La familia Ruiz-Mateos ha asegurado que la Junta de Andalucía aprobó los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que Nueva Rumasa  llevó a cabo en la región y que éstos se acogieron “perfectamente” a la legalidad, insistiendo en que se realizaron sin “ningún tipo de irregularidad”.

Sale así al paso de las informaciones que vinculaban algunos de los expedientes en empresas de los Ruiz-Mateos con la trama de los ERE que investiga actualmente la jueza Alaya.

En concreto, Nueva Rumasa llevó a cabo cinco ERE en cuatro compañías del grupo, concretamente en Dhul (Granada), en la que se realizaron dos, en las  bodegas Garvey y Zoilo Ruiz-Mateos (Jerez) y en el Hotel Cervantes  (Torremolinos, Málaga). Dichos ERE, según ha precisado la familia, se realizaron para rejuvenecer las plantillas de cada una de las compañías, sustituyendo íntegramente el personal que se prejubilaba por personas más jóvenes.

La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, señala en uno de sus últimos autos las “relaciones” que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un “exagerado enriquecimiento” de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el “alimento” del que se nutrían todas las partes de la trama.

La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

Prejubilaciones fraudulentas

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría ‘Hermes Consulting’ y ‘Maginae Solutions’ habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de “intermediación” en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

Sobre el ERE acordado en Comercial Alimentaria ‘Dhul’, la juez atribuye de nuevo a Lanza la obtención de la financiación autonómica. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una “comisión del 19 por ciento” y la inclusión en este ERE de tres ‘intrusos’; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos “cuñados” del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las “relaciones” entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos”, porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un “conseguidor de financiación pública y negocios de interés”. Así, explica la juez que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, “cobrando supuestamente” tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero “en la casa de los señores Ruiz Mateos”.

Nuevo capitulo en la trama de los ERE en Andalucía, y en este caso con la ciudad de Jerez como uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma responde a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, quien ha ordenado más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudan a declarar al juzgado.

Se han producido una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas. Y es que, a estas alturas del caso, ya nadie cree que lo descubierto por entonces se limitara solo a Mercasevilla.

Según ha podido confirmar Reporteros Jerez, en esta segunda fase de la operación por los EREs fraudulentos, se han producido más de una docena de detenciones en diferentes puntos de Andalucía: cinco en Sevilla, tres en Jaén, una en Granada, una en Almería y tres en la provincia de Cádiz. Entre estas últimas, una en Jerez, que las fuentes consultadas aseguran que se trataría de JC.G.T, hijo del empresario titular de Uniter Seguros en la calle Larga.

LOS DELITOS

Todos los detenidos han sido acusados de cometer presuntamente numerosos delitos: contra la hacienda pública, malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La investigación apunta que podrían ser responsables de diferentes firmas que habrían intermediado entre empresas y la administración autonómica para facilitar expedientes de regulación de empleo (ERE) a trabajadores. Éstos habrían accedido, así, a prejubilaciones que en una parte habría subvencionado la Junta. También se señala que las comisiones de las empresas intermediarias podrían haber alcanzado los 50 millones de euros.

La ’operación Heracles’, que es como se ha bautizado a la operación llevada a cabo este miércoles, es un paso muy importante en la investigación de la Guardia Civil al fraude de las ayudas al empleo en la Junta de Andalucía. El principal imputado continúa siendo el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero.

La operación ha comenzado en Jerez sobre las ocho de la mañana bajo la dirección de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con apoyo de agentes de la provincia. Han sido alrededor de 20 los que han estado en la ciudad. Antes de a las oficinas de Uniter Seguros, han llevado a cabo un registro en una vivienda.