Los hechos se produjeron en el Puesto Fronterizo Marítimo de Algeciras cuando el ciudadano belga se disponía a cruzar la frontera para entrar en España procedente de Marruecos. Fue en los rigurosos controles fronterizos que ejercen los agentes de la Policía Nacional que allí prestan servicio, donde se identificó a dicha persona y se comprobó tener vigente la requisitoria europea.

La Guardia Civil en la operación  “CUATROYMEDIO” ha desarticulado una organización  que se dedicaba a la introducción de alijos de hachís por vía marítima, han sido detenidas y puestas a disposición judicial un total de  18 personas y emitidas 3 órdenes de detención internacional y han sido incautados  6.120 kilos de hachís, 2 armas de fuego prohibidas y 10 vehículos, de los que 5 figuraban como estaban sustraídos. Los miembros de la organización desarticulada secuestraron y  torturaron a una persona  a la que llegaron a amputar dos falanges de una mano para que respondiera por un alijo de hachís.

La Guardia Civil inició la investigación al detectar una organización criminal con una estructurada jerarquizada afincada en la desembocadura del río Guadalquivir al mando de varios cabecillas que se dedicaba al transporte de hachís desde Marruecos mediante embarcaciones semirrígidas, utilizando para la descarga y transporte de la droga por tierra, vehículos todo terreno sustraídos, que eran adquiridos previamente en la provincia de Málaga.

Una  vez descargada la droga la depositaban en viviendas próximas a la costa a modo de “guarderías”, para después distribuirla en partidas más pequeñas a otras ciudades de la península.

Secuestro y torturas a un joven de Sanlúcar de Barrameda

La Guardia Civil precipito la operación al interceptar  un vehículo con miembros de esta organización en el que había un joven de Sanlúcar de Barrameda que había sido secuestrado con gran violencia e intimidación con armas de fuego por un supuesto robo de un alijo de hachís. Este joven lo tuvieron retenido durante varios días y fue torturado llegando a  cortarle dos falanges de una mano, por lo que después de su liberación precisó de asistencia médica.

Fruto de las investigaciones se localizó una “guardería” situada en una nave agrícola de Jerez, donde se intervinieron 102 fardos de hachís, con un peso  aproximado3000 kilogramos, un todo-terreno sustraído, una pistola del calibre 9 corto y un revólver del calibre 38.

Tras la incautación de este alijo la organización intentó introducir a través del río Guadalquivir otro alijo de droga, interceptado por los investigadores,  siendo incautados 78 fardos con un peso de 2.340 kilos y deteniendo a seis personas que participaban en el mismo, siendo recuperado un todoterreno también sustraído, que había sido preparado en su interior para transportar la carga.

Este operativo fue desarrollado en la zona de Lebrija

A raíz de esta intervención se localizó en otra “guardería”, en la que se encontró un vehículo todo terreno también sustraído que la organización había traído desde Málaga con 24 fardos con un peso de 720 kilos. La operación ha sido desarrollada por agentes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las Comandancias de Cádiz y Málaga con el apoyo de agentes del Grupo de Acción Rural.

Todos los detenidos, los efectos y droga intervenidos han sido puestos a disposición del titular del Juzgado Mixto numero 3 de Sanlúcar de Barrameda, quien ha decretado el ingreso en prisión de 12 de los detenidos y la libertad con cargos a la espera de juicio de los otros 6. Ha sido dictada por el citado Juzgado una orden de detención internacional para otros 3 componentes de esta banda criminal que se encontraban fuera de España.

A través de una investigación posterior, la Policía averiguó que esta sustancia había sido comprada presuntamente a los otros dos procesados, que según el fiscal se dedicaban a la venta de estupefacientes. Los agentes procedieron entonces al registro del domicilio de uno de ellos, Juan Manuel G. B., situado en la barriada San Cristóbal, comprobando que era allí donde supuestamente y de forma habitual se llevaba a cabo la actividad ilícita. Entre otros objetos, los funcionarios intervinieron en la citada parcela una balanza, 2.637 euros, una libreta con anotaciones, dos cuchillos y un rollo de film transparente, relacionando todo ello con la compraventa de droga, además de casi 9.000 gramos de hachís y tres plantas de marihuana, cuyo valor total en el mercado alcanza los 10.000 euros.

