Así lo han confirmado a Reporteros Jerez fuentes del caso, explicando que el recurso de la Fiscalía podría estar cimentado en el siguiente párrafo de la sentencia: “Si bien es cierto que los contratos suscritos no han respondido a la realidad y que cabría penalizar por falsedad ideológica, en cuanto que son un artificio, inexistentes y nulos… dada la prevaricación, que ha consistido en realizar unas contrataciones sin que respondan a lo concertado con el fin de obtener una ganancia del erario público, se considera que no cabe penalizar doblemente los mismos hechos”. Es decir, la magistrada aún reconociendo que existió falsedad en documento, lo engloba todo en el delito de prevaricación y no estima conveniente penarlo por separado.

En el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiera finalmente el recurso que interpondrá la Fiscalía la condena se ampliaría para los tres procesados, y en el caso concreto del exalcalde podría alcanzar los seis años de prisión, que fue lo solicitado por el Ministerio durante el juicio. Si por el contrario admitiese a trámite el recurso de la defensa, es posible que Pacheco consiguiera la absolución por haber realizado unos contratos que, como él sigue manteniendo, “se acogieron a la legalidad y estuvieron amparados por un pacto político”.

El juicio por el ‘caso de los Asesores’ contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho ha quedado visto para sentencia después de una última sesión extensa en la que cada parte ha expuesto sus conclusiones y alegato final. Llamativa aunque esperada ha sido ha sido la reducción de penas solicitada por la Fiscalía, que ha pasado de pedir 17,8 años de cárcel y 28 de inhabilitación para el exalcalde, a 6 y 10 respectivamente. En lo que se refiere a los otros dos procesados, ha fijado su petición en 4,5 años de cárcel para ambos y 8 de inhabilitación para López y 7 para Cobacho. Los delitos imputados, no obstante, siguen siendo los mismos: presunta prevaricación, malversación y falsedad documental, con la salvedad de que se han sustituido los tres de cada tipo atribuidos a Pacheco y los dos a López por uno solo pero continuado. La fiscal Anticorrupción, Virginia Alonso, ha protagonizado un dilatado discurso centrado en la presunta impunidad con la que los acusados, especialmente el líder de Foro Ciudadano, hacían y deshacían como creían conveniente dentro del ámbito municipal.

“Ante la evidencia de que López y Cobacho no habían sido designados como asesores por el pleno, acordaron aprovecharse de la condición de vicepresidente de Speed Festival y Emusujesa de Pacheco para ganar dinero con cargo al erario público... Nadie puede hacer lo que le dé la gana en el ámbito de lo público”. En este sentido, Alonso incidió en que el pleno era el único legitimado para llevar a cabo el nombramiento de asesores, fijando un número concreto de éstos que ya había sido ocupado por otras personas con anterioridad a la contratación de los dos colaboradores de Pacheco. En cuanto a los contratos en sí, recordó que en uno de los casos solo fue verbal, algo que “está prohibido en la administracion”, sin olvidar que ninguno de ellos se atuvo a los requisitos de concurrencia y publicidad “que son vinculantes siempre, cuando se trata de brazos ejecutores de la administración local”.

Igualmente mencionó la peculiaridad de que no tuvieran una fecha de expiración, dado que se trataba en teoría de trabajos de asesoramiento concretos, destacando las cantidades astronómicas que se pagaron (32.407, 74.580 y 99.856 euros en cada contrato) por una labor que nunca quedó acreditada. “No sabemos qué se hizo, ni los presupuestos ni qué costaba nada”, sentenció. Tras su alocución llegó el turno de Juan Pedro Cosano, abogado del Ayuntamiento como acusación particular, que detalló la reducción de penas solicitada que ya había anunciado el día anterior pasando de 18 a 4,5 años de cárcel para Pacheco y 8 de inhabilitación; 2 años y 3 meses de prisión para López y Cobacho y 5 años de inhabilitación también para los dos. En lo que respecta a sus conclusiones, tras alabar el informe de la fiscal y adherirse al mismo, hizo hincapié en la ilegitimidad de los contratos, asegurando incluso que “aunque hubieran sido legales, se habría prevaricado ante la evidencia de no cumplirlos”.

