Tras la cita, Ravelo explicaba que “lo cierto es que se han aclarado muchas cosas porque había cierto revuelo y confusión en el fútbol base de la ciudad ya que existía la idea de que se iban a comenzar a realizar inspecciones. Creo que ha quedado todo muy claro”.

De cualquier manera, el máximo dirigente de la entidad azulina entiende que en el caso del Xerez Deportivo FC “no había ningún problema en este aspecto porque en el club estaba todo controlado. Nuestros deportistas, trabajadores y voluntarios lo tienen todo en regla. Eso no quita para que nosotros también acudiéramos a la reunión”.

Este sencillo aserto puede tener consecuencias extraordinarias, como así lo demuestra la realidad económica. En la actualidad, en torno al 38% de la población andaluza hace deporte de manera habitual. Además, la incidencia económica del sector deportivo en el producto interior bruto autonómico se sitúa en el 3,23%, generando en torno a 70.000 empleos directos e indirectos. Nada desdeñable si se tiene en cuenta que el turismo en Andalucía representa el 12 % del PIB regional. En Andalucía hay  registradas 18.794 entidades deportivas, 540.116 personas con  licencias federaciones, 4.871 empresas de  actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento y todo una emergente actividad turística y de  eventos deportivo, que solo en golf, por citar un ejemplo,  ha provocado la estancia en Andalucía, durante 2012, última actualización de que disponemos, un total de429.000 mil turistas, con una estancia media de 13 días y un gasto medio por persona/día de 60,00 €.

Esta realidad económica es precisa ponerla en contraste con los diferentes agentes sociales que la genera. No es igual la gestión y puesta en valor de un  campo de golf, la carrera ciclista de mi pueblo, las instalaciones deportivas de uso público de un municipio, o el desarrollo de un equipo deportivo profesional de categoría élite,  que un equipo de deportivo de benjamines de cualquier deporte, formado por veinte niños y niñas menores,  de entre siete u ocho años edad, y un ilusionado grupo de amigos adultos,  que deciden constituirse en club deportivo o un pertinaz entrenador deportivo que desarrolla su actividad por mera vocación de oficio. No, no es lo mismo, aunque todos son parte de esta realidad económica tan pujante.

Como todo en la vida, cada vez que se acomete algo, debe de considerarse criterios de ponderación o de lógica proporcionalidad, que permitan regular la realidad de las cosas, con el establecimiento de las medidas oportunas que permitan su logro. De esto sabe mucho el legislador español, que continuamente hace de su oficio de creación de normas legales, un constante ejercicio de oportunidad, previsión y ponderación del pulso social, para comprobar la idoneidad o no de sus propuestas. Incluso con propósito de evitarla, una vez que la respuesta no ha sido la esperada. Numerosos ejemplos de ello tenemos, lamentablemente, en los últimos tiempos.

Sin embargo, en el caso particular de las  anunciadas inspecciones laborales en el deporte base, por cuenta de los Servicios de Inspección Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como consecuencia del informe conjunto del dicho Ministerio y el Consejo Superior de Deportes; habría mucho que puntualizar. Por supuesto, no será quien suscribe, el que niegue a ningún trabajador sus reconocidos derechos laborales y sociales, y menos aún si corresponde al ámbito deportivo, tan necesitado de un justo reconocimiento social y una más que merecida adecuación de su esfuerzo productivo y profesional; empezando por una adecuada regulación académica y facultativa, y continuando por un estatuto profesional que garantice y avale el ejercicio de sus derechos laborales.

Pero mientras esto llega, se redacta el meritado informe ministerial y que no se ha hecho público. El cual viene a considerar a todo deportista, monitor-entrenador o colaborador, que perciba alguna compensación por su esfuerzo o actividad efectuada, durante unas horas a la semana, sujeto de una relación laboral por cuenta ajena. Es decir, entiende que son personal laboral de los clubes deportivos.

Aquí la regulación legal aplicable es clara, basta con considerar los rasgos de ajeneidad, voluntariedad, dirección empresarial y remuneración, que definen las relaciones laborales, a la luz del artículo 1 del vigente Estatuto de los Trabajadores. Si bien, lo que llama la atención, es que se aplicada con disparidad de criterio, por parte del Ministerio de Empleo y el CSD, respecto de otras prácticas deportivas no de base.

