Si Pedro Pacheco se apresuró a informar a los pocos minutos de conocer la sentencia por el ‘caso de los Asesores’ de que recurriría el fallo ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía no se ha quedado atrás y ha anunciado un recurso de casación que se materializará en los próximos días. El motivo no es otro que su descontento con cierto aspecto de la sentencia, pero obviamente en sentido opuesto al del exalcalde: el Ministerio quiere que se amplíe la condena, añadiendo el delito de falsedad documental. Una consideración que no resulta novedosa, ya que tanto en su calificación inicial como en sus conclusiones finales la fiscal Anticorrupción se ratificó en solicitar para Pacheco, López y Cobacho una condena no solo por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, sino también por el de falsedad documental. La jueza de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Lourdes Marín, los condenó sin embargo por los dos primeros, absolviéndoles del último.

Así lo han confirmado a Reporteros Jerez fuentes del caso, explicando que el recurso de la Fiscalía podría estar cimentado en el siguiente párrafo de la sentencia: “Si bien es cierto que los contratos suscritos no han respondido a la realidad y que cabría penalizar por falsedad ideológica, en cuanto que son un artificio, inexistentes y nulos… dada la prevaricación, que ha consistido en realizar unas contrataciones sin que respondan a lo concertado con el fin de obtener una ganancia del erario público, se considera que no cabe penalizar doblemente los mismos hechos”. Es decir, la magistrada aún reconociendo que existió falsedad en documento, lo engloba todo en el delito de prevaricación y no estima conveniente penarlo por separado.

En el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiera finalmente el recurso que interpondrá la Fiscalía la condena se ampliaría para los tres procesados, y en el caso concreto del exalcalde podría alcanzar los seis años de prisión, que fue lo solicitado por el Ministerio durante el juicio. Si por el contrario admitiese a trámite el recurso de la defensa, es posible que Pacheco consiguiera la absolución por haber realizado unos contratos que, como él sigue manteniendo, “se acogieron a la legalidad y estuvieron amparados por un pacto político”.

El día de resaca judicial de lo que muchos consideran ya una sentencia ejemplarizante contra Pedro Pacheco ha estado plagado de reacciones, empezando por la de la alcaldesa, María José García-Pelayo. Aunque en un primer momento se ha remitido a lo declarado ayer por el portavoz de su gobierno, Antonio Saldaña, la primera regidora no ha podido evitar soltar algunas perlitas al respecto insistiendo en la ‘muerte política’ del exalcalde. “La historia no ha terminado bien para él, su final político es éste y yo pediría que hubiera un respeto importante para Jerez. Es una sentencia muy grave, y no queremos que contamine a la ciudad con sus consecuencias. Lo que hace falta es que miremos hacia adelante y Jerez pase página definitivamente”.

En lo que respecta a la intención del líder de Foro Ciudadano de continuar en la vida pública, García-Pelayo ha querido mantenerse al margen asegurando que “se trata de una decisión personal”, si bien ha apostillado que “cualquiera sabe por dónde puede salir este señor”.  La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, se ha mostrado más tibia a la hora de pronunciarse subrayando únicamente el “respeto a los fallos judiciales y a un sistema que tiene todas las garantías”. En esta línea, ha mostrado una vez más su “respeto a las decisiones personales y de partido”, en alusiones al futuro político de Pacheco, pidiendo que “este asunto no logre enturbiar la vida política”. En lo que sí ha entrado algo más al trapo ha sido en las comparaciones y paralelismos que se pudieran establecer entre el ‘caso de los Asesores’ por el que ha sido condenado el exalcalde y el otro por el que sentará en el banquillo la antigua regidora socialista, Pilar Sánchez.

Así, ha resaltado que “son casos entre los que no hay similitudes sino deferencias y ello se demostrará. En el caso de Sánchez, el fiscal pide el sobreseimiento y eso es algo que lo tenemos que poner en valor, porque no se ha posicionado de la misma manera en uno que en otro”. El secretario local del PA en Jerez, Santiago Casal, se ha manifestado de forma más drástica pidiendo la dimisión “inmediata” de Pedro Pacheco y José López de todos sus cargos públicos para que “se centren en su defensa”. Como ha argumentado el andalucista, “moralmente, personas condenadas no pueden estar representando a la ciudadanía en un pleno municipal. Un mandato popular no es una patente de corso para hacer lo que venga en gana con las administraciones públicas y sus recursos humanos, materiales y económicos”, ha sentenciado.