IMPUNIDAD Y ALEJAMIENTO DEL MARCO LEGAL

“Los contratos fueron contrarios al interés público, no idóneos y carentes de objeto. Su única causa fue el enriquecimiento de los adjudicatarios”. Asimismo, resaltó que su celebración se produjo dejando a un lado los requisito legales “en un claro desprecio a los intereses generales”, puesto que no solo se pasó por el alto el nombramiento del pleno sino también los consejos de administración de las empresas, a las que había que haber dado traslado de las contrataciones. “Durante años ha habido en Jerez mucha sensación de impunidad que tiene que acabar”, concluyó, al tiempo que ironizó sobre las reuniones de trabajo “celebradas en los bares” de las que algunos testigos habían hablado. Felipe Meléndez, letrado de Pacheco, fue el tercero en exponer su informe final incidiendo como es lógico en la libre absolución de sus representados, al igual que los abogados de López y Cobacho.

Lo primero que hizo la defensa del exalcalde fue establecer el evidente paralelismo con el ‘caso de los Asesores’ en el que está imputada la exalcaldesa, Pilar Sánchez, declarando no comprender la actuación de la Fiscalía, que en este último procedimiento ha pedido el archivo de actuaciones contra la antigua edil. Del mismo modo criticó el hecho de que Alonso haya reducido la petición notablemente a mitad de juicio, cuando las razones esgrimidas “ya existían durante la calificación”. En cualquier caso, el letrado centró su discurso en la legitimidad otorgada a Pacheco para nombrar asesores en virtud del documento de desarrollo del acuerdo plenario presentado ayer, insistiendo en la libertad o discrecionalidad de contenido que caracteriza el contrato de un asesor. “Se pueden haber equivocado en las formas del contrato pero no en el contenido, igual que ocurre con los asesores de la señora Sánchez”. 

Aquí radica precisamente el quid de la cuestión planteada por Meléndez, que va en la línea de lo declarado por el catedrático Rivero cuando ayer afirmaba que “se pudo incurrir en irregularidades pero no se contravino una sola norma”. “Estamos en todo caso ante unas infracciones administrativas -apuntó el abogado-… Si la materialización del contrato no es conforme a la legislación, habrá que preguntárselo a quien lo redactó. Se está criminalizando algo que debería haber ido a otro orden jurisdiccional”. Así, insinuó (aportando un cierto matiz cómico en su parrafada final) que todo se debía a una clara intención con tintes políticos: “Todo esto me recuerda a la canción de Lola Flores titulada cómo me las maravillaría yo… En este caso, cómo me las maravillaría para condenar a Pacheco”.

La sesión más tediosa hasta el momento del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha dejado sobre la mesa el vacío existente en cuanto a la contratación, cobro y actividades que realizaban José López y Manuel Cobacho dentro de las sociedades Speed Festival y Emusujesa. Diversos técnicos y personal de estas empresas han comparecido en la vista para corroborar la presencia de ambos en estos organismos y la existencia de reuniones en el marco de su papel como asesores, si bien nadie ha podido concretar qué se gestaba en las mismas, por qué en alguno de los casos no existía un contrato como tal, cuál era la razón para que se cobrara por estos trabajos antes de facturar o por qué no hay documentación que acredite ninguna labor al respecto. Uno de los testimonios más llamativos ha sido el de Antonio Fernández Vera, secretario del consejo de administración de Speed Festival, que ha sembrado la duda en torno a ciertos aspectos legales relacionados con la gestión de la empresa y ha señalado con un dedo casi ‘acusador’ a la exalcaldesa, Pilar Sánchez, y presidenta de ambas sociedades por aquel entonces.

