En este sentido, el abogado (José Miguel Ayllón) de Francisco Holgado, conocido como ‘Padre Coraje’, ha anunciado que presentará un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad después de que dos de las cuatro personas que debían haberse personado para declarar no lo hayan hecho. Ante los medios, el letrado de la acusación particular ha explicado que alguno de los testigos que han “fallado” iba “a menudo” con el presunto homicida, el cual cabe recordar que falleció hace nueve años y que ha sido identificado 20 años después del crimen gracias a una huella dactilar. En su opinión, lo que va a pasar ahora es que “la cosa se va a poner más grave para estas personas que no quieren colaborar con la justicia”, apuntando que “es posible que haya una búsqueda y puesta a disposición judicial” porque “hay muchos indicios que pesan sobre ellos”.

Sobre los dos testigos que sí han prestado declaración este lunes, señala que han venido a confirmar el círculo de amistades del presunto autor de los hechos, qué tipo de persona era, su comportamiento y también “han confirmado las sospechas que ya teníamos”.

NUEVOS TESTIGOS

En cuanto a la posibilidad de que sean citados a declarar nuevos testigos, el abogado ha dicho que sí, pues “se ha ampliado el círculo a otras personas que hay que investigar también”. En este punto, Ayllón ha indicado que había un total de 23 huellas, de las cuales 13 eran susceptibles de investigación. Ya se ha identificado una –la del presunto homicida–, con lo que “aún quedan 12″. Igualmente, no renuncia a la posibilidad de que pueda “recuperarse” alguna de las diez restantes “si se hace todo de nuevo”.

Por su parte, Francisco Holgado ha confiado en que puedan identificarse más huellas en el marco de la investigación, al tiempo que ha calificado de “tercermundista” que haya tenido que realizar una marcha a Madrid para evitar la prescripción del caso y que se investiguen unas huellas que “llevan ahí 20 años”. Al respecto, ha añadido que las huellas “han estado ahí siempre” y “hace un montón de años que existen los adelantos” necesarios para llevar a cabo las actuaciones de identificación que se están practicando ahora.

A preguntas de los periodistas, Holgado manifestado que “conocía perfectamente” a los testigos citados y también al presunto homicida por la investigación que realizó por su cuenta para esclarecer el crimen, si bien ha dicho que no mencionaron el nombre de su hijo. Finalmente, ‘Padre Coraje’ ha destacado que “va a seguir la investigación” por el crimen de su hijo y que se está “en una línea ascendente”, por lo que cree que “esto no se va a quedar impune”.

El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por el Xerez contra Javier Tebas por delitos de deslealtad profesional, estafa y apropiación indebida a Javier Tebas, César Adeva Cortés y la sociedad ‘Tebas Coiduras’. De esta manera, Tebas y Adeva declararán en Madrid, mientras que la administradora de la sociedad Tebas Coiduras ha solicitado hacerlo en Huesca.

El Xerez CD informó en su momento en un comunicado  que había denunciado en los últimos años “las irregularidades e injusticias cometidas contra el club por distintas personas e instituciones, en especial, por el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional al dañar y perjudicar especialmente al club cuando lo representaba como abogado de su concurso y descenderlo como presidente de la LFP en la temporada 2013/2014, actuando dolosamente y en clara incompatibilidad de funciones”, añadiendo que “este club histórico seguirá defendiendo, contra quien fuera necesario, sus intereses institucionales y deportivos a pesar de estar actualmente en una categoría  amateur como es la Primera Andaluza”.

Así lo ha deterrminado la Juez de lo Mercantil de Cádiz tras la aprobación de la petición de dos accionistas del club, Manu Cazalla y Juan Carlos Corchado, en representación de la plataforma Salvemos al Xerez. De esta manera, la entidad azulina tendrá que citar a sus accionistas para el próximo 2 de septiembre en primera convocatoria y el 3 en una segunda. La cita será en la sede del club y los gastos correrán a cuenta de la porpia Sociedad Anónima Deportiva.