En el inmueble se incautaron también 39 cartuchos de balas de 9 milímetros, sin que constase licencia alguna para ello. A juicio del Ministerio Fiscal, los hechos constituyen un presunto delito contra la salud pública del que serían autores los cuatro procesados y para los que pide dos años de cárcel. Además, deberán afrontar multas que en dos de los casos rozan la cifra de 20.000 euros

Un simple paseo basta para constatar que tras esa apariencia de zona residencial y con una ubicación privilegiada, se esconde todo un submundo de delincuencia a la vista de cualquier ciudadano. Nuestro paseo ni siquiera debe producirse a altas horas de la noche; a partir de las ocho de la tarde (en el caso de las que se dedican al oficio más viejo del mundo incluso antes), la avenida de México muda su traje de clase media-alta y jerezano ejemplarizante por el de dueño de la noche y de los vicios más condenados por la sociedad. Las prostitutas se exhiben por la avenida y calles colindantes, a veces en paños menores, como si de su propia casa se tratara; lo peor, no obstante, es todo lo que conlleva este negocio que deja tras de sí un rastro de narcotráfico, reyertas y alcoholismo difícil de borrar.

Las chicas ejercen su oficio en pubs con licencia para tomar una copa; lo que se haga dentro, como dicen las autoridades, ‘nadie lo puede controlar’. Sin embargo, los responsables no se molestan ni en ocultar lo evidente con las meretrices en la puerta y ese ambiente oscuro e inequívocamente provocador. En cualquier caso, su actividad es tan frenética que no solo cuentan con locales, sino también con pisos francos en lugares tan ‘aparentes’ como las Torres de Córdoba, donde estos negocios conviven con residentes resignados pero no por ello consentidores de la situación. De hecho, la presunta impunidad con la que se delinque en avenida de México no pasa desapercibida para ninguno de ellos, aunque casi nadie se atreva a denunciarlo públicamente por la mafias que, como aseguran, imperan en la zona e incluso han amenazado a los residentes en alguna ocasión.

A pesar de ello, Reporteros Jerez ha conseguido hablar con uno de ellos, que ha preferido permanecer en el anonimato. Como él mismo ha confirmado, han sido muchas las veces que los afectados han puesto en conocimiento del Ayuntamiento su profunda inquietud al respecto, sin haber conseguido hasta el momento ninguna actuación determinante que ponga freno a lo que se ha convertido esta parte de la ciudad. “El problema de la prostitución lleva intrínseca una grave delincuencia -explica-. Aquí hemos tenido peleas con pistolas, navajazos, venta de alcohol a menores… La inseguridad es total. Yo me he llegado a topar con un tío que huía de la Policía bañado en sangre. En cuanto a las prostitutas, en el piso franco que tienen hacen la calle desde la diez de la mañana. Los niños van al colegio y se las encuentran en plena calle medio desnudas. Esto se tiene que acabar”.

Para este perjudicado, como para muchos de los que se sienten agraviados por ello, la solución pasaría por habilitar espacios fuera del casco urbano, o al menos de zonas residenciales, donde se pudiera ejercer la prostitución sin necesidad de alterar la vida diaria de los vecinos. Algo que, según el entrevistado, resulta muy dificil pues no deja de ser “una cuestión política”. “Aquí mandan a policías pero nunca es suficiente. El problema es que esos lugares tienen licencia, un permiso que además se lo da el Ayuntamiento. Por aquí hay un bar con licencia para copas, que ahora se está dedicando a servir comidas y nadie controla eso; es un descontrol absoluto. Por otro lado, se trata de un negocio que mueve muchísimo dinero”.

UN CENTENAR DE INTERVENCIONES POLICIALES AL MES

Cuando acudimos a la otra cara de la moneda, nos encontramos con que la Policía Local tiene contabilizadas un centenar de intervenciones al mes en la avenida de México y sus alrededores. Los controles son continuos, como también los de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría), que en ocasiones protagoniza operativos conjuntos con los funcionarios municipales. ¿Qué ocurre entonces, para que la delincuencia siga campando a sus anchas? Las fuentes consultadas reconocen que a nivel preventivo poco se puede hacer, salvo identificar continuamente a los transeúntes con apariencia ‘sospechosa’ y organizar controles de manera sorpresiva. Más allá de eso, como se ha señalado los pubs cuentan con licencia y resulta muy complicado probar que en ellos se realizan actividades delictivas.

