Los vecinos de la barriada de La Verbena en Arcos de la Frontera vienen sufriendo desde hace años un problema provocado también por la inestabilidad del terreno sobre el que se asientan sus viviendas. En estos momentos se está llevando a cabo la ejecución de la segunda fase de las labores estabilización y consolidación, para las que la Diputación aporta 450.000 euros. La financiación para llevar a cabo este proyecto se completa con un millón y medio de euros con los que contribuye la Junta de Andalucía.

La presidenta de la Diputación ha remarcado durante su visita la colaboración institucional, gracias a la que se va a devolver “la seguridad y la tranquilidad a más de 200 familias” de la barriada de La Verbena “que llevan dos décadas con miedo esperando una solución”.

Las labores financiadas por la Diputación están permitiendo la reurbanización de las calles Regidor, Alcalde Virués González de Segovia y calle Compositor Vicente Gómez Zarzuela. El proyecto que se está ejecutando incluye la dotación de nuevas redes de saneamiento, de alumbrado público, de abastecimiento de agua y electricidad, y consolidación del terreno. Se espera que las tareas finalicen en otoño de este año.

Martínez del Junco ha asegurado que desde el principio del mandato corporativo, el Gobierno provincial tenía claro que había que solucionar “problemas enquistados” en la provincia, “sobre todo si tienen que ver directamente con personas” y el de la barriada de La Verbena en Arcos es uno de ellos, ha recordado. Así que ha expresado su satisfacción por haber llegado al ecuador del mandato con “la última fase de obras de La Verbena en marcha, con fecha de finalización este año y con la certeza de que los vecinos no volverán a pasar miedo”.

 Para la presidenta, el “diálogo, cogobernanza y coordinación entre instituciones” son las claves de la gestión provincial y de hacer política útil desde la Diputación.

 La delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, ha puesto el acento en “la importancia de la cooperación institucional”, que en el caso de esta barriada han protagonizado el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía. Y más allá de eso, ha agradecido “la paciencia de los vecinos” mientras esperan que se solucione su problema habitacional.

El alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, ha recordado que las personas afectadas por los deslizamientos de tierra en La Verbena llevan “veinte años de abandono institucional y era el momento de que se unieran las administraciones públicas para dar carpetazo a esta historia de terror”.

Rodríguez ha explicado que esta actuación contempla tres fases. En estos momentos está a punto de finalizar la segunda y ha confirmado que el Ayuntamiento tiene ya sobre la mesa el proyecto de la última, con lo que “los vecinos pueden tener ya la certidumbre de que van a poder vivir en una urbanización normal, con todos los servicios necesarios”. Por último, el alcalde ha agradecido que la Diputación haya asumido la inversión que hubiera correspondido al Consistorio arcense dentro de esta actuación, “ya que los ayuntamientos carecemos de los recursos para asumir esfuerzos de este calado”.

La barriada de La Verbena fue construida en el año 2004. Pocos años después comenzaron a aparecer los problemas en las edificaciones debido a los deslizamientos del terreno. En 2010 el Ayuntamiento decretó la emergencia de la situación. A lo largo de estas dos décadas, la Diputación ha evidenciado su apoyo de forma constante para resolver el problema. De hecho, en los últimos años ha invertido en torno a un millón de euros en intervenciones en la barriada.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno Provincial, Juancho Ortiz, ha explicado que la desestimación a las alegaciones presentadas -han registrado reclamaciones el Grupo Socialista y los ayuntamientos de El Gastor y San José del Valle- se realiza de acuerdo a un informe técnico elaborado por el Área de Economía y Hacienda, fundamentado a su vez en la normativa sobre haciendas locales.

Ortiz ha expuesto los tres motivos de impugnación que la norma recoge durante esta fase del procedimiento: que su elaboración y aprobación no se haya ajustado a los trámites establecidos en la ley; que se haya omitido el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local; o que los ingresos sean insuficientes en relación a los gastos presupuestados. De acuerdo a los criterios expuestos en el informe técnico- ninguna de las reclamaciones presentadas responde a los preceptos mencionados y exigidos por la ley. “En esta fase el componente es más técnico que político. Las alegaciones que se pueden presentar están muy tasadas. El informe técnico propone rechazarlas ya que no se encuadran en las excepciones recogidas en la Ley de Haciendas Locales”, ha afirmado el vicepresidente.

La portavoz del Grupo Socialista, Ana Carrera, ha lamentado en su intervención que las alegaciones sean desestimadas “sin ni siquiera entrar a debate o intentar llegar a un acuerdo”. Un argumento al que ha respondido Juancho Ortiz haciendo hincapié en que lo que pretende el Grupo Socialista es “plantear un debate político que no corresponde en esta fase, que es de valoración y de respuesta técnica”.

