El juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, después de un año y cuatro días en los que se han celebrado 152 sesiones. Los 21 ex altos cargos imputados no hicieron uso de su derecho a última palabra, salvo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes su agradecimiento al tribunal por la forma en la que se habían desarrollado las sesiones.

El juicio queda visto para sentencia con el agradecimiento de Chaves y Griñán al tribunal
Manuel Chaves dijo entonces que no tenía “nada” que añadir a todo lo que se ha desarrollado en el juicio, salvo el reconocimiento a la “labor del tribunal y de los magistrados”, y sólo agregó que las intervenciones de todos los letrados en este juicio ha sido para él un “cúmulo de conocimientos e información” y “una experiencia vital”

Al final del juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra 19 ex altos cargos más, y la retiró contra Antonio Estepa Giménez, que se enfrentaba inicialmente a una petición de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

En su escrito de conclusiones definitivo, el Ministerio Público ha reclamado una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex presidente Manuel Chaves y otros seis ex altos cargos –Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Francisco Del Río y Antonio Vicente Lozano– y penas de cárcel de entre seis y ocho años de prisión para los otros 15 acusados, a los que atribuye además un delito de malversación, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel.
El fiscal rebajó de ocho años de prisión a seis la pena que solicitaba inicialmente para dos ex altos cargos: el ex director de IDEA Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo.

El principal reproche de Anticorrupción a los ex presidentes y a los otros acusados sigue siendo que no tomaran a la vista de las actuaciones de la Intervención General de la Junta –que alertaban de las deficiencias en el pago de las ayudas durante una década– “decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento” seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de las controvertidas transferencias de financiación del programa 31L.

Y esa pasividad, según el fiscal, tuvo lugar a pesar de que tenían “conocimiento de las irregularidades” que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron “procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso”.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha remitido un escrito al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el que le solicita que se consensue un paquete de medidas de auxilio financiero para las corporaciones locales, diputaciones provinciales y colectivos sociales, dada la disponibilidad económica con la que cuenta la Junta tras el acuerdo logrado con Gobierno de la Nación para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Recuerda en su escrito que mediante este acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para que la administración autonómica pueda acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, la Junta podrá recibir unos 4.960 millones de euros, “lo que sumados a los 5.228 millones ya abonados por el Estado a esta Comunidad, supone una importante ayuda a la grave situación financiera de nuestra comunidad”.

María José García-Pelayo considera importante para Andalucía  “el clima de entendimiento entre el Gobierno de la nación y la Junta”  y en este sentido afirma “que se debe avanzar en el diálogo y el consenso entre todas las administraciones”.

Y dentro de esta vía de diálogo, la alcaldesa subraya que “la lealtad institucional demostrada por el Gobierno de la nación con la Junta de Andalucía debe ahora tener su continuidad hacia los ayuntamientos andaluces y urge que el gobierno andaluz atienda la situación de asfixia económica que soportan los ayuntamientos y diputaciones andaluzas, motivada en gran medida tanto por la asunción de competencias impropias como por los impagos especialmente en políticas sociales por parte del gobierno autonómico”.

“SERVICIOS IMPROPIOS”

Entre los servicios “impropios” que están desarrollando las entidades locales “sin que la Junta de Andalucía haya transferido la financiación comprometida”, la alcaldesa cita en su escrito  “los de ayuda a domicilio del Plan Concertado, los equipos de tratamiento familiar, programas de refuerzo a la Ley de Dependencia, los convenios para reforzar temas de inmigración, la gestión de residencias de acogidas de menores, guarderías, residencias de mayores, de personas con alzhéimer, centros de drogodependencia, residencias de personas con inmigración o los programas de envejecimiento activo, o el desarrollo de la Ley de Dependencia, entre otros”.

Igualmente prioritario, considera la alcaldesa,  “es el momento crítico que están atravesando los colectivos sociales cuya importante e insustituible labor también peligra por las deudas que se mantienen con ellos”, por lo que solicita que, “dada la disponibilidad económica con la que cuenta la Junta tras el anticipo de la Administración General del Estado, atienda a estas deudas pendientes con la Diputación provincial de Cádiz, ayuntamientos de la provincia, entidades y demás colectivos sociales”.