“DIMITIR SERÍA COMO DAR LA RAZÓN A LOS QUE ESTÁN EJERCIENDO EL ACOSO”

La coordinadora de Foro Ciudadano, por su parte, ha enviado un comunicado informando de su decisión unánime de avalar la continuidad en sus cargos del concejal del Ayuntamiento de Jerez, Pedro Pacheco, y del edil de esta misma corporación y diputado provincial, José López, “ante el brutal atropello y el linchamiento judicial sin precedentes que están sufriendo”. Como ha recalcado la formación, la sentencia no es firme y “a todas luces desproporcionada”, insistiendo como ya hicieran los propios protagonistas en que todo deriva “del juicio político en el que se han visto inmersos a raíz de una acusación falsa por dos contrataciones perfectamente legales”. Por ello y porque entienden que el fallo es “absolutamente exagerado y desmedido”, el máximo órgano de decisión del partido considera que las dimisiones de ambos políticos electos serían como “dar la razón gratuitamente a quienes están ejerciendo la vil práctica del acoso y derribo para eliminarlos de un plumazo de la vida política activa”.

En el mismo comunicado, desde el Foro aprovechan para anunciar la incorporación en sus filas de Raúl Ramírez Dorantes, que de esta forma regresa a la vida política activa y que pasará a ser el portavoz de la organización. Abogado de profesión, Ramírez fue delegado municipal y concejal del Ayuntamiento de Jerez entre 2000 y 2011, y ha ejercido responsabilidades políticas en diferentes ámbitos de la vida municipal, como las delegaciones de Seguridad y Movilidad, Participación Ciudadana y Deportes. 

El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de transmitir hoy las consideraciones del gobierno local sobre la sentencia judicial que condena a Pedro Pacheco. El popular no ha tenido pelos en la lengua y siempre manteniendo “el respeto por la Justicia” ha cargado contra alguien a quien ya de antemano supone muerto políticamente, a pesar de que el líder del Foro ha mostrado su intención de seguir batallando en la vida pública.

“Lamentamos que alguien que ha sido alcalde tantos años y ahora concejal termine su vida política de esta forma- ha sentenciado-. Esto no es bueno para Jerez. Se le condena por delitos muy graves y por haber utilizado el dinero público, que como recalcamos es de todos los jerezanos, para un beneficio personal”. Es por eso que el ejecutivo lo único que pide ahora a Pacheco es que “respete a la ciudad y su condena no la pague con ésta, ya que está en deuda con los jerezanos. Lo que hace falta es honestidad, ilusión y trabajar por el futuro de la ciudad”, apostilla.

Tocado, aunque asegura que no hundido, se ha mostrado Pedro Pacheco tras conocer el fallo judicial que le condena a cuatro años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación por el ‘caso de los Asesores’. En una rueda de prensa en la que se le ha visto visiblemente afectado, el exalcalde se ha comparado con condenados en otros casos de enorme trascendencia pública para demostrar la “tremenda injusticia” que con él se ha cometido. “Qué curioso que algunos tengamos que demostrar nuestra inocencia, mientras a otros los desimputan. Quieren cargar en mí todos los casos de este país. Al parecer soy Bárcenas, Gürtel, Urdangarín y Matas”.

En esta línea de erigirse en víctima del sistema, ha aludido incluso a la pena de Ortega Cano de dos años y medio de cárcel por homicidio involuntario, la del asesino de Marta del Castillo (20 años) o la de Isabel Pantoja por blanqueo de capitales (dos años), asegurando que está padeciendo “una persecución y una estrategia intolerable de acoso y derribo”. Así, queda meridianamente clara su frontal oposición a la sentencia, que ha reconocido haberle cogido por sorpresa y causado la más absoluta “estupefacción”, por lo que no dudará en recurrir “semejante disparate” ante el Tribunal Supremo para conseguir la absolución.

