La sentencia por el ‘caso de los Asesores’ ha conmocionado a la ciudad entera, después de que se haya hecho público que el exalcalde Pedro Pacheco ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, además de ocho de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. En su fallo, la magistrada titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial condena también a los otros dos procesados, José López y Manuel Cobacho, a dos años y medio y dos años y tres meses de cárcel, respectivamente, además de inhabilitación de cuatro años y tres meses para el primero y de cuatro años para el segundo de ellos.

Lo primero que hace la jueza en la sentencia, a la que REPORTEROS JEREZ ha tenido acceso, es contextualizar los hechos delictivos en el periodo en el que Pilar Sánchez era alcaldesa, concretamente en enero de 2005 cuando comenzó su mandato y el pleno de la corporación municipal como una atribución “indelegable” aprobó el número, características y retribuciones del personal eventual de confianza. En virtud de ello se procedió a la designación de los asesores, correspondiendo dos al grupo del PSA cuyos nombramientos recayeron en Miriam Fernández y Juan Díaz. La primera cesó a los dos años, y su puesto fue ocupado por Julio Román. De esta forma, los asesores relativos al partido de Pacheco ya estaban totalmente designados.

En marzo de 2005, el exalcalde pasó a ostentar el cargo de presidente en la sociedad Speed Festival y fue allí donde contrató como asesor político a su compañero de partido José López, “aprovechando su cargo para lucrarse con dinero del erario público, al no haber sido designado por el grupo político mencionado”. En virtud de ello, y “sin cumplimiento de trámite, expediente o requisito alguno”, Pacheco dio órdenes de transferencias bancarias según facturas a favor de López “que no reflejaban realidad alguna, por trabajos no efectuados ni encargados por Speed Festival”. El montante total de las mismas ascendió a 32.407,31 euros, con cargo al erario público y sin que el consejo de administración de la sociedad tuviera nunca conocimiento de la contratación.

Este mismo caso se repitió en noviembre de 2005 en la empresa municipal de suelo (Emusujesa), en la que el líder del PSA ostentaba el cargo de vicepresidente y como tal suscribió un contrato nuevamente con López sin trámite alguno “para dar apariencia de legalidad a la recepción ilícita de dinero público” por parte de su colega. En el marco de Emusujesa fueron 74.580,12 euros los que el último se desembolsó “sin haber efectuado actividad o prestación que lo justifique”. Este modus operandi se volvió a copiar dentro de la misma sociedad pero con Manuel Cobacho como beneficiario, gracias a lo que llegó a ganar casi 100.000 euros (99.846,23). Un dinero público “recibido a cambio de no efectuar, tal y como habían acordado, ejecución de obra o servicio alguno”.

Por los hechos relatados, el tribunal considera a Pacheco autor de un delito continuado de prevaricación en concurso con otro continuado de malversación de caudales públicos, mientras que a López y Cobacho los condena por cooperadores necesarios de los mismos delitos. La jueza, sin embargo, absuelve a todos ellos del delito de falsedad documental que también les imputaba la Fiscalía. Además de las penas mencionadas, entre los tres deberán afrontar indemnizaciones a las sociedades municipales afectadas que rondan los 200.000 euros.

El abogado del Ayuntamiento personado en la causa como acusación particular, Juan Pedro Cosano, ha mostrado su satisfacción ante el fallo judicial que se corresponde con las penas que él mismo había solicitado durante la vista (cabe recordar que el letrado solicitó cuatro años y medio de cárcel para Pacheco, mientras que el fiscal pidió seis). Cosano ha querido matizar, no obstante, que se encuentra satisfecho “solo a nivel profesional, pues yo no quiero particularmente que entre nadie en la cárcel”.