado por el personal técnico del Área de Economía y Hacienda.

Para el ejercicio 2025, en vigor, Diputación dispondrá de un techo máximo de gasto cercano a los 351 millones de euros (exactamente se cifra en 350.815.771 euros), mientras que para 2026 no se podrá superar el umbral de los 356.659.030 euros. Según las consideraciones del Plan Económico Financiero la desviación de la regla de gasto de 2024 es “coyuntural” al tiempo que, con las previsiones y tendencias actuales, existe un escenario propicio para el cumplimiento de los principios de la Ley Orgánica 2/2012 según se indica en este documento.

Juancho Ortiz ha reafirmado la situación financiera “saneada” y la “estabilidad presupuestaria de Diputación”, además de valorar su capacidad de financiación. El vicepresidente primero de la institución ha recordado que la desviación de la regla de gasto en 2024 “ha sido coyuntural” y fruto, en gran medida, de la atención de asuntos que quedaron pendientes de solventar por parte del gobierno anterior. En cualquier caso, “no se trata de una situación nueva ya que, de hecho, ya se adoptaron planes similares en 2011 y 2020”. El actual ejecutivo provincial “moderará” el uso del remanente de tesorería durante los ejercicios 2025 y 2026, según ha explicado Juancho Ortiz.

El Plan ha sido aprobado con los votos favorables del PP y La Línea 100 x 100; la abstención de IU; y el rechazo del Grupo Socialista.

También se ha aprobado una modificación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia municipal 2024-2025 a petición de algunas de las entidades destinatarias, según ha asegurado el vicepresidente quinto Sebastián Hidalgo. Esta modificación permite ampliar a septiembre de 2026 los plazos de ejecución y justificación.

Respecto a las propuestas políticas, la Corporación se ha puesto de acuerdo para sacar adelante todas las iniciativas presentadas por los diferentes Grupos Provinciales. Izquierda Unida ha puesto sobre la mesa su preocupación por que personas condenadas con sentencia firme por violencia de género eludan el ingreso en prisión al solicitar un indulto. Ante esa circunstancia, ha conseguido respaldo unánime para instar al Gobierno de España a impulsar reformas legislativas que impidan que esto ocurra y garantizar así la seguridad de las víctimas. La otra iniciativa de Izquierda Unida, defendida por su portavoz, Ramón Galán, instaba a los municipios gaditanos a poner en marcha medidas de adaptación a situaciones de calor extremo, como la ampliación de zonas arboladas y espacios verdes. La propuesta se ha aprobado con la abstención de todos los grupos, que se han expresado a favor del fondo pero se han mostrado contrarios a la forma de la iniciativa por diversos motivos.

A iniciativa del Grupo Socialista se ha aprobado instar a la Junta a ejecutar “de forma inminente” la inversión -aprobada en 2020- de 550.000 euros para realizar obras en el centro educativo IES Sierra de Luna en Los Barrios, además de construir un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en el municipio, garantizando los fondos necesarios para su construcción, ha defendido la diputada socialista Ana María Jarillo. Esta propuesta ha contado con el apoyo de Izquierda Unida y La Línea 100×100. El grupo Popular se ha abstenido. También a propuesta del Grupo Socialista -con el apoyo de Izquierda Unida y La Línea 100×100 y el voto en contra del Grupo Popular- se instará a la Junta a incrementar la plantilla de profesionales en los centros sanitarios de la provincia y mantener los centros de salud abiertos en su horario habitual durante el verano.

Finalmente, los votos del Grupo Popular y la abstención de La Línea han sido suficientes para aprobar la moción presentada por los Populares a favor de la convocatoria de elecciones generales “por pérdida de legitimidad institucional”, según el portavoz del Grupo, Juancho Ortiz, y para que el Gobierno de España colabore con el poder judicial y el resto de instituciones “que investigan posibles irregularidades vinculadas a su gestión”, absteniéndose de “interferir” en causas abiertas, obstaculizar el derecho a la información pública, reforzar sistemas de control y auditoría en la Administración General del Estado y “asegurar la neutralidad” de los organismos estatales, entre otras cosas. PSOE e IU han votado en contra.

