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Jerez instará a la Junta a que desafecte las vías pecuarias sin exigir un trazado alternativo

El Pleno ordinario celebrado esta mañana en el Ayuntamiento se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria del universal guitarrista Paco de Lucía, fallecido ayer en México. La alcaldesa ha informado igualmente que el Ayuntamiento de Jerez ha enviado un telegrama de condolencias al Ayuntamiento de Algeciras para que se extienda a la familia y amigos del guitarrista.

Una vez comenzada la sesión, el Pleno ha aprobado una proposición para instar a la Junta de Andalucía a la desafectación de las vías pecuarias que pasan por los núcleos clasificados en el PGOU como hábitats rurales diseminados.

Igualmente, se insta a la Junta a que, en el caso de que no se pudiese llevar a cabo la desafectación total, que la vía pecuaria quede reducida a su tamaño actual, es decir, que se permita la ‘huella pecuaria’ y no se exija en ningún caso el trazado alternativo para poder llevar a cabo la legalización de las viviendas en ellas situadas, tras la aprobación definitiva de los correspondientes Planes Especiales.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha explicado que “este Gobierno no propone la legalización de viviendas al margen de la ley. El trazado alternativo supone la expropiación y la compra de terrenos por lo que  los vecinos tendrían que pagar. Nosotros queremos favorecer la solución de la huella pecuaria ya que los vecinos no tendrían que pagar el deslinde alternativo. Ésta alternativa es la más rápida posible y en la que los vecinos no tienen que pagar un coste adicional. No cargar sobre la espalda de los ciudadanos un problema económico cuando puede solucionarse sin coste económico y más rápido. Es una solución legal, rápida y barata y creo que después de tantos años esperando es lo que se merecen los vecinos de la zona rural”.

Por su parte, la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez-Toro, ha ahondado en que “lo que pide este Gobierno municipal es el reconocimiento de unos hábitats rural diseminados que son históricos y están reconocidos en nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Es un problema histórico que lleva padeciendo la zona rural desde hace más de 30 años”.

La delegada también ha recordado que “ese Gobierno ha procedido a la legalización de más 80 viviendas en la zona rural y ha elaborado 6 Planes Especiales. Pero el procedimiento se atasca en todo lo que se refiere al dominio público, por lo que los vecinos no obtienen ni licencias de primera ocupación, ni pueden acceder a servicios tan básicos como la luz y el agua, y tampoco pueden obtener licencia para abrir un negocio, lo que impide el desarrollo socieconómico de la zona y aboca a sus vecinos a la emigración a otras poblaciones o al casco urbano”. Sánchez Toro también ha recordado que se han reunido con los representantes de la Junta y “llevamos dos años esperando para la creación de una comisión técnica integrada por técnicos de la Junta y del Ayuntamiento para buscar una solución definitiva a una demanda histórica”.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición para que se proceda a la demolición integral de los veinte bloques que componen la barriada de Cerrofruto. El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, ha aclarado que “la demolición integral se debe realizar con el procedimiento de licitación adecuado para conseguir que sea continua y progresiva en el tiempo. Y también que se puede convocar un concurso de ideas participativo y abierto entre el vecindario de forma provisional para que los residentes decidan su uso y de acuerdo con lo que ya plantea el PGOU”.

El delegado también ha recordado las actuaciones que el Gobierno municipal ya ha llevado a cabo en Cerrofruto como la limpieza por parte de los operarios  de Medio Ambiente, el aumento de la vigilancia policial y el inicio de expediente para las obras de demolición de los primeros 8 bloques de la barriada.

El Pleno ha aprobado con los votos favorables del PP y la abstención del resto de los grupos municipales la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, actividades recreativas y espectáculos públicos y la tasa por suministro eléctrico en el Parque González Hontoria.

El tercer teniente de alcalde y delegado de Economía, Enrique Espinosa, ha garantizado que “los técnicos municipales han realizado un estudio en el que se establece que tanto los caseteros como los feriantes no pagarán más con esta tasa. No supone un incremento con respecto a los costes que pagan actualmente los beneficiarios de la energía eléctrica durante la Feria del Caballo”.

Por su parte, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha reiterado que “el Ayuntamiento debe atenerse a la legalidad y hemos optado por una tasa que ya se está aplicando en otros municipios y no va a suponer ningún sobrecoste para caseteros y feriantes”. También se ha aclarado que se mantendrán reuniones para informarles de esta nueva ordenanza.

Por unanimidad se ha aprobado una proposición del grupo municipal popular para que se inste al Ministerio de Industria a implantar una serie de medidas que no castiguen el tipo de consumo de la agricultura de regadío, principal motor económico y generador de empleo de muchas rurales y por ello, se pide al Gobierno de la Nación establecer una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío y de gran parte de la agroindustria española.

La delegada de Educación y Juventud, Lidia Menacho, ponente de la propuesta, ha agradecido el apoyo del resto de los grupos municipales y ha recordado que “el PP siempre ha defendido los intereses de los agricultores, haciendo una apuesta decidida del campo como motor de crecimiento económico de la ciudad. Hay que recordar que Miguel Arias fue el impulsor de la modernización de los regadíos de la comarca y el impulsor del actual Parque Tecnológico Agroindustrial y actualmente seguimos impulsando el sector vitivinícola”.

Se ha aprobado también por unanimidad una proposición para que se inste al Gobierno Central para que la Agencia Tributaria catalogue las rentas y pensiones de los emigrantes retornados como exentas de tributación. Se han aprobado también una proposición relativa al sector energético.

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