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El presunto agresor de Miriam Tamayo se enfrentará a penas de hasta 25 años

Deportes — Mon, 01 Jul 2013 08:37:11 +0000

Los padres de Miriam Tamayo, la joven jerezana de 21 años que murió el pasado 12 de junio tras ser abordada por G. J. G., su expareja y padre de su hijo, presuntamente tras asestarle varias puñaladas, dos de ellas mortales, pasarán mañana por el Juzgado de Violencia de Genero de Jerez para prestar declaración en el primer día de instruccion del caso.

A partir de mañana una decena de testigos pasarán por el Juzgado en el inicio formal del caso y que podría deparar con penas de hasta 25 años para su presunto agresor. Tanto la fiscalía como la acusación particular van a solicitar que los hechos sean calificados de presunto delito de asesinato, teniendo en cuenta las declaraciones de los diferentes testigos, cuyos testimonios podría ser determinantes a la hora de alegar ensañamiento, así como alevosía, ya que presuntamente G. J. G. siguió a la víctima hasta el lugar de los hechos.

Con el inicio formal de la instrucción del caso también llega la convocatoria realizada por la familia y amigos de la víctima, que mañana se manifestarán para pedir justicia en un acto que partirá a las 19.00 horas del domicilio donde residía en la avenida Tomás García Figueras y concluirá a las puertas del Ayuntamiento.

Acusación particular y Fiscalía pedirán asesinato para el presunto autor del crimen de Miriam Tamayo

admontalvo — Fri, 21 Jun 2013 11:06:48 +0000

“Fue a buscarla porque estaba sola, aprovechando que no había nadie, con total alevosía”. Ésta es la razón fundamental por la que el abogado de la familia de Miriam Tamayo, Marcos Rodríguez, ha decidido solicitar para Germán. J. G. un presunto delito de asesinato, argumentando que de forma premeditada persiguió a la víctima y la abordó cuando se dirigía a la fiesta de fin de curso de la Escuela de Hostelería, para asestarle presuntamente varias puñaladas hasta acabar con su vida. Así, por el momento lo que tiene claro el letrado es el agravante de alevosía, a la espera del informe forense que determinará cómo murió exactamente la joven y cuántas puñaladas recibió, en función de lo que también podría alegar el agravante de ensañamiento. Si finalmente se tienen en cuenta estas dos circunstancias, el procesado podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión.

Como ha confirmado Rodríguez, la fiscal también solicitará un presunto delito de asesinato, mientras que la defensa de Germán aún no se ha pronunciado al respecto. Precisamente ayer se produjo la comparecencia de las partes en el Juzgado de Violencia de Género, donde se está instruyendo el caso, con el fin de que se concretaran los hechos que serán juzgados por un jurado popular. Ahora se inicia la fase de prueba, en la que la defensa y la acusación particular pedirán las testificales y cualquier otro modo de prueba que consideren oportuno, incluyendo las periciales psiquiátricas del procesado. Uno de los informes que ya ha solicitado la defensa, que ha pasado de manos de Carmen Barca a Álvaro Aguayo, es el toxicológico con el objetivo de dilucidar si el presunto autor se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica en el momento de cometer el crimen, lo que es muy probable que sea esgrimido como atenuante en el procedimiento.

En lo que respecta a la familia de Miriam, su abogado ha confirmado que sus padres “están regular” y lo que pretenden en estos momentos es concentrar sus fuerzas en conseguir la custodia del bebé que tenía su hija con su expareja y presunto asesino, y que en la actualidad está viviendo con ellos “como desde el mismo día en que nació”. Justo ahora se han cumplido 9 días del terrible suceso, que conmocionó a la ciudad cuando la chica, de solo 21 años, fue atacada en plena calle y a plena luz del día presuntamente por el padre de su hijo. Como contó a Reporteros Jerez María Jesús, una amiga íntima de la víctima, Germán J. G. “estaba enganchado a ella, y no había superado que le hubiera dejado”.

Pilar Sánchez se sentará en el banquillo acusada de desviar 8,6 millones del Plan E

wjamison — Thu, 23 May 2013 16:55:06 +0000

El Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez ha dictado un auto de procedimiento abreviado y ordenado la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa Pilar Sánchez por el desvío de fondos cuando estaba al frente del Ayuntamiento, concretamente 8,6 millones de euros destinados a otros fines y que ella habría destinado al abono de nóminas de la plantilla municipal. Así, deberá responder en una vista oral por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro contra la hacienda pública, afrontando una posible pena de hasta cuatro años de prisión.

Cabe recordar que este caso responde a una denuncia del actual gobierno local del PP ante Fiscalía por desviar fondos del Plan E y de cuentas restringidas entre 2010 y 2011 para el pago de nóminas a la plantilla municipal y proveedores. Aseguraba que Pilar Sánchez lo hizo pese a contar con informes contrarios de Tesorería e Intervención.

REACCIÓN DE PILAR SÁNCHEZ

La noticia fue avanzada por Diario de Jerez esta mañana y la reacción de Pilar Sánchez no se ha hecho esperar. La exalcaldesa ha hecho público un comunicado en el que, aunque reconoce que destinó ese dinero al abono de nóminas, apunta que ”el auto de transformación en procedimiento abreviado está pendiente de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, por lo tanto no es firme”.

Añade que, en cualquier caso, “no hay acusación por malversación ni por cualquier conducta que suponga el hacer un uso ilegítimo de dinero público: la acusación se sustenta única y exclusivamente en que, en su día, y ante la situación de colapso de tesorería del Ayuntamiento de Jerez, decidí priorizar el pago de las nóminas de trabajadores municipales y otros servicios públicos esenciales, usando para ellos los fondos recibidos de la Comunidad Europea, en concreto del llamado Plan E”. “Esto es de lo que se me acusa: que en vez de seguir financiando unas obras determinadas, se usó la subvención para pagar los salarios de los trabajadores, y entiendo que es lo que cualquier regidor consciente y preocupado por la realidad de quienes dependen de su salario para el sustento de su familia hubiese hecho”, apostilla. “Y es lo que volvería a hacer si estuviese en igual tesitura”, sentencia Pilar Sánchez.

Sigue señalando que el dinero de las subvenciones para obras incluidas en el Plan E “fue destinado efectivamente a estas obras, que por otra parte no sufrieron situación de impago ni retrasos debidos a la financiación en ningún momento antes del cambio de Corporación en junio de 2.011″.

También afirma que la discrepancia con la Fiscalía y con el auto de transformación en procedimiento abreviado, “que hemos manifestado por los cauces procesales mediante la presentación del oportuno recurso de apelación contra el mencionado auto, reside en que el supuesto delito que se imputa es inexistente, ya que fue despenalizado en 1995″. “Con anterioridad a esta fecha -continñua- el Código Penal distinguía el supuesto en los que el administrador de caudales públicos los aplicare a un fin diferente, pero también público, para sancionar esta específica conducta con penas mínimas, casi simbólicas. En la actualidad esto ya no es así, y a nuestro juicio, siempre con los debidos respetos hacia la Administración de Justicia, lo que el Código Penal sanciona desde 1.995 son las conductas que implican dar a los caudales fines distintos de otros públicos, lo que en el caso enjuiciado no ha sucedido en ningún momento”.

Aclara, igualmente, que “cuando las disposiciones de fondos para pago de nóminas tenían lugar con cargo a cantidades destinadas a otros conceptos, estos últimos eran pagos que ni estaban vencidos ni lo estarían a corto plazo, en tanto que las nóminas sí lo estaban. Es decir, siempre había margen para la reposición de las cantidades dispuestas antes de los vencimientos a los que estaban destinadas”.