Durante esta sesión, entre otros asuntos, se ha informado de la renuncia del hasta ahora diputado provincial Fernando López Gil, quien ha tomado posesión como parlamentario andaluz.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, han presentado hoy la nueva convocatoria de subvenciones públicas para la Formación Profesional para el Empleo (FPE) correspondiente al ejercicio 2025. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, destinará un total de 67.142.857,20 euros para toda Andalucía, con una dotación específica de casi 7 millones de euros para la provincia de Cádiz.

Estas ayudas, responden a los compromisos adquiridos en el Pacto Económico y Social para el Impulso de Andalucía, firmado en 2023, y tienen como objetivo reforzar la cualificación y empleabilidad de personas trabajadoras, tanto desempleadas como ocupadas, mediante una formación actualizada y alineada con los requerimientos reales del mercado laboral andaluz y gaditano.

La delegada del Gobierno ha informado que “la nueva convocatoria supone un cambio sustancial en el modelo de gestión de la formación para el empleo en Andalucía, integrando, por primera vez en un mismo procedimiento, cuatro líneas diferenciadas, que se resolverán de forma independiente. Estas líneas abordan tanto la formación presencial como la teleformación. Esta modalidad se incorpora como novedad, facilitando la conciliación y la eliminación de barreras geográficas”, ha dicho.

Cuatro líneas de subvención para responder a distintos perfiles formativos y laborales

Las cuatro líneas contempladas en la convocatoria permiten cubrir una amplia gama de necesidades formativas, dirigiéndose tanto a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas como a la recualificación y actualización de conocimientos de quienes ya están trabajando.

En este sentido, las tres primeras líneas estarán destinadas a la formación para personas trabajadoras desempleadas. En concreto, la línea 1, de modalidad presencial, en especialidades no vinculadas a certificados profesionales. La línea 2, en modalidad de teleformación, igualmente para las mismas especialidades. Y la línea 3, en modalidad tanto presencial como virtual, en este caso para los Grados B y C, comprendidos en el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional, conducentes a certificados profesionales.

La cuarta y última línea estará dirigida a personas trabajadoras ocupadas, para la formación profesional de Grado B, en modalidad virtual, orientada a la mejora y actualización de competencias, la recualificación profesional y la adaptación a los cambios tecnológicos o sectoriales.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva a través de la nueva Plataforma de Formación para el Empleo de Andalucía (PROFEUS-A). Esta herramienta resulta de gran utilidad para la presentación y gestión de solicitudes de las ayudas FPE, garantizando transparencia y eficiencia en el proceso de concurrencia competitiva y para verificación de requisitos, especialmente en formación en modalidad virtual.

Una inversión estratégica para el desarrollo de competencias. 

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, destinará para la provincia gaditana en las líneas 1, 3 y 4, un total de 6,83 millones de euros, que se distribuirán entre las anualidades 2025, dotada de 4,78 millones, y 2026 con otros 2,05 millones previstos. A esta cantidad hay que sumarle los 5 millones de euros destinados a la línea 2 para la teleformación, centralizados en el conjunto de Andalucía.

Esta distribución responde al objetivo de priorizar la atención a las personas desempleadas, que concentran más del 85% de los recursos totales, al tiempo que se reserva una dotación específica para apoyar la recualificación del colectivo de personas ocupadas, especialmente en sectores en transformación.

La delegada del Gobierno ha animado a las entidades a participar y ha explicado que “podrán acceder a estas ayudas las entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén inscritas o autorizadas como centros de formación profesional para el empleo en Andalucía”. “En este sentido, cada entidad podrá presentar una única solicitud por línea y por provincia, salvo en el caso de la Línea 2, que será de ámbito autonómico” ha detallado.

El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que contará con un procedimiento de resolución de un plazo máximo de tres meses, contados desde la finalización del periodo de solicitud.

En cuanto a la financiación, el 70% de la subvención se abonará de forma anticipada tras la resolución de concesión. Mientras que el 30% restante se librará tras la justificación final de la actividad formativa, que se realizará conforme a los módulos económicos establecidos para cada especialidad, teniendo en cuenta el número de participantes finalizados y las horas de formación impartidas.