“Speed Festival estaba sujeto a otra legislación, por lo que no hacían falta los requisitos de concurrencia ni publicidad a la hora de contratar”, ha justificado el antiguo secretario y colaborador cercano a Pacheco, reconociendo que algunos nombramientos no estaban sujetos a los acuerdos del consejo de administración por lo que nunca se llegó a levantar acta sobre ellos. Un punto que fue del todo rebatido por el abogado de la acusación particular, Juan Pedro Cosano, quien aseguró que “por Ley, en las sociedades mercantiles en las que participa una administración pública en al menos el 50% regirán los principios de publicidad y concurrencia”. Pero lo más destacado del testimonio de Fernández fueron sus alusiones directas a Pilar Sánchez, afirmando que durante el pacto “había una vigilancia recíproca sobre la actividad de cada parte”. “Entiendo francamente improbable, por no decir imposible, que la presidenta de la sociedad no estuviera al tanto de quién trabajaba allí ni lo que hacía. Ella despachaba continuamente con el gerente, y no tiene sentido que no tuviera conocimiento de nada”.

Otra de las comparecencias más esperadas fue la del miembro de la ejecutiva socialista Luis de Flor, que en su calidad  de coordinador de Servicios Turísticos entre 2005 y 2007 certificó una serie de reuniones de trabajo mantenidas con López como asesor de Speed Festival, con el fin de abordar la “planificación y la promoción turística” del parque de ocio. Sin embargo, a preguntas de Cosano Flor reconoció que todos estos encuentros se realizaron “en bares” y sin que se realizara informe alguno por escrito sobre ello. En la misma línea se expresó Antonio Junquera, antiguo director de Jerez Centro Comercial, que declaró haberse reunido a menudo con López como asesor de Emusujesa aunque no supo concretar su contenido.

VIAJES Y ENCUENTROS

En cuanto al resto de testigos, la primera en subir al estrado fue la secretaria de Pacheco y estrecha colaboradora Mari Paz Cañero, que al igual que otra secretaria y el jefe de ordenanzas de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo corroboró la presencia “continua” de los dos asesores en la GMU así como el mantenimiento de diversas reuniones con el entonces delegado. Unas reuniones de las que, una vez más, no se llevaron a cabo informes, actas o documentos de los que se desprenda su contenido. Cañero confirmó incluso que estas labores de asesoramiento requirieron de viajes fuera de Jerez, aunque declaró “no saber” quién pagaba esos desplazamientos. Igual de ‘desconocedora’ se mostró la secretara del gerente de Speed Festival, Julia Simo, que explicó que ella se limitaba a “preparar las órdenes de pago”, sin saber cómo es que muchas de las transferencias a López se produjeron antes de que se emitieran las facturas.

A preguntas de la fiscal, lo primero que hizo Sánchez fue referirse a cómo se dio curso a estos contratos (dos de ellos en 2005 y un tercero en 2007), insistiendo en que según resolución de pleno del 18 de enero de 2005, tanto el número de asesores como sus retribuciones y nombramientos debían pasar por este órgano. Con posterioridad y siempre según la testigo, nunca se llevó a cabo resolución o acuerdo alguno que modificara el inicial, por lo que ninguna persona u órgano fuera del pleno estaba legitimado para este tipo de contrataciones. “Cuando se cesó a Pacheco en 2007 -contó Sánchez- se me pasaron a Alcaldía órdenes de transferencias bancarias a nombre de José López. Detectamos un documento extraño, indagamos y vimos con absoluta claridad que eran pagos sin contraprestación ni expediente de contratación, por lo que lo pusimos en manos de nuestra asesoría jurídica”. Según su relato, varios técnicos fueron interrogados a este respecto, “y ninguno dio respuesta ni supo decir qué servicio estaba prestando López”.

