Tania Tamayo ha pasado por uno de los momentos más duros de su vida al tener que comparecer esta mañana de jueves ante la jueza de Violencia de Género para hablar del crimen por el que perdió la vida su hermana Miriam. Acompañada por su padre, José Tamayo, la joven ha prestado declaración aunque ha lamentado lo poco que ha podido aportar a la magistrada acerca de la relación de la víctima con su presunto agresor, su expareja Germán J. G., dado lo poco que hablaba con ella sobre este asunto. “La verdad es que yo hablaba mucho con ella por teléfono, dado que vivo en Mallorca, pero siempre me decía que todo iba bien. Me hablaba del niño, del trabajo, pero a él nunca lo nombraba, como si no existiera”.

Un hecho que ha lamentado profundamente, dado que no deja de pensar en que la realidad podría haber sido otra de haber conocido la supuesta mala relación que mantenían ambos y las amenazas a las que estaba sometida su hermana. “Si me hubiera contado algo tal vez no la habría matado… Pero no me lo contó porque sabía que yo llamaría corriendo a mi madre. Algunas amigas sí que estaban al tanto, pero no dijeron nada”. Con estas palabras, se han desvanecido parte de las expectativas del abogado de la familia, Marcos Rodríguez, que no descartaba que Tania pudiera arrojar algo más de luz y terminar de señalar con el dedo incriminatorio al procesado.

Aún así, el letrado considera que las pruebas están claras a falta de la calificación del presunto delito, que podría ser de asesinato u homicidio en función del informe del forense. El padre de las chicas también quiso referirse al crimen, expresando el dolor que sufren todos los suyos por la pérdida de Miriam, en especial su mujer, María José. “Lo que esperamos es que le caiga la máxima pena posible, aunque no confiamos mucho en la Justicia… Ya se encargará Dios de juzgarlo en el cielo. Lo que está claro es que ya no nos la van a devolver”.

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha imputado finalmente ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y le ha acusado de haber cobrado 51 millones de euros ilícitamente.

Alaya ha detallado este lunes a González Mata, durante su comparecencia, los ocho delitos que le imputa: prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública.

Abogados personados en la causa han informado después que la juez considera que Uniter cobró 51 millones de euros en comisiones ilegales, una cantidad muy superior a los 20 millones imputados anteriormente. la razón al parecer es que incluye como indebidos todos los cobros realizados en ERE (Expediente de Regulación de Empleo) financiados por la Junta, basándose en informes de la Dirección General de Seguros según los cuales no hacen falta intermediarios para contratar con la administración.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Jerez fue uno de los escenarios de una gran operación de la Guardia Civil. La misma respondía a una orden de la jueza instructora titular del juzgado número seis de Sevilla, la mencionada Mercedes Alaya, quien ordenó más de 20 detenciones y cerca de nueve citaciones judiciales para que los implicados acudiesen a declarar al juzgado. Entre estos se encontraba precisamente González Mata.

Se produjeron una decena de registros policiales, entre ellos en la empresa Uniter Seguros, ubicada en la calle Larga de Jerez, que ya en febrero de 2011 se había colocado en el ojo del huracán de todo el asunto de los ERE. Entonces se intervino numerosa documentación y archivos que fueron analizados para descubrir hasta dónde alcanzaba esta «trama de mediadores» en los expedientes. Se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones que tenían lugar en diversas empresas.

Actualmente preside la sección Primera de la sala de lo social del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). Estudió la carrera de Derecho en la facultad de Jerez, obteniendo el número uno de su promoción y siéndole concedido el Premio Extraordinario Fin de Carrera al Mejor Expediente Académico en la promoción 1980-1985. Aprobó las oposiciones de Judicatura en 1987 y lleva en la jurisdicción social desde el año 1990. Fue el número 1 de la segunda promoción de magistrados especialistas del Orden Jurisdiccional Social en febrero de 1990 y compatibilizó la carrera judicial con sus funciones docentes universitarias. Ha sido también premio extraordinario por sus estudios universitarios, Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, autora de textos legales y una estudiosa permanente del Derecho  del Trabajo y de la Seguridad Social.