“Como mucho habré incurrido en un error administrativo, pero jamás en un acto punible. Esto es un atropello contra mi honorabilidad y la de mis compañeros, por lo que seguiremos luchando pese a quien pese”. En alusiones a su futuro político, el líder de Foro Ciudadano ha confesado que tiene “más ganas que nunca” de seguir en la batalla, por lo que descarta por completo la dimisión aunque recuerda que “las actas pertenecen a los partidos y no a las personas”, por lo que su agrupación política tendrá que pronunciarse en las próximas horas. “Todo partió de una denuncia falsa basada en informes falsos hechos por técnicos bajo coacción, como ellos mismos reconocieron en el juicio. Aquí subyace un deseo de acabar con Pacheco, pero necesitarán mucho más para borrarme del mapa”. 

José López, que ha comparecido junto a Pacheco, también ha transmitido sus ganas de seguir al frente de la vida política a pesar de su condena de dos años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación. Además, ha aprovechado para mandar un aviso a navegantes advirtiendo que desde Foro están “dispuestos a plantear en los juzgados todas las cuestiones que no se resuelvan en el Ayuntamiento”, adelantando que “anunciaremos a personalidades de Jerez que se sumarán a nosotros, porque a esto le sacaremos punta política”.

La sentencia por el ‘caso de los Asesores’ ha conmocionado a la ciudad entera, después de que se haya hecho público que el exalcalde Pedro Pacheco ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, además de ocho de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. En su fallo, la magistrada titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial condena también a los otros dos procesados, José López y Manuel Cobacho, a dos años y medio y dos años y tres meses de cárcel, respectivamente, además de inhabilitación de cuatro años y tres meses para el primero y de cuatro años para el segundo de ellos.

Lo primero que hace la jueza en la sentencia, a la que REPORTEROS JEREZ ha tenido acceso, es contextualizar los hechos delictivos en el periodo en el que Pilar Sánchez era alcaldesa, concretamente en enero de 2005 cuando comenzó su mandato y el pleno de la corporación municipal como una atribución “indelegable” aprobó el número, características y retribuciones del personal eventual de confianza. En virtud de ello se procedió a la designación de los asesores, correspondiendo dos al grupo del PSA cuyos nombramientos recayeron en Miriam Fernández y Juan Díaz. La primera cesó a los dos años, y su puesto fue ocupado por Julio Román. De esta forma, los asesores relativos al partido de Pacheco ya estaban totalmente designados.

En marzo de 2005, el exalcalde pasó a ostentar el cargo de presidente en la sociedad Speed Festival y fue allí donde contrató como asesor político a su compañero de partido José López, “aprovechando su cargo para lucrarse con dinero del erario público, al no haber sido designado por el grupo político mencionado”. En virtud de ello, y “sin cumplimiento de trámite, expediente o requisito alguno”, Pacheco dio órdenes de transferencias bancarias según facturas a favor de López “que no reflejaban realidad alguna, por trabajos no efectuados ni encargados por Speed Festival”. El montante total de las mismas ascendió a 32.407,31 euros, con cargo al erario público y sin que el consejo de administración de la sociedad tuviera nunca conocimiento de la contratación.

Este mismo caso se repitió en noviembre de 2005 en la empresa municipal de suelo (Emusujesa), en la que el líder del PSA ostentaba el cargo de vicepresidente y como tal suscribió un contrato nuevamente con López sin trámite alguno “para dar apariencia de legalidad a la recepción ilícita de dinero público” por parte de su colega. En el marco de Emusujesa fueron 74.580,12 euros los que el último se desembolsó “sin haber efectuado actividad o prestación que lo justifique”. Este modus operandi se volvió a copiar dentro de la misma sociedad pero con Manuel Cobacho como beneficiario, gracias a lo que llegó a ganar casi 100.000 euros (99.846,23). Un dinero público “recibido a cambio de no efectuar, tal y como habían acordado, ejecución de obra o servicio alguno”.

Por los hechos relatados, el tribunal considera a Pacheco autor de un delito continuado de prevaricación en concurso con otro continuado de malversación de caudales públicos, mientras que a López y Cobacho los condena por cooperadores necesarios de los mismos delitos. La jueza, sin embargo, absuelve a todos ellos del delito de falsedad documental que también les imputaba la Fiscalía. Además de las penas mencionadas, entre los tres deberán afrontar indemnizaciones a las sociedades municipales afectadas que rondan los 200.000 euros.