Otro de los requisitos que presuntamente tampoco se cumplieron fue el de informar de las contrataciones a los consejos de administración de las empresas, que según Sánchez desconocían cualquier tipo de movimiento al respecto, así como de publicarlas convenientemente en el Boletín Oficial de la Provincia. Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, intentó desviar la atención poniendo el acento en los asesores municipales que había contratado Sánchez en su calidad de alcaldesa, algo que la jueza recordó que está siendo instruido en otra causa y por lo tanto no tenía lugar en ésta, e incluso equiparó la contratación del exdirector de Onda Jerez, Pedro Rollán, con las ahora juzgadas. “Hay cosas que no recuerdo, pero lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que cualquier contrato que yo hice tuvo su tramitación adecuada -recalcó la exedil-. Mis asesores iban a su puesto de trabajo todos los días y actuaban conforme a lo que dice la Ley”. 

EJECUTAR ÓRDENES SIN CUESTIONAR

En lo que respecta al resto de los testigos, el gerente de Emusujesa, Miguel Ballesteros, fue el primero en declarar para ratificar que él recibió la orden de Pacheco de contratar a López y Cobacho y que no se planteó si se pudiera incurrir con ello en alguna irregularidad. “Mis funciones son ejecutar y no me corresponde cuestionar lo que se me está pidiendo”, subrayó. A preguntas de Juan Pedro Cosano, letrado del Ayuntamiento, reconoció que la contratación no cumplió con los requisitos de publicidad ni concurrencia ni en general con “las normas” que se deberían haber tenido en cuenta, en la misma línea del gerente siguiente de la citada sociedad, José Agüera, que sentenció que “la contratación de asesores es un mundo abierto”. En este sentido, ninguno de los interrogados supo responder a cómo pudieron darse órdenes de transferencia con anterioridad a la emisión de facturas a López, o por qué siguió cobrando como asesor de Pacheco a pesar de que éste acababa de ser cesado.

Dos de los técnicos interrogados con posterioridad reconocieron que, a instancias de Pilar Sánchez, realizaron un informe en el que se aludía a estas presuntas irregularidades en las contrataciones a pesar de que en algunos casos no tenían conocimiento al respecto. “No nos amenazaron para realizar el informe, pero desde luego no fue voluntario”, apostilló uno de ellos. Cayetano Gómez, gerente de Speed Festival por aquella época, declaró que más que existir un contrato para López lo que hubo fue “una carta, porque algo tenía que constar por escrito”, confesando que tampoco en esta ocasión se respetaron los principios de publicidad y concurrencia. Un cargo del que al final el que fuera mano derecha de Pacheco acabó cesado “verbalmente”, como también confirmó Agüera.

Después de todo este rosario de declaraciones, la vista continuará este miércoles con nuevas y esperadas comparecencias como la de la secretaria del exalcalde, Mari Paz Cañero.

Más de cinco horas de juicio dan para mucho, máxime si en el banquillo se sienta uno de los políticos más carismáticos y polémicos de esta ciudad. La primera sesión de la vista contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho en el marco del ‘caso de los Asesores’ ha dejado frases para la posteridad que reflejan no solo la personalidad de los procesados, sino también dejan entrever cómo se hacían las cosas en el Ayuntamiento por aquellos años. La declaración del líder de Foro Ciudadano ha sido la última de la jornada pero la más esperada, y se puede resumir básicamente en que él tomaba una serie de decisiones “porque estaba legitimado” para ello, y a partir de ahí cualquier otra cuestión relativa a la gestión o pura “burocracia” se escapaba a su conocimiento. En respuesta a un corto y más bien descafeinado interrogatorio de la Fiscalía, Pacheco se ha explayado sobre el modo de contratación de los dos asesores puesto en tela de juicio, explicando que si bien es cierto que en general el pleno es el único órgano apto para nombrar y determinar el número de eventuales de confianza (asesores), en determinadas circunstancias ese acuerdo inicial puede dar lugar a otros posteriores que lo modifiquen. 

