García-Pelayo ha mostrado “tranquilidad absoluta” porque “cada vez que sale un informe” relacionado con este caso “se van aclarando más” los detalles de esas contrataciones, poniéndose “de manifiesto que estamos ante una cuestión puramente administrativa”. La regidora ha matizado algunas cuestiones relativas al último informe remitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) al juez Pablo Ruz, difundido por la Cadena Ser.

Según García-Pelayo, en ese informe se dice que firmó una resolución “sin tener competencias porque el órgano competente era el consejo de administración” del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC). La alcaldesa asegura a este respecto que existe un informe del secretario municipal “que avala esa firma” y que dice “claramente” que posteriormente debe ser ratificado por el consejo, que se reunió y aprobó la contratación “con la unanimidad de todos los grupos políticos”.

García-Pelayo sostiene por tanto que el Ayuntamiento actuó “dentro de los trámites legalmente previstos” y considera que “la cuestión de raíz” del caso es que “quizá no debió utilizarse el procedimiento de urgencia” a la hora de contratar esos servicios.

A este respecto, la alcaldesa justifica el empleo de esta fórmula porque “la decisión de acudir a Fitur se adoptó en diciembre, que es cuando se firmó un convenio con la Junta que habilitó el Plan de Turismo y los fondos correspondientes” para realizar este tipo de actuaciones. Además, García-Pelayo asegura que existe “un informe” que “avala la urgencia” en la contratación. Por último, la alcaldesa de Jerez ha recordado que ni ella “ni ningún político” tomó parte en “ninguna mesa de contratación” relacionada con este expediente.

Las contrataciones de servicios a empresas vinculadas a Francisco Correa tuvieron un importe global de 343.537,58 euros y permitieron el desarrollo de varias exhibiciones ecuestres en la Plaza Mayor de Madrid, así como de un espectáculo flamenco.

Según la Cadena Ser, el informe “es demoledor” para los intereses de García-Pelayo, así como para quien actuó como mediador entre el Ayuntamiento y las empresas que accedieron a estos contratos, Isidro Cuberos, exjefe de prensa del PP, hasta el punto de que el informe podría abrir la puerta a la posible imputación de ambos.

La IGAE advierte de que García-Pelayo “incumplió” en al menos dos expedientes examinados los estatutos del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, al adjudicar los contratos cuando esta decisión “correspondía al consejo rector” de la entidad.

Cabe recordar que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitió tiempo atrás un informe sobre el caso Gürtel al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que apunta que el Ayuntamiento de Jerez adjudicó en 2004, bajo la presidencia de María José García-Pelayo, presuntos contratos irregulares a las empresas de Francisco Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculos ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros, “a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos”.