El jerezano Antonio Fernández, implicado en el caso de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, ha solicitado una pensión alimenticia de algo más de 1.800 euros mensuales para hacer frente a “sus necesidades más básicas”. El exconsejero ha alegado ante la juez que “de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia”. Leer noticia completa