Francisco Javier García Jiménez, de 38 años de edad, perdió la vida el 29 de enero de 2008 como consecuencia de un desgraciado accidente laboral. El joven acabó electrocutado mientras prestaba sus servicios como monitor de electricidad en una escuela taller de Bornos, y por ese hecho será juzgada la por aquel entonces directora del centro, Encarnación R. M., por dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. El suceso ocurrió el citado día a las 14.00 horas, como consta en la calificación del fiscal, donde se explica que la escuela estaba siendo sometida a un proyecto de rehabilitación y puesta en funcionamiento, con el fin de destinarla a centro cultural y juvenil de la localidad. En ese momento en concreto, la víctima se encontraba con un grupo de alumnos montando un cuadro eléctrico auxiliar, en  una planta alta del edificio carente de corriente eléctrica.

Para llevar a cabo esta tarea, el monitor aprovechó una línea existente que llevaba corriente al cuadro auxiliar situado en el patio trasero del inmueble. Cuando estaba manipulando el cuadro general, pidió a los alumnos que pelaran los cables y luego procedió a realizar un empalme, momento en el que se restableció el suministro eléctrico (que había estado cortado en el pueblo durante ocho horas) y le pasó la corriente por el cuerpo, ocasionándole la muerte por electrocución. Según el fiscal, lo ocurrido puso de manifiesto las graves deficiencias en materia de seguridad de la obra, ya denunciadas por la Unidad de Promoción y Desarrollo Provincial de Cádiz del SAE, que puso de relieve apenas un mes antes del accidente “la falta de documentos para el cumplimiento del Real Decreto 1627/97 sobre obras en construcción”.

En la misma línea se había pronunciado un técnico de la empresa Unipresalud, contratada como servicio de prevención ajeno en 2007, que había insistido en la necesidad de que todas las líneas y maquinaria debían estar protegidas con interruptor diferencial, algo que no se había cumplido. El fiscal asegura que la procesada, como directora de la escuela y responsable de riesgos laborales, no había dispuesto de las mínimas medidas para garantizar la seguridad e integridad física de los monitores y el alumnado. Para más inri, la obra carecía de dirección facultativa así como de un proyecto de edificación con los requisitos exigidos por la LOE, sin olvidar que el fallecido tenía un título de formación profesional y una cualificación de especialista en baja tensión que no le capacitaban para proyectar y diseñar una instalación eléctrica. Existía, además, un plan de seguridad y salud que nunca fue presentado a la autoridad laboral, careciendo de visado por colegio profesional, y no había contrato alguno de seguro de responsabilidad civil.

DOS AÑOS DE CÁRCEL E INDEMNIZACIÓN

Por todo ello, el Ministerio solicita para la acusada un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por el que pide un año de prisión y una multa de ocho meses a razón de 12 euros diarios, y otro de homicidio por imprudencia grave, con un año de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, fija la indemnización a la viuda de la víctima en 155.085 euros y a su madre en 12.923 euros. De igual modo, señala la responsabilidad civil subsidiaria de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, como empresa promotora y constructora de la obra. En cuanto a la acusación particular, ejercida por Manuel Hortas, pide las mismas penas que la Fiscalía, si bien eleva a 180.00 euros la indemnización para la viuda y a 25.000 la correspondiente a la madre de Francisco Javier, añadiendo 15.000 euros para cada uno de sus cuatro hermanos.