“Tras dos años de intenso gobierno -en referencia al periodo de vigencia del pacto PP-PSA-, por acuerdo de ambos portavoces se decidió ampliar el número de asesores y ese tipo de modificaciones no tiene por qué ir a pleno, ni tampoco estos contratos porque no formaban parte del presupuesto del Ayuntamiento sino de empresas municipales”. En esto fue en lo que presuntamente se amparó el que era entonces vicepresidente de Speed Festival (parque de ocio) y Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo), para contratar a López como asesor de la primera de marzo a septiembre de 2005 y de la segunda de octubre a noviembre del mismo año, y a Cobacho en Emusujesa de febrero de 2005 a abril de 2007. Una vez ‘aclarado’ el origen de esta operación política, Pacheco ha profundizado en cada una de las tres contrataciones reconociendo que desconoce si hubo o no contratos firmados ni cómo se llevó a cabo la facturación. “Yo llamé al gerente de Speed Festival y le dije que quería que se incorporara López con el mismo sueldo que estaba percibiendo ya en el Ayuntamiento (como asesor de Presidencia) y él lo entendió y lo llevó a cabo. No sé qué más hizo, porque yo nunca entro del gerente para abajo en las empresas”. 

Éste ha sido uno de los puntos fuertes del juicio, ya que José López durante su declaración reconoció que solo existía “un contrato verbal” entre las partes, sin que tampoco haya habido ningún tipo de soporte documental que acredite la actividad que desarrolló en la sociedad. Pacheco, no obstante, ha querido resaltar que los consejos de administración de las empresas “estaban al día de todo, y alegar ignorancia es una maldad por parte de quien lo alegue”, a pesar de que no exista constancia alguna de ello. Lo más jugoso de la vista se ha producido durante la intervención de Juan Pedro Cosano, personado como acusación particular en representación del Ayuntamiento, que ha mantenido una continua disputa dialéctica con el líder de Foro, que no ha perdido ocasión por su parte en hacer alusiones personales y de filiación política acerca del letrado.

Éste ha mantenido el envite insistiendo en la presunta irregularidad de los nombramientos ya que solo estaba legitimado para ello el pleno, y aludiendo a que López cobraba retribuciones por encima de lo consignado a las sociedades y “con cargo al erario público”. En este sentido, el exalcalde ha vuelto a su argumento inicial insinuando que “igual el gerente tiró de otras partidas”, al tiempo que ha sentenciado que “un ejecutivo no va a entrar en esas minucias” en respuesta a por qué el mencionado asesor cobraba sus 4.600 euros más IVA al mes antes incluso de que se emitieran las correspondientes facturas. En lo que respecta a los trabajos que según el fiscal y la acusación nunca llegaron a realizarse en el marco de estos contratos, Pacheco ha puntualizado que “más que a las sociedades, a quien prestaron trabajos fue a mí”.

INCOMPATIBILIDADES Y ESCASO PERFIL TÉCNICO

Previamente a esta declaración tuvo lugar la de José López, que tras reconocer que con Speed Festival solo le vinculaba un contrato “verbal” explicó que prefirió que le abonaran su salario en facturas para seguir cotizando como autónomo, como lo había hecho hasta el momento. “No sé si el pleno aprobó el nombramiento, yo solo sé que me llamó Pacheco para que le asesorara en el tema del parque de ocio”. Más tarde, fue contratado a su vez por Emusujesa para “proyectos urbanísticos y promoción inmobiliaria”, sin que no figuren documentos que acrediten su actividad. Con respecto a este testimonio, el abogado del Ayuntamiento sembró la duda sobre la presunta incompatibilidad de funciones del asesor, que durante ese tiempo también ejercía como administrador único de una constructora. Él, no obstante, reiteró que esta actividad privada no influía en su función pública, aunque ésta como reconocería Pacheco más tarde “requería una dedicación exclusiva”. Cosano también intentó echar por tierra el perfil técnico de López y sus aptitudes para asesoramientos de esta envergadura, a lo que el otro matizó que era un asesor político y no técnico, “sin ninguna titulación académica pero sí con muchos cursos y experiencia en urbanismo”. 