Con los votos a favor de los grupos Popular, La Línea 100×100 e Izquierda Unida y el voto en contra del PSOE, la propuesta de desestimar las alegaciones -tal y como recogía el orden del día- ha salido adelante. Se aprueban así “los presupuestos más altos de la historia de la Diputación, los más sostenibles y los más inversores”, ha defendido la presidenta Almudena Martínez, que se ha basado en el informe técnico para indicar al grupo Socialista que las alegaciones han sido rechazadas “por criterios técnicos, no políticos”. Martínez del Junco ha puesto el acento en que las alegaciones recibidas eran más “propuestas” que “obligaciones” exigibles por ley, su contenido  “imposible” de asumir con el presupuesto previsto y, en algunos casos, “discriminatorio” con el resto del territorio. 

“Se dedica más presupuesto que nunca al Área Social, al empleo y al IEDT”. Por lo tanto, “son presupuestos acordes al desarrollo de la provincia” y lo que es más importante según Martínez del Junco, “son unos presupuestos que atienden a las necesidades de la provincia”.

Una vez aprobado de forma definitiva el proyecto de presupuesto general, el procedimiento culminará con la publicación del documento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

 El presupuesto total de la Diputación recoge para este ejercicio 389,4 millones de euros, resultado de la suma de las diferentes áreas y organismos de la administración provincial. De este montante se destinarán 81,3 millones de euros a inversiones (un 19,6 por ciento más que en el ejercicio anterior) y 64,8 millones a desarrollar políticas sociales. Iniciativas como un Plan Integral de Transición Ecológica, una  Oficina de Grandes Eventos, el Plan de Inversiones en Comarcas de Ámbito Rural y el refuerzo del programa DipuInnova Plus son algunas de las novedades con las que la Diputación encara este año 2025.

Además de la aprobación definitiva de los presupuestos, en el Pleno Extraordinario también han sido desestimadas las reclamaciones presentadas a la aprobación de la modificación de la plantilla de personal de la Diputación.

Hace unos días se conmemoraba el 8º aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esta significativa fecha es la que ha elegido la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) para realizar la entrega de premios de su III Certamen de Reconocimiento del Compromiso Empresarial por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 18 empresas y entidades, entre las que se encuentra Aqualia, gestora de los servicios municipales de agua de 16 localidades gaditanas.

Este certamen reconoce el trabajo realizado por las empresas o entidades que mantienen su compromiso con los ODS, llevando a la práctica actuaciones encaminadas a su cumplimiento. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el presidente de la CEC, Javier Sánchez, han sido los encargados de entregar los premios.

En el caso de Aqualia, ha sido el “Sosteniblómetro” la iniciativa premiada, un barómetro ciudadano de conductas sostenibles que la empresa puso en marcha en 2022. A través de un sencillo test con 10 preguntas rápidas sobre tus hábitos cotidianos, el “Sosteniblómetro” te dirá qué nivel de sostenibilidad implican tus hábitos (necesita mejorar, aceptable, sostenible o súper-sostenible).

A través de esta acción, Aqualia invita a la ciudadanía a reflexionar acerca de la importancia de erradicar ciertos comportamientos cotidianos que no resultan sostenibles. Por el contrario, la campaña invita a adoptar otros comportamientos que impactan positivamente en el Medioambiente y que suponen un ahorro de agua y/o energía y que contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Lola López, jefa de Producción de Aqualia en la delegación de Cádiz, ha sido la encargada de recoger este premio, asegurando que “siempre decimos que nosotros somos “nativos sostenibles”, porque trabajamos con un recurso esencial como es el agua, que gestionamos de la manera más eficiente posible, y creemos que tenemos la responsabilidad de concienciar a las personas para que cada vez sean más sostenibles, no solo en el uso adecuado del agua, sino en un consumo consciente a todos los niveles”.

Empresa certificada por su contribución a los ODS

Aqualia es la primera empresa de gestión del ciclo integral del agua en recibir la certificación de Estrategia de Sostenibilidad y su contribución a los ODS de AENOR, por la incorporación de la sostenibilidad a los principios de la compañía y por alinear las estrategias de la entidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas más relevantes para su actividad.

El cumplimiento de los ODS está alineado con los compromisos plasmados en el Informe de Sostenibilidad 2022 de Aqualia, donde la compañía reconoce su papel a la hora de afrontar, desde un liderazgo fundamentado en los más altos estándares éticos, los retos sociales y medioambientales de la década; y con su ya consolidado Plan Estratégico en Sostenibilidad 2021-2023, que se ha convertido en su hoja de ruta.