El abogado del Ayuntamiento personado en la causa como acusación particular, Juan Pedro Cosano, ha mostrado su satisfacción ante el fallo judicial que se corresponde con las penas que él mismo había solicitado durante la vista (cabe recordar que el letrado solicitó cuatro años y medio de cárcel para Pacheco, mientras que el fiscal pidió seis). Cosano ha querido matizar, no obstante, que se encuentra satisfecho “solo a nivel profesional, pues yo no quiero particularmente que entre nadie en la cárcel”.

El portavoz municipal de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, ha comparecido esta mañana junto al resto de concejales que integran esta organización política para abordar diferentes aspectos de actualidad. Durante su comparecencia en un desayuno informativo celebrado en el Hotel Sherry Park, ha denunciado en primer lugar el incumplimiento “flagrante” del pliego de condiciones de la privatización de Aguas de Jerez a manos del gobierno local del PP. Y es que, según ha asegurado, la alcaldesa Pelayo ha permitido, “apenas 24 horas después de que la empresa Aqualia se hiciese con el control de la empresa municipal, que dos altos cargos de Ajemsa hayan sido absorbidos por el Ayuntamiento con un coste económico para las arcas municipales de unos 250.000 euros brutos anuales”. “Este hecho, dentro del tocomocho que ha supuesto la venta del agua de todos los jerezanos a una empresa afín al PP, es muy grave porque el pliego establece con una carta de garantías que todo el personal de Ajemsa debía subrogarse a la nueva empresa y ahora vemos que ya han salido dos altos cargos muy costosos para que sean asumidos por el Consistorio”, ha enfatizado Pacheco.

Al margen de lamentar el “hostigamiento” al que la Policía Local, ordenada por el gobierno popular, sometió el pasado sábado a manifestantes jerezanos contrarios a la venta del agua por parte del PP, el líder de Foro Ciudadano ha reiterado que “todas estas extrañas maniobras dejan a las claras que esta venta de un bien común hay que anularla”. Más aún, ha dicho, “cuando ha vuelto a demostrarse que esta señora Pelayo no hace más que mentir una y otra vez a la opinión pública, pues recientemente aseguró que Aguas de Jerez cerró 2012 con un déficit de 6 millones de euros y hace escasas semanas comprobamos que, más al contrario, la sociedad obtuvo un superávit de unos 2 millones de euros”. “Esta señora mintió en campaña electoral y sigue gobernando con mentira tras mentira”, ha vuelto a señalar ante los medios de comunicación. Volviendo a la privatización del agua, Pedro Pacheco ha afirmado que “Aqualia ha entrado como elefante en cacharrería y, por supuesto, no tardará mucho más en anunciar grandes subidas tarifarias, viendo que en el tema de personal ya ha metido mano. No nos extraña nada de esto porque se nos ha quedado la boca seca de denunciarlo una y otra vez desde hace más de un año”.

Después de advertir que “aún seguimos esperando concreciones e información sobre esa visita del señor Beteta a la ciudad aprovechando que venía a la intermunicipal del PP en Chiclana, porque no sabemos nada de esa refinanciación y sí del gran trabajo que está haciéndole el PP a los bancos”, Pedro Pacheco ha anunciado que Foro Ciudadano de Jerez elevará al próximo pleno del viernes una propuesta para “relanzar e impulsar un activo con tanto potencial para la economía de la ciudad y el turismo provincial como es el complejo museístico de La Atalaya”. Este Plan Estratégico 2013-2015, que ya fue aprobado por el pleno de la Diputación en el pasado mes de marzo, incluye medidas como adecuar parte de estas instalaciones como Centro de Congresos, creación de un Consorcio-Escuela, relanzamiento del Museo del Tiempo con patrocinio y reapertura urgente del Museo del Jerez, venta del inmueble que la FAR tiene en calle Ancha, reconversión en restaurante temático y tienda del chalé de la calle Cervantes, entre otras medidas que serán expuestas a propuesta de Foro Ciudadano en el próximo pleno. “No nos cansamos –ha incidido- de proponer soluciones para Jerez porque a este paso llegaremos a los 40.000 parados, mientras el PP parece que sólo quiere ocultar toda esta realidad bajo palio y seguir mirando a otro lado para atender las visitas de los mediocres del partido que llegan a la ciudad para no sabemos qué”. “Las barriadas se caen a pedazos y los vecinos te miran con tristeza porque por allí no aparece nadie del gobierno local del PP. Y allí no se comen a nadie, a ver si se enteran”, ha recordado.