Manuel Cobacho, por último, confirmó que había suscrito un acuerdo con Emusujesa pero “no sabía quién lo firmó” porque él tampoco “entraba en formalidades” y solo se dedicaba a “la asesoría relacionada con el suelo de Jerez”. En este sentido, aseguró haberse reunido con multitud de empresas y haber realizado numerosas gestiones de las que según la fiscal no existe documento alguno. Tras la sesión, el abogado de Pacheco, Felipe Meléndez, compareció ante los medios y mostró su esperanza de que su representado acabe absuelto argumentando que “hay un vacío legal en torno a la figura del asesor, y en el fondo solo se discuten cuestiones técnicas”. Cosano, sin embargo, hizo referencia a claros indicios “de delito”, concluyendo con que “Pacheco lo que hizo fue meter por la galera a dos amigos suyos para que vivieran del erario público, y esto acabará con la sensación de impunidad que ha reinado en la ciudad durante 30 años”.

Uno de los casos de presunta corrupción política más mediáticos escribe a partir de este lunes su capítulo más importante con el inicio de un juicio en el que se sentará en el banquillo Pedro Pacheco, acompañado de José López y Manuel Cobacho. El conocido como ‘caso de los Asesores’ salió a la luz en 2009, a raíz de una denuncia interpuesta por la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por unas presuntas contrataciones’a dedo’ realizadas por su antecesor en el cargo, a favor de los otros dos imputados en la causa. Tras varios años de instrucción, la Sección Octava de la Audiencia provincial acoge la primera sesión de la vista, en la que el líder de Foro Ciudadano se enfrenta a 17 años y 8 meses de cárcel por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. 

Los hechos se remontan al año 2005, como consta en la calificación del fiscal, a la que Reporteros Jerez ha tenido acceso, y en la que se detalla cómo Pacheco emitió presuntamente facturas a favor de López por un trabajo que éste nunca llegó a realizar. En concreto, el fiscal asegura que el principal procesado se valió de su cargo como presidente de la sociedad Speed Festival y más tarde como vicepresidente, para ordenar transferencias a nombre de su compañero de partido por labores de asesoramiento y comercio para el citado parque de ocio que nunca se llevaron a cabo. “Trabajos no efectuados ni encargados por Speed Festival  y facturas que no reflejaban realidad alguna”, como figura en la calificación, y por los que López llegó a embolsarse presuntamente 32.407,31 euros con cargo al erario público.

En noviembre del mismo año, en su calidad de vicepresidente de Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo) y “sin conocimiento de la presidenta y alcaldesa”, Pacheco suscribió otro contrato de consultoría con la misma persona para asistencia de proyectos urbanísticos y promoción inmobiliaria, sin que supuestamente se efectuara expediente ni trámite alguno y sin que existiera un informe que justificara la abultada cantidad percibida por el receptor, cifrada en 74.580,12 euros. Varios meses antes y haciéndose valer del mismo cargo, el vicepresidente de Emusujesa efectuó un contrato laboral a favor de Manuel Cobacho como asesor a la vicepresidencia y dándole el cargo de jefe de unidad, sin que presuntamente se hubiera realizado un expediente previo y sin cumplimentar ningún tipo de requisito. Por esta operación, el beneficiario recibió 99.846,23 euros y sin embargo no se llevó a cabo obra o servicio alguno, “con el consiguiente perjuicio al erario público”.

Por estos hechos, la Fiscalía imputa a Pacheco tres presuntos delitos de malversación, otros tres de prevaricación y tres más de falsedad documental; a López, dos de malversacion, dos de prevaricación y dos de falsedad y a Cobacho uno de cada uno de los citados. El Ministerio les considera en algunos causos autores directos y en otros cooperadores, y solicita 17,8 años de cárcel para el exalcalde y 28 años de inhabilitación; 8,9 para López y 4,3 para Cobacho, que podrían ser inhabilitados durante 15 y 7 años, respectivamente. Además de ello, el fiscal pide que los dos primeros indemnicen a la sociedad Speed Festival con 32.407,31 euros y a Emusujesa con 74.580,12, que se supone que fueron las cantidades desviadas de manera ilícita, más otros 99.846,23 euros para esta última, a cargo de Pacheco y Cobacho.