“Hace ya un año que venimos denunciando las actuaciones y las tropelías del señor Tebas en el club”, destacaba García, quien añadía que “ahora, un juzgado de Madrid ha visto indicios de delito,  está imputado y estamos muy contentos, esto es solo la punta del iceberg”. El aún presidente del club explica que “la querella está muy bien argumentada y si yo fuese Javier Tebas estaría muy nervioso y no tan tranquilo como él asegura estar. Yo no le noto tan relejado como él dice”, argumentando que “hay indicios de delito de estafa, apropiación indebida y deslealtad profesional y si nos dan la razón, eso puede acarrearle graves consecuencias. No podemos olvidar que estamos hablando del presidente de la LFP y su nombramiento puede ser declarado nulo”.

Además, García se mostraba orgulloso ya que “hasta ahora, pocos se habían atrevido a demandarle y un club de Primera Andaluza y en una situación precaria a nivel económico lo ha hecho. Nosotros queremos que el Xerez siga vivo en esta querella tenemos depositadas muchas esperanzas. Este tema nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Ya lo dijo en su día Eduardo Herrera, algunos están ocupando su sillón de unta forma totalmente  ilegal”. El mandatario xerecista recuerda que “Tebas se lo guisa y Tebas se lo come. Firma el convenio con los acreedores, les engaña para que lo firmen y a los pocos meses ya está solicitando la liquidación. No ha parado y no me vale eso de que no está informado de lo que hace la comisión de seguimiento. Él es el jefe en la LFP y está enterado de todos los movimientos que se dan”.

En cuanto a las declaraciones del presidente de la Liga, en las que afirma que el Xerez ha ocultado información en la querella, García explica que “hemos sacado todo lo que hay y aún podemos sacar muchas más cosas. Aquí no se ha ocultado nada de nada. Cuando un juez admite a trámite una querella, lo primero que hace es analizar la documentación y verificarla. En este caso, lo ha tenido fácil, incluye cuatro documentos, el contrato que hace el despacho Tebas Coiduras con el Xerez, las facturas de todo lo que ha cobrado, extractos del libro de mayores y la testifical que hizo en su día en la Federación”. Además, en la querella el Xerez CD ha incluido “los estatutos de la LFP, que reflejan que no puede ser abogado del concurso del Xerez y presidente de la LFP y también la cesión del cargo que le hace a César Adeva, un abogado de su despacho, que también está en otros clubes como el Cádiz. Seguro que a partir de este momento salen a relucir otros aspectos de otros clubes. Tendrán que declarar todos, Tebas, Adeva y su despacho, que en este caso está representado por su esposa. Es que es lo de siempre. Yo firmo el convenio con los acreedores, cobro y pido liquidación”.

“Recibí la querella el pasado lunes”, reconoce el mandamás de la Liga en Diario de Jerez, añadiendo que “me parece bien que si creen que hubo irregularidades en mi actuación presenten una querella. Lo que ya no me parece tan normal es que para defender sus teorías ellos mientan y oculten muchísima información y muchos datos”. Además, Tebas asegura que “es normal que el juez haya admitido la querella a trámite si se tienen en cuenta todos los aspectos en los que ellos la han basado”, añadiendo que “cuando me toque declarar, me defenderé y aportaré todos documentos que pueden desmontar su acusación. A ver, ellos han ocultando documentos, facturas y fechas”.

En cuanto a los hechos, Tebas aclara una vez más que la ayuda al descenso “no la podían cobrar porque estaba embargada” y asegura que no hubo incompatibilidad de cargos ya que “renuncié al cargo de abogado del concurso el 22 de mayo, se lo comuniqué al Xerez cuando aún era presidente Rafael Mateos, le comenté que buscasen a otro y no lo hicieron y cuando llegó el grupo Energy se lo volví a recordar a Paco Gallardo”.

Ahora el presidente de la LFP se enfrenta a cargos importantes que llegan a los 9 años de cárcel e inhabilitación por presuntos delitos de deslealtad profesional, estafa y apropiación indebida.

