En este sentido, el socialista ha asegurado que “el PP de Jerez no puede dejar de mirar hacia otro lado, debe dar explicaciones, no escurrir el bulto y no esconderse tras técnicos municipales”. Márquez entiende que “en el caso de que Pelayo no acuda voluntariamente ante la Audiencia Provincial, se buscarán vías judiciales, ya sea ante este órgano judicial o ante el Tribunal Supremo dada la calidad de aforada de la senadora y alcaldesa de Jerez”.

Por su parte, Miriam Alconchel ha hecho públicas pruebas documentales que se dan por cierto en el informe de la UDEF-Policía Judicial y que demuestran que presuntamente se “falsearon fechas para aprobar los contratos de las empresas de Correa por vía de urgencia, sin concurso público y sin invitación a tres empresas como marca el procedimiento administrativo local y como evidencia el hecho de que no existieran reporte de los presuntos faxes enviados a otras empresas”.

Así, la líder de los socialistas jerezanos ha mostrado públicamente el informe de la interventora municipal que marcaba los pasos del procedimiento a la contratación de Fitur 2004 en base a una consignación de 2004, prevista en los presupuestos prorrogados del año anterior “y que presuntamente se saltaron a la torera”.

“Lo llamativo del caso- añade Alconchel– es que la interventora dejaba claro que existía partida presupuestaria para atender el gasto y que se reservaría crédito; y se da la coincidencia de que el informe de intervención es del mismo día (8 de enero de 2004) en que desde el IPDC, a través de un informe, se intenta justificar la urgencia vinculándolo al Plan de Excelencia Turística aprobado 11 meses después”; “algo que demuestra el nerviosismo del PP por la adjudicación a dedo a pesar de existir una consignación presupuestaria concreta”, a juicio de Alconchel.

Igualmente, “llama la atención la irregularidad y falta de concordancia de fechas en la solicitud que se exige a las empresas en Jereyssa para justificar la inexistencia de deudas de las firmas de la trama, con registro de entrada del 4 de marzo de 2004, un mes después del evento; lo que resulta una metedura de pata gordísima”, agregó.

Es por ello por lo que la Secretaria General de los socialistas jerezanos denuncia “los continuos viajes en el tiempo del PP en este asunto, hacia delante y hacia detrás para vestir el expediente” se realizan porque “en ningún caso se justificaba la urgencia; por lo que se usó el procedimiento de negociado sin publicidad para adjudicar a sus amigos del PP”.

El motivo de esta petición es requerir a García-Pelayo que dé cuenta de todos los asuntos que necesitan ser explicados a los jerezanos, entre los que se encuentra un informe de la Intervención General del Estado en relación a unas supuestas contrataciones ilegales de 7-8 millones de euros para el edificio del contenedor de empresas, realizadas en la etapa de gobierno del PSOE. Asimismo, el grupo del PP solicitará información y la revisión de las contrataciones que el gobierno socialista hizo con la empresa Teconsa, implicada en la trama Gürtel. “Queremos luz y taquígrafos, pero en todo. El PSOE es el que tiene que callar y no puede venir a dar lecciones”, ha asegurado Saldaña.

Por otro lado, el responsable popular ha señalado que si a fecha del próximo pleno no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la carta enviada por la alcaldesa de Jerez, en la que le aportaba toda la documentación sobre la participación de Jerez en Fitur 2004 para disipar sus dudas, incluido el archivo de la causa por parte del juez en 2011 que constataba la legalidad de las actuaciones realizadas por la García-Pelayo, el grupo popular va a presentar una moción para que el resto de grupos políticos se pronuncien y soliciten a Susana Díaz que dé cuenta de todos los expedientes de las trama de los ERE y Bahía Competitiva que tienen que ver con Jerez, “porque los jerezanos tienen derecho a saberlo todo”.