Asuntos judiciales

Cuestionado por la prensa por sus impresiones tras el juicio por la denuncia falsa y la “patraña” emprendida por la anterior alcaldesa de Jerez, Pedro Pacheco ha vuelto a mostrarse tranquilo y a expresar su confianza en la Justicia. Con total prudencia ante las futuras decisiones judiciales, ha mantenido que en el transcurso del juicio por el caso de dos contrataciones perfectamente legales en el marco del pacto suscrito en 2005 por PSOE y PSA “los técnicos municipales han clarificado perfectamente qué ocurrió y que si hubo alguna irregularidad sería administrativa y ajena a mí”. Según ha rememorado, “se trató de una denuncia falsa fruto de dos informes falsos elaborados por técnicos bajo la coacción de esa señora que amenazó con que si no firmaban se atuvieran a las consecuencias”. “Aquí sólo subyace el deseo de acabar personal y políticamente con Pedro Pacheco”, ha remarcado, no sin dejar de referirse a otros asuntos como el de Jerecom, donde “el anterior gerente de la GMU dejó claro la pasada semana que era imposible que hubiese facturas falsas en Urbanismo. Después de leer esta declaración y de leer hace tiempo lo que dijo el señor José Grimaldi de que yo no tuve nada que ver con este asunto, esto ya parece de tebeo”.

En cuanto a la pieza separada del sumario de Caso Gürtel denominada ‘Ayuntamiento de Jerez’, que implica directamente a la actual alcaldesa María José García-Pelayo durante su anterior etapa al frente del Ayuntamiento entre 2003 y 2004, Pedro Pacheco ha asegurado que “no tengo la menor duda de que aquí hay enjundia”, si bien ha matizado que “serán los órganos del Foro los que decidan si acudimos a los tribunales”. “Contamos con todo el sumario desde el pasado mes de enero y el expediente es muy sustancioso porque aquí presuntamente hubo hasta tres contratos a espaldas del consejo de Emusujesa, se vistieron expedientes, se coaccionó a funcionarios para que firmasen después de las adjudicaciones a empresas de la trama Correa… Fue una barbaridad de dinero público, una millonada, y hay recortes de prensa que aseguran que lo que se hizo en Jerez fue paradigmático del funcionamiento de esta red de contratos ilegales”, ha sintetizado ante los medios.

Foro Ciudadano ha anunciado que preguntará al gobierno municipal del Partido Popular por el procedimiento exhaustivo que se ha seguido en las últimas semanas para la contratación “sin publicidad alguna” de un asesor jurídico en la Empresa Municipal de Suelo, Emusujesa. En este sentido, la organización política exigirá también explicaciones a los populares en el seno del consejo de administración, “ya que del contrato del abogado Juan Pedro Cosano, histórico del PP jerezano, ni tan siquiera ha habido comunicación previa a los consejeros de los diferentes grupos políticos con representación en la corporación y en esta sociedad municipal”. Del mismo modo, instan al PP a que aclare cuánto va a costar este ‘fichaje’ al erario público, pese a que como recuerdan el Ayuntamiento dispone de un nutrido gabinete jurídico compuesto por numerosos letrados. “Y también deberá precisar qué ha ocurrido con la resolución del contrato de Manuel Montaño Monge, anterior asesor jurídico externo que igualmente sin publicidad ni comunicación alguna al consejo de administración contrató Emusujesa”.

Según la agrupación política, Cosano fue presidente del Partido Popular de Jerez, candidato a la Alcaldía a principios de los 90 y concejal de la oposición por ese mismo partido, teniendo precisamente a Pedro Pacheco como su mayor adversario y enfrentándose a él en montajes judiciales que perdió, como el famoso caso de Sherryworld entre finales de los 90 y principios de 2000. “Con estos antecedentes, Foro Ciudadano no se extraña lo más mínimo de que la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, decidiese prescindir del anterior letrado externo de Emusujesa, el señor Montaño, y haya colocado por la gatera de esta sociedad municipal al mencionado Cosano para que ejerciera la acusación particular en el caso de dos contrataciones perfectamente legales efectuadas al amparo del pacto político PSOE-PSA entre los años 2005 y 2007, como así ha vuelto a quedar demostrado durante la pasada semana”.