Boadas, que denunció el caso ante la LFP, recuerda que “primero, se nos había acusado de intentar comprar el partido. Yo me indigné y dije a Javier Tebas y Víctor Martín, presidente y vicepresidente de la LFP, que vinieran a ver el partido. Ojalá hubieran venido, porque quizá no se habrían producido las circunstancias que se produjeron”. Boadas, que tendrá que declarar por el caso –lo hará desde Girona- relata lo acontecido: “Dani Mallo me había comunicado que había recibido una llamada de Jerez y que les pedían 120.000 euros por dejarse ganar. Es aquí donde yo dije a Dani: “Aquí no se paga nada. Y cuidado, que esto es delito. No cojas ninguna llamada ni hables con nadie”.

Sobre el presunto intento de amaño desde Girona, Boadas alega que “los del Xerez, o quien sea, pueden ir a un equipo diciendo que un rival les da tanto dinero, y haciendo grande la bola. Yo sólo sé que la celebración de los goles, de un equipo que ha bajado y unos jugadores que hacía tiempo que no cobraban, no es normal”, añadiendo que “no digo que se tuvieran que quedar con los brazos cruzados, pero que sin jugarse nada celebraran los goles como lo hacían quiere decir que alguien pagó. Alguien sí pagó”.

Además, defiende a los que eran sus jugadores: “Siempre he confiado en la profesionalidad de los jugadores, que tenían un pie en primera. No creo que quisieran renunciar a tres puntos”. Por último, el exdirigente del Girona es tajante al afirmar que “lo que quiero es que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se esclarezca quién pagó”.

Cabe recordar que el empresario fue citado a declarar inicialmente el pasado día 5 de marzo junto a su hijo Zoilo, pero no acudió, por lo que lo volvió a citar para este miércoles, a partir de las 11.00 horas, advirtiéndole de que la orden de citación podrá convertirse en orden de detención si no se presentaba.

En un comunicado, Ruiz-Mateos aseguró este martes que no iría a Sevilla a declarar porque “no cree en la Justicia ni en la honorabilidad de los jueces”, por lo que “reitero que no iré a Sevilla a declarar, así me ajusticien en plaza pública o me lleven a la picota del descrédito y la trampa permanente”. “Haga lo que haga, me quedo en esta casa que no es mía esperando que me detengan, lo único que puedo aguardar en este maravilloso país tomado por sinvergüenzas de la política, la banca y la judicatura”, aseveró.

Zoilo, para quien la acusación que ejerce la Junta pidió una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros, sí compareció el pasado miércoles ante la juez y aseguró que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, pues “todo lo llevaba” su padre.

La juez Alaya imputa tanto a José María Ruiz-Mateos como a su hijo Zoilo la consecución de los ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) y de empresas del grupo como Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, lo que fue posible “a través del tráfico de influencias ejercido” por ambos y por Juan Lanzas, “a quien se le pagaría como ‘conseguidor’ ante la Administración autonómica a razón de 600.000 euros por ERE”.

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y a uno de sus hijos, Zoilo, en relación al ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), según ha trascendido este lunes a través de diferentes medios de comunicación. De hecho, la propia Alaya ha notificado este lunes la resolución de las imputaciones y los cita a ambos a declarar el 5 de marzo.

Cabe recordar que en esta misma causa ya se encuentran imputados otros dos hijos del empresario, concretamente Pablo y Javier. Estos últimos declararon la semana pasada y aseguraron que no intervinieron directamente en el ERE del hotel Cervantes ni hicieron pagos en metálico y en dinero B al ‘conseguidor’ Juan Lanzas. La juez les imputa un delito de malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros a cada uno. Esa cantidad se corresponde a lo que aportó la Junta de Andalucía (6,4 millones) para el Expediente de Regulación de Empleo del hotel en cuestión, más el tercio legal previsto en estos casos.

En el ERE de este establecimiento, que era propiedad del grupo Rumasa, se habrían colado dos intrusos. El Gobierno andaluz se adhirió a la petición de fianza de la fiscalía.