Con el objetivo de facilitar la participación de las entidades y garantizar el éxito de la convocatoria, la Delegación Territorial de Empleo en Cádiz ha organizado esta misma mañana una sesión informativa presencial dirigida a entidades inscritas o autorizadas como centros de FPE, que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno.

Así lo publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en cuyo anuncio se recogen dos líneas de subvenciones. El porcentaje máximo de la subvención será de hasta el 100% del proyecto subvencionable, siempre que no supere la cuantía máxima de la subvención, que se estima en 100.000 euros.

La primera, con siete millones de euros, está dirigida a actuaciones de los municipios del interior de Andalucía para la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía. La segunda línea recoge actuaciones de las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas, con un valor de tres millones de euros y quedan sometidas al régimen de ayudas de minimis.

Dichas subvenciones tienen por objeto fomentar la creación de productos turísticos, principalmente de índole cultural o patrimonial, así como la puesta en valor de los recursos turísticos culturales existentes en Andalucía, dirigido todo ello a que los visitantes mejoren el conocimiento sobre la cultura andaluza. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes.

En cuanto a los requisitos, podrán solicitar estas subvenciones los municipios del interior de Andalucía que tengan una población de derecho inferior a los cien mil habitantes. Además, las aquellas asociaciones, fundaciones y entidades religiosas que soliciten estas ayudas deberán estar ubicadas en la comunidad autonómica y que el acceso esté sometido a un régimen de visitas turísticas, entre otros requisitos.

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha puesto en valor la convocatoria que demuestra la apuesta del Gobierno andaluz por un turismo sostenible y comprometido con el visitante y el residente, apostando por la conservación del patrimonio que “nos consolida como un destino único”. “Avanzamos hacia un modelo turístico que respeta la identidad de cada territorio y mejora la calidad de vida de sus habitantes generando oportunidades de futuro para todos a través de la sostenibilidad”, ha añadido.

El Ayuntamiento de Lebrija pone en marcha una nueva convocatoria del programa municipal AbonoCién Joven, una medida que tiene como finalidad fomentar en las personas jóvenes el acceso a la cultura y al deporte mediante la concesión de un bono de 100 euros. En esta ocasión, las y los jóvenes nacidos entre los años 2004 y 2008, es decir, con edades comprendidas entre 16 y 20 años podrán beneficiarse de la nueva medida municipal.

Así lo han presentado este martes, 5 de diciembre, el delegado de Comunicación, Juan Antonio Romero, y el delegado de Cultura, Pepe Martínez, en una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación.

Como ha explicado Romero, “las personas beneficiarias podrán canjear esta cuantía económica en la adquisición de entradas en el Teatro Municipal Juan Bernabé para asistir a espectáculos en vivo propios del Ayuntamiento realizadas durante el año en el Teatro Municipal o durante la celebración de la Caracolá Lebrijana, o en el alquiler de Instalaciones Deportivas Municipales.

En concreto, las y los jóvenes solicitantes – ha detallado- dispondrán de cinco entradas para espectáculos culturales propios del Ayuntamiento que se desarrollen en el Teatro Municipal y de un monedero virtual de 50 euros para el alquiler de instalaciones deportivas. Para acceder al monedero, es imprescindible descargarse la app ‘Sporttia’, y registrarse como usuario.

En este sentido ha hecho saber que el bono tiene una duración de once meses naturales, es decir, se podrá hacer uso del él desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2024.

Plazo de solicitudes y requisitos; Presentación y plazo de solicitudes 

El plazo de solicitudes será desde el 11 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024.

Tendrán la condición de personas beneficiarias del Bono Cien Joven las personas físicas en edades comprendidas entre los 16 y los 20 años, en concreto, aquellos nacidos ente 2004 y 2008, naturales de Lebrija o lleve empadronados en el municipio al menos dos años con anterioridad al inicio de la convocatoria y soliciten el bono por los medios y cauces establecido en la presente convocatoria.

Dentro de los diversos proyectos que están en marcha merced a estas prestaciones, uno de los principales es la puesta en marcha de los comedores escolares, que, según aclaró ayer el Consistorio, volverán a ponerse en marcha durante el próximo curso académico y que tendrá un coste total de alrededor de 42.000 euros cargados al segundo semestre presupuestario.