La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, quiere denunciar públicamente el traslado en condiciones precarias de causas con preso y piezas de convicción (pruebas de cargo, armas, objetos robados) desde el Servicio Común del Partido Judicial (en la avenida Tomás García Figueras) hasta los juzgados de lo Penal de Jerez, en la avenida Álvaro Domeq.

Desde el pasado mes de diciembre, los funcionarios de Auxilio Judicial de los juzgados de lo Penal trasladan estos delicados expedientes junto a sus piezas de convicción a pie, utilizando, en el mejor de los casos, cuerdas para atar los expedientes y cajas de cartón o bolsas de plástico para las piezas de convicción. Los más de 600 metros que deben recorrer entre ambos edificios transcurren en su mayor parte por zonas abiertas donde es imposible guarecerse. No son pocas las veces que a consecuencia de la lluvia los expedientes se han mojado o han caído al suelo dado el volumen que muchos de estos procedimientos logran alcanzar, haciendo muy complicado su traslado. Incluso, se han dado casos en los los funcionarios han tenido que correr detrás de algún documento mal unido a estos procedimientos que por efecto del viento salieron volando.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Delegación de la Consejería de Justicia que garantice la correcta custodia de esta delicada documentación, así como de estas piezas que en su mayor parte son pruebas de cargo y objetos de las que depende que un encausado pueda ser o no condenado, incluyendo penas de prisión. La Central Sindical solicita a la Administración que pongan los medios necesarios para realizar esta tarea, asegurando la integridad de lo trasladado.

Del mismo modo, CSIF lamenta que la Secretaría General Provincial de Justicia no considere este problema, que puede llegar a afectar el buen enjuiciamiento de los ciudadanos, merecedor de una ridícula inversión de unos 10 € mensuales que supondría darle solución, ya que según manifiestan sus responsables, no pueden hacer frente a este nimio gasto.

Recuerda CSIF que el titular de la Delegación de Gobierno ha celebrado no pocas veces en prensa la gestión realizada por su equipo de Gobierno en cuanto al ahorro llevado a cabo en la Administración de Justicia de la provincia, superando entre renegociación del alquiler de algunas sedes judiciales y limitando el servicio de paquetería urgente, la cantidad de un millón de euros, pero al parecer los ciudadanos no se merecen que sus expedientes no sufran daño o deterioro alguno por unos pírricos diez euros, que es lo que costaría el traslado, dos veces por semana, en taxi, de dichos importantes documentos y expedientes.

CSIF propuso en su momento a la Delegación de Justicia que el taxi que diariamente tiene a su disposición el órgano responsable de los actos de comunicación y que también ostenta las funciones de reparto en el partido judicial y de donde parten estos expedientes, fuese utilizado durante cinco minutos por el personal encargado de estos traslados. Sin embargo, la Delegación se ha negado a incrementar el gasto en rotundo.

Hace dos meses los secretarios judiciales afectados de los juzgados de lo Penal de Jerez realizaron esta misma petición por escrito a la Junta de Andalucía, donde ponían en conocimiento de la Administración esta preocupante situación, obteniendo la callada por respuesta.

Tampoco alcanza a entender CSIF que no se haya llegado a un acuerdo entre los secretarios judiciales de los juzgados afectados, responsables finales del depósito y custodia de lo trasladado, y la Secretaría Judicial responsable del servicio encargado del reparto de asuntos y al que se le autoriza diariamente el servicio de taxi, para la cesión del mismo dos veces en semana, como anteriormente venía realizando personal laboral de la Delegación con coche oficial.

CSIF denunciará este asunto ante el comité de salud laboral y la inspección de trabajo, ya que las funciones de carga de bultos pesados y voluminosos en el exterior no se encuentran entre las propias de los funcionarios de Auxilio Judicial, aspecto éste que se ve agravado en la actualidad, ya que dos de estas funcionarias se encuentran ahora mismo en avanzado estado de gestación sin que por ello hayan dejado de recibir orden expresa de los Secretarios Judiciales para la realización de estas tareas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, alerta públicamente de los perjuicios que está ocasionando la falta de personal en los diferentes centros de salud de Jerez, “debido a las políticas de ahorro puestas en marcha por la dirección del Área de Gestión Sanitaria (AGS) Norte de Cádiz”. CSIF, sumándose a las quejas que plantearon recientemente los profesionales en asamblea, entiende que “la situación es insostenible para un servicio esencial para la población y que no es nada positivo el que la Consejería de Salud de la Junta haya premiado esta gerencia de Área Sanitaria por ser la más ahorradora de toda Andalucía”.