No todos los deportistas y técnicos operan con la misma licencia. La  Ley Deportiva nacional como autonómica,  distingue entre aficionado y profesional. En el caso del fútbol profesional, éste se rige por los acuerdos de las asociaciones deportivas de futbol profesional y la Liga Nacional de Fútbol. Nos referimos a la Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional (B.O.E.Núm. 245, de 9 de octubre de 2014).  Convenio que no rige para el deporte amateur o aficionado, que es donde se ubica la actividad objeto de inspección. Y por la que  quedan excluidos.

Dicha norma tiene su amparo legal  en el  Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales (BOE» núm. 153, de 27 de junio), por el que también quedan excluidos de su  ámbito de aplicación,  aquellas personas que se dediquen a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club, percibiendo de éste solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva (art.1.2).

Exclusión de la que igualmente se hace partícipe, el propio Estatutos de los trabajadores, cuando establece expresamente que quedan fuera del ámbito regulado por la ley laboral los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad (art. 1.3. E.T.). Sustrato social en la que, precisamente, se asientan la inmensa mayoría de las personas participes o próximas al deporte base.

De otro lado, conviene reparar en el hecho indubitado de que los técnicos, utilleros y demás personal vinculados a la práctica deportiva bajo la modalidad de aficionado, provistos de sus respectivas licencias federativas, no suponen ningún fraude al sistema público de prestaciones de la Seguridad Social. Entre otros motivos porque así lo decidió en su momento el propio legislador, quien estableció para los deportistas y técnicos federados un sistema de seguranza excluido de la propia Seguridad Social.  De suerte, que es el propio licenciado quien sufraga su propio coste, al quedar sometida su actividad bajo la regulación del Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo, (BOE de 23 de Junio de 1993).  Expreso deseo del legislador de entonces, quien para  cubrir  los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente, y en atención a la especificidad de los riesgos que conlleva la práctica del deporte de competición, optó por el pleno sometimiento de dicha actividad a la Ley de Contrato de Seguro y no al régimen general o especial de la Seguridad Social. Origen de las Mutualidades Deportivas.

Luego si la práctica deportiva de aficionado solo cuenta con la compensación de los gasto que genera, son prestaciones basadas en razones de benevolencia, amistad o vecindad y disponen de su propio sistema legal de cobertura de seguros bajo licencia federativa, no encontramos motivos suficientes, cuanto menos declarados por la Administración, que justifique fundamente, el plan de inspección laboral anunciado en el ámbito de la práctica deportiva del deporte base.

Lo cual no quiere decir, que efectivamente, el entorno laboral y profesional deportivo, si esté llamado a una profunda renovación legislativa, aclamada ya por muchos colectivos y agentes sociales del deporte, que ponga el orden necesario en este ámbito. Y que pueda armonizar situaciones legales incómodas como pueda ser la implantación de la licencia única, la multimillonaria deuda de los clubes profesionales con la Seguridad Social, o la simple relación deportiva de un árbitro de fútbol de categorías profesionales, que percibiendo entre 10.000 y 30.000 euros anuales, según actividad, no cotiza a la Seguridad Social; o que un Presidente de una Federación Deportiva o un Delegado Territorial de la misma, con dedicación exclusiva, tampoco lo haga. Se impone la cordura. El legislador no debe  dar palos de ciego, ya que atenta contra la seguridad jurídica, que exige todo Estado social y democrático de derecho.  Nuevamente se ha obviado el más que recomendable trámite de audiencia de los interesados.

A nuestro modo de ver la medida anunciada es desafortunada, escasa de fundamento, desproporcionada y absolutamente inoportuna, ya que no se ataja por el legislador el problema de fondo y la medida podría ocultar intenciones no declaradas. Todo ello, sin desmerecer, de los justos y legales derechos que le son reconocidos a todo trabajador del ámbito deportivo, verdadera víctima de la vigente regulación legal sobre la materia.

Javier Gómez Vallecillo

Abogado

Secretario del Xerez Deportivo F.C.

Esto supondrá que toda entidad deportiva, asociación o no, tenga que estar al día con sus trabajadores, exigiéndose, por ejemplo, que todos los empleados –monitores, entrenadores, personal o colaboradores- tengan un contrato laboral, bien a tiempo parcial o a tiempo completo. Esos trabajadores, que en la mayoría de los casos son familiares que colaboran de manera desinteresada, deben estar al día. En Cataluña ya se hicieron inspecciones pero comenzaron por los clubes de élite. Sin embargo, constan inspecciones a clubes más humildes lo que llegaron a suponer sanciones importantes.

Jesús Rossi, presidente de la Confederación Andaluza de asociaciones deportivas, informa en Canal Sur Radio que todo procede de un informe que han presentado al Ministerio de Empleo “para regularizar la situación de las personas que están en clubes sin ánimo de lucro, lo que afecta al fútbol base y así disponer de las medidas adecuadas”.