Según lo aporbado por la jueza, en dicha junta, de carácter ordinario, se tendrán que mostrar y aprobar las cuentas de la entidad correspondientes a los cursos 2011/12 y 2012/13, así como mostrar el presupuesto acordado para la temporada 2013/14, es decir, el de la temporada pasada.

Por contra, el Juzgado de lo Mercantil no ha considerado la celebración de una Junta Extraordinaria, tal y como solicitaban los demandantes. En esa junta, los accionistas iban a valorar la estabilidad económica del club, su viabilidad y la posibilidad de solicitar la liquidación.

En este sentido, el socialista ha asegurado que “el PP de Jerez no puede dejar de mirar hacia otro lado, debe dar explicaciones, no escurrir el bulto y no esconderse tras técnicos municipales”. Márquez entiende que “en el caso de que Pelayo no acuda voluntariamente ante la Audiencia Provincial, se buscarán vías judiciales, ya sea ante este órgano judicial o ante el Tribunal Supremo dada la calidad de aforada de la senadora y alcaldesa de Jerez”.

Por su parte, Miriam Alconchel ha hecho públicas pruebas documentales que se dan por cierto en el informe de la UDEF-Policía Judicial y que demuestran que presuntamente se “falsearon fechas para aprobar los contratos de las empresas de Correa por vía de urgencia, sin concurso público y sin invitación a tres empresas como marca el procedimiento administrativo local y como evidencia el hecho de que no existieran reporte de los presuntos faxes enviados a otras empresas”.

Así, la líder de los socialistas jerezanos ha mostrado públicamente el informe de la interventora municipal que marcaba los pasos del procedimiento a la contratación de Fitur 2004 en base a una consignación de 2004, prevista en los presupuestos prorrogados del año anterior “y que presuntamente se saltaron a la torera”.

“Lo llamativo del caso- añade Alconchel– es que la interventora dejaba claro que existía partida presupuestaria para atender el gasto y que se reservaría crédito; y se da la coincidencia de que el informe de intervención es del mismo día (8 de enero de 2004) en que desde el IPDC, a través de un informe, se intenta justificar la urgencia vinculándolo al Plan de Excelencia Turística aprobado 11 meses después”; “algo que demuestra el nerviosismo del PP por la adjudicación a dedo a pesar de existir una consignación presupuestaria concreta”, a juicio de Alconchel.

Igualmente, “llama la atención la irregularidad y falta de concordancia de fechas en la solicitud que se exige a las empresas en Jereyssa para justificar la inexistencia de deudas de las firmas de la trama, con registro de entrada del 4 de marzo de 2004, un mes después del evento; lo que resulta una metedura de pata gordísima”, agregó.

Es por ello por lo que la Secretaria General de los socialistas jerezanos denuncia “los continuos viajes en el tiempo del PP en este asunto, hacia delante y hacia detrás para vestir el expediente” se realizan porque “en ningún caso se justificaba la urgencia; por lo que se usó el procedimiento de negociado sin publicidad para adjudicar a sus amigos del PP”.

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y a uno de sus hijos, Zoilo, en relación al ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), según ha trascendido este lunes a través de diferentes medios de comunicación. De hecho, la propia Alaya ha notificado este lunes la resolución de las imputaciones y los cita a ambos a declarar el 5 de marzo.

Cabe recordar que en esta misma causa ya se encuentran imputados otros dos hijos del empresario, concretamente Pablo y Javier. Estos últimos declararon la semana pasada y aseguraron que no intervinieron directamente en el ERE del hotel Cervantes ni hicieron pagos en metálico y en dinero B al ‘conseguidor’ Juan Lanzas. La juez les imputa un delito de malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros a cada uno. Esa cantidad se corresponde a lo que aportó la Junta de Andalucía (6,4 millones) para el Expediente de Regulación de Empleo del hotel en cuestión, más el tercio legal previsto en estos casos.

En el ERE de este establecimiento, que era propiedad del grupo Rumasa, se habrían colado dos intrusos. El Gobierno andaluz se adhirió a la petición de fianza de la fiscalía.