Con todo ello, concluyen que en el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial no se ha defendido en ningún caso el interés del Ayuntamiento, sino que lo que se ha tratado por parte del PP es de “desprestigiar y dañar públicamente la imagen del señor Pedro Pacheco y tratar de apartarle a toda costa de su carrera política ante la amenaza de que pudiera ser nuevamente candidato a la Alcaldía con opciones en 2015″. Pese a todo ello,desde Foro expresan su “más absoluta confianza en la Justicia” y su convencimiento de que cualquier posible hecho dudoso que hubiese habido que aclarar en los tribunales, ha quedado lo suficientemente dilucidado.

El juicio por el ‘caso de los Asesores’ contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho ha quedado visto para sentencia después de una última sesión extensa en la que cada parte ha expuesto sus conclusiones y alegato final. Llamativa aunque esperada ha sido ha sido la reducción de penas solicitada por la Fiscalía, que ha pasado de pedir 17,8 años de cárcel y 28 de inhabilitación para el exalcalde, a 6 y 10 respectivamente. En lo que se refiere a los otros dos procesados, ha fijado su petición en 4,5 años de cárcel para ambos y 8 de inhabilitación para López y 7 para Cobacho. Los delitos imputados, no obstante, siguen siendo los mismos: presunta prevaricación, malversación y falsedad documental, con la salvedad de que se han sustituido los tres de cada tipo atribuidos a Pacheco y los dos a López por uno solo pero continuado. La fiscal Anticorrupción, Virginia Alonso, ha protagonizado un dilatado discurso centrado en la presunta impunidad con la que los acusados, especialmente el líder de Foro Ciudadano, hacían y deshacían como creían conveniente dentro del ámbito municipal. Leer noticia completa

Tras casi cinco horas de una sesión judicial farragosa e intensa, el abogado que representa al Ayuntamiento y por tanto ejerce la acusación particular en el ‘caso de los Asesores’ compareció ayer ante los medios para lanzar una bomba: su petición de penas se reducirá “considerablemente”. Juan Pedro Cosano anunció así una decisión que debía materializarse este viernes durante la última jornada del juicio en la que cada parte trasladará su alegato final y así ha sido: Finalmente la petición de la acusación particular para Pacheco es de 4,6 años, mientras que la fiscal solicita un total de 6 años. La inhabilitación solicitada por la fiscal para Pacheco pasa de 28 años a 10. Cosano pide 8 años. ”Quiero ser sensato y adecuar la actuación del Ayuntamiento al principio de legalidad y proporcionalidad -explicó-, por lo que aún sabiendo la gravedad de los hechos vamos a bajar muy considerablemente la petición de penas. Estamos ante un problema de malversación que está muy penado, pero la conducta hay que contextualizarla y no puede ser que una persona tenga una petición de pena superior a la que tendría por matar a otra”. De esta forma, aunque ha asegurado que mantendrá la calificación inicial en cuanto a presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, ha confirmado que bajará drásticamente la cifra de 18 años de cárcel solicitada en un principio para Pedro Pacheco.

En la decisión podría haber influido el testimonio más decisivo del día, el del reputado catedrático de Derecho Administrativo José Luis Rivero, que ha comparecido a petición de la defensa del exalcalde para declarar básicamente que “los contratos de asesoramiento y confianza son discrecionales y no precisan motivación alguna, solo que se tengan competencias para celebrarlos y dinero para pagarlos”. En esta línea, el experto ha reconocido que han existido “irregularidades” como el hecho de que el contrato de José López en Speed Festival fuera solo verbal y no constara por tanto por escrito, pero que con ellas “no se ha contravenido una sola norma por lo que no hay causa de nulidad al respecto”. Rivero ha mostrado la laxitud que a su juicio reina en torno a la contratación de asesores, asegurando que hay casos en los que no se precisan los requisitos de publicidad y concurrencia e incluso que en sociedades de este tipo no tiene por qué ser aprobada por los consejos de administración, rigiéndose únicamente por sus propios estatutos.

