Cabe recordar que el empresario fue citado a declarar inicialmente el pasado día 5 de marzo junto a su hijo Zoilo, pero no acudió, por lo que lo volvió a citar para este miércoles, a partir de las 11.00 horas, advirtiéndole de que la orden de citación podrá convertirse en orden de detención si no se presentaba.

En un comunicado, Ruiz-Mateos aseguró este martes que no iría a Sevilla a declarar porque “no cree en la Justicia ni en la honorabilidad de los jueces”, por lo que “reitero que no iré a Sevilla a declarar, así me ajusticien en plaza pública o me lleven a la picota del descrédito y la trampa permanente”. “Haga lo que haga, me quedo en esta casa que no es mía esperando que me detengan, lo único que puedo aguardar en este maravilloso país tomado por sinvergüenzas de la política, la banca y la judicatura”, aseveró.

Zoilo, para quien la acusación que ejerce la Junta pidió una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros, sí compareció el pasado miércoles ante la juez y aseguró que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, pues “todo lo llevaba” su padre.

La juez Alaya imputa tanto a José María Ruiz-Mateos como a su hijo Zoilo la consecución de los ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) y de empresas del grupo como Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, lo que fue posible “a través del tráfico de influencias ejercido” por ambos y por Juan Lanzas, “a quien se le pagaría como ‘conseguidor’ ante la Administración autonómica a razón de 600.000 euros por ERE”.

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y a uno de sus hijos, Zoilo, en relación al ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), según ha trascendido este lunes a través de diferentes medios de comunicación. De hecho, la propia Alaya ha notificado este lunes la resolución de las imputaciones y los cita a ambos a declarar el 5 de marzo.

Cabe recordar que en esta misma causa ya se encuentran imputados otros dos hijos del empresario, concretamente Pablo y Javier. Estos últimos declararon la semana pasada y aseguraron que no intervinieron directamente en el ERE del hotel Cervantes ni hicieron pagos en metálico y en dinero B al ‘conseguidor’ Juan Lanzas. La juez les imputa un delito de malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros a cada uno. Esa cantidad se corresponde a lo que aportó la Junta de Andalucía (6,4 millones) para el Expediente de Regulación de Empleo del hotel en cuestión, más el tercio legal previsto en estos casos.

En el ERE de este establecimiento, que era propiedad del grupo Rumasa, se habrían colado dos intrusos. El Gobierno andaluz se adhirió a la petición de fianza de la fiscalía.