Mientras tanto, como insisten, son solo tres los coches patrulla a disposición de los agentes para una ciudad de dimensiones más que considerables, lo que irremediablemente perjudicará a la asistencia que se preste al ciudadano. “Esto va conllevar que sea imposible atender servicios urgentes -lamentan-, además de largas esperas cuando un ciudadano requiera la intervención de una unidad policial por alguna incidencia”. Para ellos, la responsable de toda esta coyuntura no es otra que la alcaldesa, como autoridad superior de la Jefatura de la Policía Local, y quien no hay que olvidar que se comprometió a que cuando concluyera el contrato de renting de los vehículos en el mes de junio, el Ayuntamiento iba a proceder a su adquisición para disponer de ellos como una propiedad municipal más.

En estos momentos esta intención ha quedado truncada, y los agentes del SIP denuncian que ni tan siquiera pueden disponer del transporte público para sus desplazamientos, ya que se les exige el pago del correspondiente billete. Aunque durante todos estos meses han conservado la paciencia en torno a la carencia de medios y la falta de respuestas, la situación crítica por la que atraviesan ahora podría derivar en una nueva oleada de movilizaciones, si los funcionarios no pueden ejercer su trabajo con unas mínimas garantías. Solo el tiempo dirá si el gobierno local cede pronto a sus demandas, o por el contrario la ciudad vive próximamente nuevos episodios de protestas.