Rossi explica que “la economía de esos clubes es mínima y a veces se cobra cuando se tiene algo de dinero, pero eso no lo entiende la administración y por eso comenzarán estas inspecciones”, añadiendo que “no sé ni cómo ha surgido la idea ni cómo se va a hacer efectiva cuando en Andalucía hay hasta 18.000 clubes de fútbol base”.

La Unidad de la Policía Nacional Adscrita de la Comunidad Autónoma dependiente de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha iniciado la campaña de inspección en profundidad de las salas de fiesta, discotecas, salones de celebraciones o recintos de espectáculo de la provincia cuya capacidad sea igual o supere las 700 personas.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Inspección bienal en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y espectáculos taurinos que se desarrollará en todo el territorio andaluz y afectará a los establecimientos, espectáculos y actividades que para cada programa determine la Dirección General de Interior, Emergencia y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior, en coordinación con las Delegaciones del Gobierno de la Junta en cada provincia.

Durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2013 y el 31 de enero de 2014 se realizarán en Cádiz y su provincia tanto programas de inspección de establecimientos públicos y actividades recreativas como un programa de vigilancia policial en establecimientos públicos. En este sentido, el programa de inspección se desarrollará en Cádiz y su provincia en establecimientos públicos con la categoría de ‘establecimientos de esparcimiento’; es decir, salas de fiesta, discotecas, o discotecas de juventud; así como en pubs y bares con música, de aforo superior a 700, que son competencia directa de la Junta. Solo en casos justificados se podrán incluir establecimientos de aforo inferior.

Los establecimientos deberán inspeccionarse en tres ocasiones cada uno, sin previo aviso, en diferentes días y franjas horarias. El periodo entre el 31 de octubre de 2013 y el 31 de enero de 2014 para esta campaña de vigilancia policial se ha elegido por su especial incidencia en materia de seguridad. De hecho, el protocolo exige que durante la noche del 31 de octubre, así como en el periodo de fiestas navideñas y la noche de fin de año, se incluyan varias de las inspecciones dado el mayor riesgo para la seguridad de los asistentes.

Dichas actuaciones están orientadas a la comprobación del funcionamiento de los establecimientos señalados, cuando estén abiertos al público, lo que dada la tipología de los mismos se habrá de realizar preferentemente durante su horario de apertura nocturno y de manera periódica.

El objeto de estas inspecciones es comprobar la adecuación de las mismas a las exigencias de la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía mediante la inspección de sus instalaciones y/o requerimiento a sus titulares de la documentación preceptiva que corresponda. Se comprobará la documentación general del establecimiento, la documentación técnica de las instalaciones —sobre todo en lo relativo a seguridad y emergencia—.

Por ejemplo, se revisarán a fondo los planes de emergencia, las instalaciones eléctricas, las condiciones térmicas, las barreras arquitectónicas o los procedimientos de evacuación. En cuanto al programa de vigilancia policial en establecimientos públicos, la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma actuará en establecimientos de la tipología discotecas, salas de fiesta, discotecas de juventud y pubs con música, capaces de albergar a 700 o más personas. Se harán ciclos de revisiones periódicas para verificar aspectos como horarios de cierre y su cumplimiento, aforo, personal de vigilancia, reclamaciones, higiene de aseos o vías de evacuación.

Para obtener un censo actualizado de los locales objeto de la inspección autonómica, desde la Delegación del Gobierno se remitió oficio a todos los Ayuntamientos de la provincia para que informaran de los establecimientos de más de 700 personas de su término municipal. A esta relación se suman los locales clandestinos de los que tenga conocimiento la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma.

De cara a facilitar el seguimiento de esta campaña tendrá lugar una reunión mensual de la Unidad con el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos a efectos de informar sobre las incidencias que se vayan sucediendo y solventar dudas o problemas que vayan surgiendo.

Fomento de actitudes responsables

“La ejecución de planes de inspección anteriores ha demostrado la necesidad, conveniencia y eficacia de establecer de una manera permanente actuaciones de control administrativo, técnico y de vigilancia policial que proporcionen a la Administración el conocimiento de la situación de legalidad de los distintos sectores implicados y la posibilidad de corrección de los incumplimientos sin menoscabo de nuestra labor sancionadora”, ha indicado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil. En este sentido, López Gil ha añadido que “la periodicidad de las inspecciones fomenta actitudes responsables que repercuten en el correcto funcionamiento de las instalaciones de los establecimientos”.