Trabajar por Jerez en vez de mentir

Por otro lado, la secretaria general del PP de Jerez, Lidia Menacho, también ha reaccionado de manera inmediata a las declaraciones efectuadas hoy por los socialistas, desmintiendo todas las falsedades vertidas por el PSOE y exigiendo a Miriam Alconchel, secretaria general del PSOE de Jerez, que deje de difamar a la alcaldesa, a la que ha aconsejado que, si lo que quiere es ser la candidata del PSOE, “que trabaje por Jerez en vez de mentir”.

De esta manera tan tajante, Lidia Menacho, contesta a las declaraciones efectuadas por el PSOE, al que califica como un “pasivo tóxico”, ya que este partido político que protagonizó una de las etapas más oscuras de la historia de nuestra ciudad, junto a la de Pacheco, sólo aporta “manipulación, falsedades e incumplimientos a nuestra ciudad”. La secretaria local del PP niega categóricamente lo manifestado por los socialistas sobre el cobro de comisiones ilegales, y asegura que el gobierno de María José García-Pelayo, “además de estar empeñado de sacar adelante a esta ciudad después de que el PSOE arrasara con todo, tiene las manos muy limpias y la conciencia muy tranquila”.

Así mismo, Menacho considera que es realmente surrealista el “numerito mediático” que está protagonizando estos días la oposición, y señala que es de “locos” que, precisamente, los que están imputados por corrupción, “se agarren desesperados, para intentar tapar sus vergüenzas, a un asunto que nada tiene que ver con la alcaldesa ni con Jerez, porque aquí todo se hizo cumpliendo con la legalidad, como todo lo que tiene que ver con García-Pelayo, que es la única gobernante honesta y honrada que ha tenido esta ciudad”.

La responsable popular ha destacado además que el PSOE está “en horas bajas” y “roto”, por lo que escenificaciones como las de hoy sábado son una clara muestra de la lucha por el poder del partido que están librando las conocidas ‘familias’ socialistas de Jerez.

En este sentido, Menacho ha recalcado que “se pueden tirar todos los trastos que quieran a la cabeza y sacar sus trapos sucios, como los de los 700.000 euros sin justificar en su propio partido, el que tampoco saben gestionar por lo visto, o la participación de destacados de sus miembros en el escándalo de corrupción de los ERE, el caso PTA, el desvío de dinero del Plan E, y un vergonzoso etcétera que aún no han explicado a los jerezanos”. Para finalizar, la secretaria de los populares jerezanos solicita al PSOE que deje de confundir a los jerezanos y que abandone la mentira, “porque no se lo merece la alcaldesa ni este gobierno y, muchos menos, se lo merecen los jerezanos, por los que deberían de tener más respeto”.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, participó en la adjudicación de contratos irregulares a las empresas del presunto cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos, según precisa un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El informe que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y conseguido por Europa Press, rescata el nombre de García-Pelayo, quien recientemente ha sido aupada para presidir el Comité Andaluz de Gobiernos Locales. El antiguo instructor del caso ‘Gürtel’ en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivó en mayo de 2011 una denuncia presentada contra ella porque los hechos se referían a Jerez.

La UDEF explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma “irregular” varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros.

Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 -valorado en 162.806 euros-, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre -por 39.366 euros- y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.

Los investigadores señalan que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.

Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido “casi un mes” desde su finalización.

“De lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de documentación alguna al respecto con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitiera llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado”, remarca el informe.

Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban “dar una apariencia de legalidad” al procedimiento.

Los agentes también sitúan en un “papel fundamental” a Isidro Javier Cuberos, quien fuera jefe de prensa del PP andaluz, quien ejercía de intermediario entre las empresas del Grupo Correa y las personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez. ”El llamado Isidro Javier Cuberos canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa Cuberos Comunicación S.L. a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros”, detalla la Policía.

La UDEF destaca que participó en el procedimiento formal de adjudicación por parte del Instituto de Promoción de la Ciudad de Jerez la actual alcaldesa de Jerez. Su nombre figura, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su “antefirma y firma” en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada.

La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Andrés, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su “antefirma, firma y rúbrica”. El exdiputado del PP y actual vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz Bernardo Villar también rubricó los contratos.