Rivero, sin embargo, no ha sabido explicar cómo era posible que López (cuyo contrato según él era laboral, que es la única forma que permite la contratación verbal) cobrara mediante facturas como corresponde al beneficiario de un contrato mercantil. La Fiscalía y la acusación particular, por su parte, han incidido en que solo el pleno estaba legitimado para nombrar asesores, y que cualquier otra forma de contrato en el marco de las empresas municipales debía ser avalado por sus consejos de administración, cumpliendo en todo caso con los requisitos de publicidad y concurrencia que marca la ley para sociedades con dinero público mayoritario. Cada parte, en definitiva, ha facilitado una lectura contrapuesta de la legislación vigente cuya interpretación final deberá correr a cargo de la jueza. El nombramiento de los asesores ha centrado el debate hasta el punto de que la defensa ha presentado al inicio de la vista un documento que a su parecer demostraría la competencia de Pacheco para llevarlos a cabo.

EL DOCUMENTO DE LA DISCORDIA

La magistrada, Lourdes Marín, ha aceptado esta prueba documental a regañadientes por encontrarse fuera de plazo, si bien Cosano no ha mostrado objeción alguna a ello al no descartar que el documento “pudiera volverse en contra de los acusados”. El escrito, al que este medio ha tenido acceso, es un informe complementario al acuerdo plenario de diciembre de 2004 en el que PSOE y PSA establecían los puntos y normas concretas en cuanto al número de asesores por grupo, nombramientos y retribuciones. En dicho documento ‘complementario’, que data de abril de 2005, se decreta que “la Alcaldía delegará la presidencia efectiva o, en su caso, la vicepresidencia ejecutiva de los organismos autónomos y demás entidades municipales a favor de los coordinadores de cada área”. Según Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, sería este párrafo el que demostraría la legitimidad de su representado en su calidad de vicepresidente de Speed Festival y Emusujesa para nombrar a los asesores de sus sociedades. En el mismo escrito se fija en 2 el número de asesores que corresponderían al PSA, más otro por ostentar su cabeza de lista el puesto de teniente de alcaldesa.

Como recordó la fiscal, esos 3 cargos ya estaban ocupados por tres miembros del partido de Pacheco que fueron nombrados en virtud del pleno, por lo que éste no podría haber engrosado su lista de asesores con ninguno más. Para terminar de liar la madeja, el escrito viene acompañado de un cuadro de retribuciones en el que aparecen 4 asesores del PSA (es decir, uno más de los autorizados por el pleno) sin que tampoco figure la identidad de los titulares. En declaraciones a los periodistas tras el juicio, Meléndez lo ha justificado en que “es probable que se produjeran acuerdos sucesivos de ampliación de asesores” que no constan en la causa, reconociendo en cualquier caso que “no está nada claro”. Por lo demás, la comparecencia del resto de técnicos y personal del Ayuntamiento que se han subido al estrado en calidad de peritos no ha arrojado mucha luz sobre el asunto, dejando patente el aparente desconocimiento y vacío legal que reina en torno a la figura del controvertido asesor político.

Tras casi cinco horas de una sesión judicial farragosa e intensa, el abogado que representa al Ayuntamiento y por tanto ejerce la acusación particular en el ‘caso de los Asesores’ compareció ante los medios para lanzar una bomba: su petición de penas se reducirá “considerablemente”. Juan Pedro Cosano anunció así una decisión que deberá materializarse mañana viernes, durante la última jornada del juicio en la que cada parte trasladará su alegato final. “Quiero ser sensato y adecuar la actuación del Ayuntamiento al principio de legalidad y proporcionalidad -explicó-, por lo que aún sabiendo la gravedad de los hechos vamos a bajar muy considerablemente la petición de penas. Estamos ante un problema de malversación que está muy penado, pero la conducta hay que contextualizarla y no puede ser que una persona tenga una petición de pena superior a la que tendría por matar a otra”. De esta forma, aunque ha asegurado que mantendrá la calificación inicial en cuanto a presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, ha confirmado que bajará drásticamente la cifra de 18 años de cárcel solicitada en un principio para Pedro Pacheco.

