El jerezano Antonio Fernández, implicado en el caso de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, ha solicitado una pensión alimenticia de algo más de 1.800 euros mensuales para hacer frente a “sus necesidades más básicas”. El exconsejero ha alegado ante la juez que “de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia”. 

En el escrito presentado por el abogado del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Alfonso Martínez del Hoyo, pide a la juez Mercedes Alaya que fije dicha pensión de alimentos con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la magistrada. El letrado señala que, tras su ingreso en prisión, Antonio Fernández «fue objeto de despido y perdió su puesto de trabajo» como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, “habiendo sufrido desde entonces y a partir del momento en que, tras más de tres meses de privación de ella, recuperó la libertad, una situación de completo rechazo social”.

De este modo, se le “han cerrado todas las puertas” y sus intentos de encontrar trabajo han resultado “inútiles”, a lo que se suma el “agotamiento a día de hoy de toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar”, por todo lo cual el exconsejero “carece en este momento de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas”, según ha avanzado la propia agencia Europa Press. Así, y según su abogado, al exconsejero “le resulta imposible hallar cualquier tipo de actividad remunerada y carece pues de ingresos por rentas de trabajo, o de cualquier especie, todos sus bienes y cuentas se encuentran embargadas y no percibe prestación pública o ayuda alguna periódica que le permita no ya hacer frente a sus obligaciones económicas, sino a la mera subsistencia”.

PAGO DE LA HIPOTECA DE SU VIVIENDA EN JEREZ

Para ello, el abogado acompaña su petición de la certificación emitida por el director provincial en Cádiz del Servicio Público de Empleo Estatal según la cual Antonio Fernández “no figura, al día de la fecha -5 de noviembre de 2014-, como beneficiario de una prestación/subsidio por desempleo”.

“Es por ello que nuestro representado se ve en inimaginable posición -si se considera su condición de exconsejero del Gobierno de la Junta y la realidad de decenios de dedicación al servicio público, con más el posterior desempeño de un cargo electivo y de alta remuneración como presidente del indicado Consejo Regulador- de completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos, a tal extremo que de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia”, alega.

De este modo, “y por tan lamentable estado de cosas, nos vemos en la muy deplorable precisión de solicitar” del Juzgado el establecimiento de un derecho a la percepción de alimentos con cargo a la indemnización por la extinción de su relación laboral con González Byass, “cuyo importe obra en la cuenta de consignaciones del Juzgado”.

A continuación, el abogado relaciona y aporta documentación acreditativa de los gastos que el exconsejero “ha de afrontar con periodicidad mensual”, como el préstamo hipotecario que pesa sobre su vivienda de Jerez, ascendente a 710,47 euros mensuales, los gastos de la comunidad de propietarios de dicha vivienda, de 60 euros mensuales, o el suministro de agua y basuras, de 35 euros cada dos meses.

GASTOS DE GAS Y ELECTRICIDAD

También hace alusión al gasto por el suministro de gas en su vivienda habitual, de 15 euros bimensuales, el suministro de electricidad, de 120 euros también cada dos meses, o los gastos de alimentación, vestido y consumo básico, “prudencialmente estimados en 900 euros”. El letrado pide la pensión alimenticia “a principios de elemental justicia y humanidad” y “considerando que las medidas cautelares de orden real adoptadas no pueden o no deberían significar la imposibilidad de que, viéndose reducido a situación de real desamparo económico, Antonio Fernández no pueda disponer, para su pura subsistencia, de un mínimo con cargo a sus propios bienes”.

Todo ello, además, para “preservar la conservación de su patrimonio haciendo frente al pago del crédito hipotecario que grava su vivienda habitual”, lo cual “redundará en la conservación de la garantía que dicho inmueble supone a las resultas de este procedimiento, pues de persistir los actuales impagos se producirá su pérdida por ejecución hipotecaria”.

El abogado, por todo ello, pide que se le reconozca a su defendido el derecho a la percepción de alimentos por 1.840 euros mensuales, “cantidad que, siendo sustancialmente inferior a la que percibía anteriormente a la pérdida de su empleo, creemos mínimamente ajustada a las necesidades de sustento elemental y obligaciones económicas personales” del exconsejero.