La no cobertura de bajas, vacaciones y jubilaciones del personal está ocasionando retrasos en las citas médicas de hasta cinco días en algunos centros de salud. Asimismo, “las consultas están tan masificadas que resulta imposible atender con todas las garantías a los usuarios”. También se denuncia la medida, “totalmente irregular”, de obligar a la plantilla de los centros de salud a trabajar en los servicios de urgencias. En cuanto a las emergencias, “ocurre que la falta de personal, en ciertas ocasiones, lleva a tirar de un médico y un enfermero que están atendiendo su consulta programada, debiendo abandonar a los pacientes para ir a atender una urgencia”. CSIF recuerda que para este tipo de actuaciones ya están los dispositivos del 061 y DCCU.

A todo esto hay que añadir el estado de los materiales, muchos en malas condiciones para su uso, por su desuso y falta de reparación.

Concretamente, el SAS pretende cerrar hasta 186 camas en el hospital Puerta del Mar, 150 camas en Puerto Real, unas 100 camas en el hospital de Jerez, 63 en el Punta de Europa (Algeciras) y 26 en el de La Línea. Esto, sumado a los cierres de los centros de especialidades periféricos, provocará un aumento de carga de trabajo en los hospitales durante los meses de verano, cuando la población de la provincia se multiplica gracias al turismo, con lo que el servicio público quedará bajo mínimos. Tanto los centros periféricos de especialidades de Sanlúcar, Villamartín (dependientes de Jerez), así como el de Vargas Ponce (en Cádiz) van a cerrar durante los meses de verano.

En estas condiciones, CSIF no entiende “cómo el SAS ofrece esta información tan tarde, sin margen de negociación con los sindicatos ni de mejora del servicio, además de que es verdaderamente escasa y sesgada. Y es que el SAS parece que sólo ofrece los datos que le conviene, dando la impresión de contratar más personal, cuando en realidad, lo que va a hacer es contratar en precario y derivar a los trabajadores de los centros periféricos que cierran en verano a los hospitales para cubrir las vacaciones de la plantilla”.

Para CSIF, “es incomprensible que el SAS no aporte toda la información detallada sobre los servicios sanitarios disponibles de la provincia y teme que se puedan producir situaciones críticas en los hospitales”.

Hay que recordar que hace unos días CSIF ya denunció el cierre por las tardes en los meses de verano de la mayoría de centros de salud de la costa gaditana, con lo que la atención sanitaria, tanto de atención primaria, como en los hospitales, se verá gravemente mermada.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha denunciado esta semana la presencia de ratas en la residencia de mayores de La Granja, lo que muestra una vez más la dejadez de la Junta de Andalucía hacia estas instalaciones de su competencia. Delegados de CSIF en el centro alertan sobre el empeoramiento de las condiciones higiénico sanitarias, cuyas consecuencias perjudiciales afectan tanto a la plantilla que ahí trabaja como a los casi 150 residentes.

Según explican a través de un comunicado, “a comienzos de mes, CSIF comunicó a la Dirección del centro la situación, sin que hasta ahora se haya resuelto el problema. Ni siquiera cuando se dio traslado de lo que ocurre en el centro a la Delegación de Igualdad, Salud y Bienestar Social, días más tarde”.

Desde CSIF se recuerda que “la empresa Hyssan, de Sevilla, contratada para el servicio de laboratorio, control de legionella y desratización, cobra por estos servicios unos 6 mil euros anuales”. Sin embargo, salta a la vista que no realiza su trabajo en condiciones aceptables. Según el reglamento de régimen interno del centro, la Dirección tiene la obligación de desratizar y desinfectar al menos una vez al año el centro, pero “según la plantilla no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo en años”.

El personal encargado de tirar la basura tiene verdadero pánico y la Dirección todo lo más que ha hecho es pedirle al personal de servicios domésticos de la residencia que, literalmente, “traten de espantarlas tocando las palmas”. Las ratas salen del contenedor de basuras, en el patio, y también las han visto en las taquillas del vestuario. CSIF denuncia que se han detectado ratas en otras ocasiones, pero esta vez comienza a ser desbordante.

Al mismo tiempo, CSIF recuerda que “existe un informe de la Inspección de Sanidad en el que se reflejan las múltiples deficiencias que presentan tanto el centro como la empresa Hyssan en relación a la prevención y control de legionella”. Ante esto, CSIF ha advertido que “tomará las medidas oportunas si no se resuelve el problema cuanto antes”.