La Guardia Civil de Cádiz, junto con la Inspección de Trabajo, ha desarrollado una operación policial contra establecimientos de reparación de vehículos a motor ubicados en la provincia, realizando 38 inspecciones y tramitando 154 denuncias por infracciones en materia de  actividades industriales, residuos peligrosos, trabajo y seguridad social.

Las actuaciones, realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), tuvieron lugar el pasado martes día 11 de junio, como respuesta a la preocupación existente entre las empresas dedicadas a la reparación de vehículos a motor, por la competencia desleal que ocasionan los talleres que de manera ilegal y en ocasiones hasta en la clandestinidad, se dedican a la reparación de vehículos, contraviniendo lo dispuesto por la legislación vigente tanto en materia de trabajo, como de industria y de medio ambiente.

El operativo desarrollado se realizó teniendo como principales objetivos la localización de los talleres ilegales y la identificación de sus responsables, denunciar las infracciones observadas y sobre todo, concienciar de los efectos negativos de este tipo de conductas.

Los agentes pusieron especial énfasis en el tratamiento dado a residuos tales como aceites usados, baterías, neumáticos, diferentes líquidos, etc., que en la mayoría de las ocasiones están considerados como peligrosos, supervisando los libros-registro de los residuos que genera un taller, donde se recoge la obligación de entregarlos a un gestor autorizado, garantizándose así que el tratamiento de dichos residuos continúe hasta su eliminación o reciclado en una planta autorizada.

En muchos de los talleres inspeccionados, sobre todo en los ilegales, no se realizaban la gestión de los residuos que generan los talleres y en ocasiones eran vertidos de forma incontrolada al medioambiente, todo ello con el fin de aumentar el margen de beneficios.

DEFICIENCIAS

Los guardias civiles detectaron graves deficiencias respecto a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, representando los talleres ilegales una competencia desleal para los autorizados, los cuales están obligados a tomar medidas encaminadas a la protección de los trabajadores y del medio ambiente. Por el contrario, los talleres ilegales pueden reducir costes en materia de riesgos laborales, careciendo de cargas impositivas al defraudar a la seguridad social, no dando de alta ni a la actividad ni a los empleados.

En cuanto a los consumidores y usuarios, la nula garantía de las reparaciones que realizan, no sujetas a ningún arbitrio y sin posibilidad de reclamación, suponen un fraude para los mismos,  así como el riesgo para la seguridad de los vehículos y la propia integridad física de conductores y ocupantes; ante reparaciones efectuadas por personal, en ocasiones, sin ninguna cualificación profesional y empleando materiales y piezas de dudosa calidad.

Durante el operativo se detectaron 154 infracciones y se identificaron a 84 trabajadores para posterior comprobación de que poseen contrato laboral y están dados de alta en la Seguridad Social. Las actas de infracción han sido remitidas a las autoridades competentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Medio Ambiente, Industria y Seguridad Social.

De los cuatro centros propuestos por la Delegación Provincial de Salud para el cierre de los aularios de Infantil por insalubridad, tres ya tienen este viernes la comunicación oficial y se lo han anunciado a las familias afectadas. Se trata de los colegios Arana Beato (donde también afecta a 1º y 2º de Primaria), Manuel de Falla y Cuartillos. El CEIP Ciudad de Jerez,  cuyo cierre anunció el jueves el Ayuntamiento sin confirmación por parte de la administración autonómica, aún estaba pendiente de la notificación de la Junta de Andalucía aunque ya han comunicado a los padres afectados a través de carterlería que si la huelga persiste, estas aulas tampoco abrirán el lunes. Esta circunstancia dejará sin clase a más de 600 alumnos a partir del lunes.

No obstante, según han asegurado esta tarde fuentes de la Junta de Andalucía, la Delegación Provincial de Educación solo ha firmado el cierre de siete aulas de estos cuatro colegios de Jerez, no de los aularios completos. Se trata de una clase en los CEIP Ciudad de Jerez, otra en Manuel de Falla, dos en el CEIP Cuartillos y una de Infantil y dos de Primaria en el Arana Beato. Esta situación, que desde algunos centros niegan, dejaría sin clase a casi 200 alumnos.

Desde la Junta de Andalucía recuerdan, además, que los menores afectados por los cierres pueden asistir a clase ya que el centro los atenderá en otros espacios habilitados. En estos cuatro colegios la actividad del resto de niveles sigue con normalidad.

