La Guardia Civil de Cádiz, junto con la Inspección de Trabajo, ha desarrollado una operación policial contra establecimientos de reparación de vehículos a motor ubicados en la provincia, realizando 38 inspecciones y tramitando 154 denuncias por infracciones en materia de  actividades industriales, residuos peligrosos, trabajo y seguridad social.

Las actuaciones, realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), tuvieron lugar el pasado martes día 11 de junio, como respuesta a la preocupación existente entre las empresas dedicadas a la reparación de vehículos a motor, por la competencia desleal que ocasionan los talleres que de manera ilegal y en ocasiones hasta en la clandestinidad, se dedican a la reparación de vehículos, contraviniendo lo dispuesto por la legislación vigente tanto en materia de trabajo, como de industria y de medio ambiente.

El operativo desarrollado se realizó teniendo como principales objetivos la localización de los talleres ilegales y la identificación de sus responsables, denunciar las infracciones observadas y sobre todo, concienciar de los efectos negativos de este tipo de conductas.

Los agentes pusieron especial énfasis en el tratamiento dado a residuos tales como aceites usados, baterías, neumáticos, diferentes líquidos, etc., que en la mayoría de las ocasiones están considerados como peligrosos, supervisando los libros-registro de los residuos que genera un taller, donde se recoge la obligación de entregarlos a un gestor autorizado, garantizándose así que el tratamiento de dichos residuos continúe hasta su eliminación o reciclado en una planta autorizada.

En muchos de los talleres inspeccionados, sobre todo en los ilegales, no se realizaban la gestión de los residuos que generan los talleres y en ocasiones eran vertidos de forma incontrolada al medioambiente, todo ello con el fin de aumentar el margen de beneficios.

DEFICIENCIAS

Los guardias civiles detectaron graves deficiencias respecto a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, representando los talleres ilegales una competencia desleal para los autorizados, los cuales están obligados a tomar medidas encaminadas a la protección de los trabajadores y del medio ambiente. Por el contrario, los talleres ilegales pueden reducir costes en materia de riesgos laborales, careciendo de cargas impositivas al defraudar a la seguridad social, no dando de alta ni a la actividad ni a los empleados.

En cuanto a los consumidores y usuarios, la nula garantía de las reparaciones que realizan, no sujetas a ningún arbitrio y sin posibilidad de reclamación, suponen un fraude para los mismos,  así como el riesgo para la seguridad de los vehículos y la propia integridad física de conductores y ocupantes; ante reparaciones efectuadas por personal, en ocasiones, sin ninguna cualificación profesional y empleando materiales y piezas de dudosa calidad.

Durante el operativo se detectaron 154 infracciones y se identificaron a 84 trabajadores para posterior comprobación de que poseen contrato laboral y están dados de alta en la Seguridad Social. Las actas de infracción han sido remitidas a las autoridades competentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Medio Ambiente, Industria y Seguridad Social.