Lo curioso es que resulta de sobra conocido por todos la existencia de comercios, por ejemplo, que venden alcohol a partir de las diez de la noche y a menores de edad, a pesar de estar absolutamente prohibido. También existen otros bares, con nombres y apellidos, a los que el que lo desee puede dirigirse para comprar y consumir estupefacientes. El propietario del antiguo Kangaroo y el Koyote Pub, sin ir más lejos, fue condenado hace unas semanas por traficar con droga en ambos negocios, donde se ejercía tal actividad “de manera continuada”, según el fiscal.

Con todos estos datos sobre la mesa, la solución al problema parece compleja. Una de las posibles alternativas pasaría por la creación de una ordenanza municipal, que siguiendo la estela de otras ciudades como Sevilla persiguiera no tanto a la prostitución en sí, sino a clientes y proxenetas. Eso es lo que piden los vecinos y lo que llevan demandando desde hace un año, sin que nadie termine de tomar cartas en el asunto. Mientras, intentan continuar con su vida de la forma más normalizada posible, aunque reconocen que tienen el miedo en el cuerpo y que más de uno se ha planteado abandonar la zona. ¿Quién ganará la batalla? ¿Serán los proxenetas los que acaben ‘echando’ a los ciudadanos? El gobierno local no podrá permanecer impasible para que llegue un final, que aún está por escribirse.

Hace apenas tres años que el Ministerio del Interior creó en Jerez el grupo contra el narcotráfico y el crimen organizado (Greco) y ya es una posibilidad más que palpable que esta unidad desaparezca o, cuanto menos, se reduzca de forma notable. Lo que se presentó como la joya de la corona policial, junto con sus dos grupos hermanos de Chiclana y el Campo de Gibraltar, ha ido perdiendo prioridad entre el nuevo Gobierno de cuyas tijeras tampoco parece que vaya a escapar la élite del Cuerpo Nacional de Policía. Según ha conocido Reporteros Jerez por fuentes de toda solvencia, en estos momentos se encuentra en estudio el prescindir o recortar drásticamente tanto la unidad de Jerez como la de Chiclana, por una cuestión tan prosaica como determinante que no es otra que la monetaria.

A grandes rasgos y según la información facilitada, el Ministerio se ahorrará más de un millón de euros con una reestructuración que está afectando a todos los Greco de España. En el caso de Baleares y Canarias estos grupos han desaparecido de un plumazo, mientras que en la comunidad valenciana, por ejemplo, se ha reducido la dotación humana de una manera drástica. La provincia de Cádiz es la única que cuenta en la actualidad con tres de estas brigadas, pues no hay que pasar por alto que la cuarta parte del hachís que se incauta en España se requisa por estas tierras. En Jerez concretamente, el Greco nació en 2009 con la intención de hacer extensiva su actuación a El Puerto y la Costa Noroeste, siendo Sanlúcar uno de los puntos más calientes de tráfico de drogas en todo el territorio nacional.

Los números avalaron pronto la actividad de los ocho profesionales que lo componen, puesto que en solo un año intervinieron más de 10.000 kilos de hachís trabajando en connivencia con los funcionarios de la Agencia Tributaria, la Dirección de Vigilancia Aduanera, el Greco de la Costa del Sol o la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta), entre otros. Así, participaron en destacadas operaciones como la conocida como ‘Principado’, en la que aprehendieron 465 kilos de cocaína suministrada desde Ecuador y que entraba en la provincia camuflada en contenedores de fruta por el puerto de Algeciras, con destino a varias empresas de Sanlúcar.

Ahora, sin embargo, el panorama es bien distinto. Las fuentes consultadas aseguran que solo es cuestión de tiempo el que se remodele el grupo, o bien reduciendo sus miembros o bien prescindiendo de sus servicios por completo. No hay que obviar que al tratarse de una unidad de élite, estos profesionales cuentan con unos medios materiales de primer nivel y perciben unos sueldos muy por encima de la media policial, cifrados en alrededor de 5.000 euros más dietas. Por ello, las opiniones a este respecto son encontradas. Dentro del Cuerpo, muchos piensan que las mismas funciones que ejercen los del Greco podrían ser asumidas sin mayores complicaciones por los miembros de la UDyCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría), con lo que además se ahorrarían costes.

La otra cara de la moneda es la de aquellos que consideran que la importancia de la actividad realizada por ellos justifica estas condiciones laborales ‘especiales’, y no terminan de ver claro que se pueda hacer cargo de estas funciones el resto de una plantilla “con una excesiva carga de trabajo y mal pagada”.