El delegado de Salud, Ángel Acuña, ha asegurado que estos centros presentan “unas condiciones higiénicas no compatibles con el desarrollo de la actividad” aunque ha destacado que “no hay riesgo grave para la salud de nadie”. La delegación seguirá “atentamente” la evolución del conflicto realizando inspecciones sanitarias diarias. Además, Acuña ha calificado la petición del Ayuntamiento de decretar situación de emergencia y suspensión de la huelga durante dos días de “lenguaje grandilocuente” y ha asegurado que esa situación no está regulada. Ha recordado que, siguiendo el protocolo de actuación, es Salud la que recomienda el cierre de instalaciones basándose en inspecciones sanitarias y que es Educación, la competente en la materia, la encargada de decretar la medida, como así ha sido.

Aunque estos son los primeros en recibir el decreto, hay otros centros a la espera de novedades. Es el caso del CEIP Las Granjas, que cuenta también con informes desfavorables de la inspección de sanidad. Así, las cifras de colegios y de alumnos afectados podrían multiplicarse la próxima semana.

En el CEIP Manuel de Falla, horas antes de que llegara la notificación de cierre, los padres se han reunido para consensuar las primeras movilizaciones. Tras una reunión en la que han valorado las circunstancias a las que se enfrentan, sobre todo, los alumnos más pequeños, han decidido que a partir del lunes se manifestarán a las puertas del centro con una sonora cacerolada durante media hora. Como ya ocurrió en la anterior huelga de limpieza, la dirección temía que el centro volviera a quedar cerrado por problemas de salubridad, como así ha ocurrido en Infantil. “Según las noticias que tenemos -asegura el responsable del colegio, Tedoro Fernández- parece que va a alargarse el conflicto y llegaremos al cierre. Desde esta mañana hay un aula de Infantil de 5 años completamente vacía en este colegio porque los padres no han querido dejar allí a sus hijos. La acumulación de basura ya ha provocado la aparición de pequeños insectos en un espacio en el que los menores juegan y toman el desayuno, a pesar de las precaciones tomadas. Este colegio recibió ayer la visita de la inspección de sanidad, que hoy a vuelto a valorar las condiciones.

En el CEIP Cuartillos, el director destaca la “cantidad de mosquitos que han aparecido alrededor de los restos de comida”. Juan Bertolet asegura que las peores condiciones, como en el resto de centros, se dan en las aulas de Infantil, de ahí el cierre. Explica, igualmente, que “en la zona rural aparecen antes los insectos”.

Los colegios afectados ya han notificado a los padres la decisión de la Junta de Andalucía. La cuestión ahora, una vez cerradas las aulas, es cuánto tiempo van a permanecer así.

Bloqueo a Bienestar Social

Mientras tanto, la plantilla de Respuestas Auxiliares ha continuado hoy con sus movilizaciones impidiendo el acceso de los trabajadores de la delegación de Bienestar Social, en la zona norte. Al parecer, hoy mismo podrían recibir el ingreso de una nómina aunque la plantilla pretende continuar con los paros hasta estar al día en los cobros, situación que se puede alargar hasta el mes de noviembre si no hay novedades.

Además de los paros, otra dificultad añadida es que faltan productos de limpieza para cumplir con los servicios mínimos.

Indignación municipal

La delegada de Educación, Lidia Menacho, ha pedido a la Junta de Andalucía que decrete la situación de emergencia y suspenda la huelga durante la jornada de hoy y del lunes para que se proceda a limpiar los centros, circunstancia que la administración autonómica ha rechazado, al igual que la ampliación de los servicios mínimos. Según la alcaldesa, María José García-Pelayo, “la situación es extremadamente grave. No sé que más tiene que pasar para que la Junta mueva un dedo”. La primera edil también ha hecho referencia hoy en rueda de prensa a la falta de productos de limpieza: “El Ayuntamiento está dispuesto a suministrar la lejía pero las trabajadoras se niegan a aceptarlo, que cada uno piense lo que quiera”, ha dicho con contundencia. García-Pelayo les ha pedido que “bajen el nivel de protestas porque hoy van a cobrar una nómina y pronto estarán al día”.

Por su parte, Lidia Menacho, ha hecho mención al anuncio de cierre de las aulas de Infantil del CEIP Ciudad de Jerez por parte del Ayuntamiento cuando no había decreto alguno de la Junta. “Nos llega un informe de salud sobre el centro con el que, en otras ocasiones, se ha decretado el cierre automáticamente pero esta vez no ha sido así”. En esos informes, por ejemplo, los inspectores sanitarios destacaban diferentes deficiencias higiénicas así como situaciones de emergencia -restos de vómitos, por ejemplo- no cubiertas por los servicios de limpieza.