La puesta en libertad del conocido como ‘estafador del seguro’, Carlos Bellido, ha sentado como un jarro de agua fría no solo a las decenas de afectados sino también a la propia Fiscalía, que ha recurrido esta decisión judicial después de que hace apenas unos meses fuera condenado a 8 años de prisión. Así lo ha conocido este medio por fuentes del caso, que han confirmado que junto al citado recurso el Ministerio solicita también que Bellido se presente a diario en los juzgados, en tanto en cuanto el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre si el fallo es firme o no. Como ya publicara Reporteros Jerez, se esperaba que este mes de septiembre Bellido quedara libre tras cumplir cuatro años en prisión provisional, lo que corresponde a la mitad de la pena impuesta y supone por tanto el máximo de tiempo posible que un reo puede permanecer en este régimen.

En la actualidad, disfruta de una libertad condicionada por el pronunciamiento final del Supremo: si el tribunal termina por ratificar la sentencia que en su día fijó la Audiencia Provincial de Jerez, el condenado deberá volver a la cárcel para cumplir lo que le quede de la pena. Si por el contrario admite el recurso interpuesto por la defensa, que consideraba “desproporcionado” el fallo, podría quedar definitivamente libre. Mientras todo ello se dirime, el abogado del condenado, Ángel Durán, ha decidido oponerse a la petición de la Fiscalía de que su cliente pase a diario por los juzgados, ya que le parece “una barbaridad, cuando lo normal es que lo haga los días 1 y 15 como hasta ahora. Así, es imposible para él buscar trabajo”, ha apostillado. Además de ello, el Ministerio también ha solicitado que se le retire el pasaporte para que no pueda viajar al extranjero, algo que según Durán no entra en los planes de su cliente. 

El caso del conocido como ‘el estafador del seguro’ fue de los más sonados en 2009, cuando Carlos Bellido fue detenido y trasladado a prisión acusado de cometer una importante estafa, haciéndose pasar por trabajador de una aseguradora con la que ya no mantenía ninguna relación contractual. La enorme cantidad de perjudicados (82) y del dinero defraudado dio relevancia a un procedimiento que culminó con una condena de 8 años de prisión para él, y una absolución para el que fue juzgado como su presunto colaborador. Además, deberá afrontar en solitario el pago de indemnizaciones que en su totalidad superan los 2 millones de euros.