Una petición que no ha concretado pero que será en todo caso superior a dos años, que es el periodo a partir del cual las condenas ya implican prisión efectiva por Ley. Una decisión en la que podría haber influido el testimonio más decisivo del día, el del reputado catedrático de Derecho Administrativo José Luis Rivero, que ha comparecido a petición de la defensa del exalcalde para declarar básicamente que “los contratos de asesoramiento y confianza son discrecionales y no precisan motivación alguna, solo que se tengan competencias para celebrarlos y dinero para pagarlos”. En esta línea, el experto ha reconocido que han existido “irregularidades” como el hecho de que el contrato de José López en Speed Festival fuera solo verbal y no constara por tanto por escrito, pero que con ellas “no se ha contravenido una sola norma por lo que no hay causa de nulidad al respecto”. Rivero ha mostrado la laxitud que a su juicio reina en torno a la contratación de asesores, asegurando que hay casos en los que no se precisan los requisitos de publicidad y concurrencia e incluso que en sociedades de este tipo no tiene por qué ser aprobada por los consejos de administración, rigiéndose únicamente por sus propios estatutos.

Rivero, sin embargo, no ha sabido explicar cómo era posible que López (cuyo contrato según él era laboral, que es la única forma que permite la contratación verbal) cobrara mediante facturas como corresponde al beneficiario de un contrato mercantil. La Fiscalía y la acusación particular, por su parte, han incidido en que solo el pleno estaba legitimado para nombrar asesores, y que cualquier otra forma de contrato en el marco de las empresas municipales debía ser avalado por sus consejos de administración, cumpliendo en todo caso con los requisitos de publicidad y concurrencia que marca la ley para sociedades con dinero público mayoritario. Cada parte, en definitiva, ha facilitado una lectura contrapuesta de la legislación vigente cuya interpretación final deberá correr a cargo de la jueza. El nombramiento de los asesores ha centrado el debate hasta el punto de que la defensa ha presentado al inicio de la vista un documento que a su parecer demostraría la competencia de Pacheco para llevarlos a cabo.

EL DOCUMENTO DE LA DISCORDIA

La magistrada, Lourdes Marín, ha aceptado esta prueba documental a regañadientes por encontrarse fuera de plazo, si bien Cosano no ha mostrado objeción alguna a ello al no descartar que el documento “pudiera volverse en contra de los acusados”. El escrito, al que este medio ha tenido acceso, es un informe complementario al acuerdo plenario de diciembre de 2004 en el que PSOE y PSA establecían los puntos y normas concretas en cuanto al número de asesores por grupo, nombramientos y retribuciones. En dicho documento ‘complementario’, que data de abril de 2005, se decreta que “la Alcaldía delegará la presidencia efectiva o, en su caso, la vicepresidencia ejecutiva de los organismos autónomos y demás entidades municipales a favor de los coordinadores de cada área”. Según Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, sería este párrafo el que demostraría la legitimidad de su representado en su calidad de vicepresidente de Speed Festival y Emusujesa para nombrar a los asesores de sus sociedades. En el mismo escrito se fija en 2 el número de asesores que corresponderían al PSA, más otro por ostentar su cabeza de lista el puesto de teniente de alcaldesa.

Como recordó la fiscal, esos 3 cargos ya estaban ocupados por tres miembros del partido de Pacheco que fueron nombrados en virtud del pleno, por lo que éste no podría haber engrosado su lista de asesores con ninguno más. Para terminar de liar la madeja, el escrito viene acompañado de un cuadro de retribuciones en el que aparecen 4 asesores del PSA (es decir, uno más de los autorizados por el pleno) sin que tampoco figure la identidad de los titulares. En declaraciones a los periodistas tras el juicio, Meléndez lo ha justificado en que “es probable que se produjeran acuerdos sucesivos de ampliación de asesores” que no constan en la causa, reconociendo en cualquier caso que “no está nada claro”. Por lo demás, la comparecencia del resto de técnicos y personal del Ayuntamiento que se han subido al estrado en calidad de peritos no ha arrojado mucha luz sobre el asunto, dejando patente el aparente desconocimiento y vacío legal que reina en torno a la figura del controvertido asesor político.